La experiencia comparada nos puede aportar
muchos ejemplos de los que podemos aprender y que pueden servir como
inspiración para crear una vía propia de debate y construcción de una nueva
institucionalidad democrática.
07/02/2015
- 18:21h
El
Partido Popular empieza a quedarse solo en su negativa a abrir el debate sobre
la reforma constitucional. El debate reciente gira en torno a si es el momento
apropiado, a si podrían alcanzarse los acuerdos necesarios o, sobre todo, a
cuáles son los contenidos a renovar, incluyendo si deben hacerse reformas muy
parciales o pensar un esqueleto constitucional muy diferente.
Por
el contrario, casi nadie ha explicitado como imagina ese proceso. Quizás hay
unos que imaginan a los Miguel Herrero, Solé Tura y compañía del 2014,
negociando y pactando en secreto en algún Parador. Seguramente otros vislumbran
un amplio debate social reproducido en miles de círculos por todo el país. Pero
la discusión sobre cómo debería desarrollarse ese proceso apenas se ha puesto
encima de la mesa. Y, seguramente, las dos fórmulas que acabamos de
caricaturizar (la que tendrían en su cabeza los defensores del régimen del 78 y
el defendido por los partidarios de crear algo nuevo) sean igual de poco
factibles en el contexto actual.
En
todo caso, la experiencia reciente de otros países nos aporta algunas
ideas y modelos de cómo puede abordarse un proceso de reformas institucionales
(más o menos profundas) que nos permiten enriquecer los imaginarios colectivos
sobre cómo podría desarrollarse un debate de este tipo.
Por
ejemplo, la
experiencia islandesa ha formado parte de las referencias de la izquierda
que imagina un proceso constituyente, con una asamblea encargada de elaborar un
nuevo texto constitucional, elegida directamente por la ciudadanía y sin
presencia directa de los partidos. En su haber, la capacidad de ilusionar, de
elaborar un nuevo texto constitucional innovador y que fue aprobado en
referéndum con una clara mayoría. En su debe, la dificultad de importar el
modelo al caso español (la población de Islandia es comparable a la de dos
distritos de Madrid, sin fueros, nacionalidades históricas, ni cuatro niveles
de gobierno a contemplar, por citar sólo algunos ejemplos). Además, si en un
escenario poco partitocrático como el islandés, los partidos políticos fueron
capaces de terminar paralizando un proceso que había conseguido un nivel de legitimidad
ciudadana considerable, parece muy difícil imaginar que la historia pudiera ser
muy diferente en el caso español.
Otra
fórmula diferente sería la deliberativa, protagonizada por algún tipo de
asamblea ciudadana elegida por sorteo, como las utilizadas para proponer
reformas electorales en Holanda o en Ontario. En estos casos, el
protagonismo recayó exclusivamente en personas elegidas al azar que, tras un
largo proceso de información y deliberación, terminaron proponiendo un nuevo
modelo. Aunque se trate de procesos que han sido muy alabados por la calidad
del debate y por el interés de las propuestas, lo cierto es que ninguna de sus
propuestas ha terminado siendo adoptada, a veces por menosprecio por parte de
los partidos gobernantes y en otros porque la fórmula propuesta no logró apoyos
suficientes en los referéndums que debían aprobar y legitimar el trabajo de
esas instancias deliberativas. Pensando en el caso español, seguramente sea una
fórmula interesante para abordar algún tema concreto (desde el encaje europeo a
la financiación autonómica), aunque difícilmente sirva para construir un nuevo
cuerpo constitucional completo dada la excesiva complejidad de la tarea.
También
podría buscarse inspiración en las islas británicas, donde se han utilizado un
conjunto de fórmulas innovadoras en las últimas décadas. Por ejemplo, el modelo
escocés de principios de los años 90, basado en representantes de
organizaciones de la sociedad civil, que trabajaron conjuntamente con
representantes de los partidos políticos. Aunque probablemente se trate de un
modelo poco adecuado para un país con una sociedad civil organizada
relativamente débil como el nuestro, donde la presencia de estos grupos
añadiría complejidad al proceso sin aportarle mucha mayor legitimación
ciudadana. O, la convención
constitucional irlandesa de los últimos años, que está trabajando con una
fórmula mixta, donde la mayoría de sus miembros son ciudadanos elegidos al azar
como en los ejemplos antes citados, pero combinados con un tercio de
representantes nombrados por los partidos políticos. De nuevo, Irlanda y España
pueden ser muy diferentes y el proceso irlandés aún no ha concluido para poder
hacer una evaluación definitiva del mismo, pero el balance provisional es
prometedor y sugiere que un proceso con protagonismo mixto (con los mecanismos
adecuados para evitar el predominio excesivo de los políticos profesionales en
el mismo) puede combinar y aportar frescura y visiones apartidistas y, a la
vez, lograr un resultado que los partidos no vayan a menospreciar por haber
estado ausentes del mismo.
Podría
ser que ninguno de estos modelos sirviera para el caso español, donde la
plurinacionalidad y el fortísimo componente de desafección ciudadana existente
en estos momentos (hacia los partidos y los políticos en general en todo el
país, hacia la propia idea de un estado español en Cataluña y el País Vasco)
dificultan enormemente cualquier proceso de construcción de nuevos acuerdos.
Pero lo que es seguro es que ninguna de estas dificultades es un buen argumento
para negar la creciente demanda social de cambios institucionales profundos. La
experiencia comparada, aunque no incluya ningún modelo perfecto fácilmente
imitable, nos puede aportar muchos ejemplos de los que podemos aprender y que
pueden servir cómo inspiración para crear una vía propia de debate y
construcción de una nueva institucionalidad democrática, adaptada a los retos y
demandas de la sociedad actual.
Porque
el contenido de esa reforma constitucional importa, pero que el proceso a
través del cual se realice la misma sea percibido como lo suficiente incluyente
y permeable a la voz de la ciudadanía para ser considerado legítimo, también.
Y, sin duda, la sociedad española y sus expectativas al respecto, son muy diferentes
a las de 1978.
Fuente:
www.eldiario.es
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