José Luis Velasco
e Iván Calvo
Miembros del Observatorio Crítico de la Energía y colaboradores en el Círculo Economía, Ecología, Energía de Podemos
Miembros del Observatorio Crítico de la Energía y colaboradores en el Círculo Economía, Ecología, Energía de Podemos
10 de febrero de 2015
Anunciamos hace un par de meses que íbamos a celebrar una
subasta para regalar 550 millones de euros, y el pronóstico se ha cumplido con
notable precisión: el servicio de interrumpibilidad va a costar 505 millones de
euros a los consumidores de electricidad, en lugar de prácticamente cero,
que es lo que vale. Nos gustaría poder dedicar este artículo a felicitarnos por
nuestra capacidad de predecir el futuro, pero no lo haremos, por dos motivos.
Primero, porque cualquier persona mínimamente informada
sobre el sistema eléctrico español podía haber hecho esta predicción; eso ya es
de por sí escandalosamente significativo y bastante enfurecedor. Y segundo,
porque los detalles definitivos de esta historia, que incluye chantajes a
trabajadores de la industria e informes secretos elaborados por organismos
públicos, superan incluso el nivel de escándalo al que estamos desgraciadamente
acostumbrados. Veamos pues en este artículo qué ha ocurrido desde que
escribimos el anterior y qué podemos y debemos hacer para evitar que vuelva a
pasar.
En breve, el servicio de interrumpibilidad es un mecanismo
sensato para evitar apagones. En caso de que la demanda de potencia eléctrica
vaya a ser superior a la potencia disponible, el gestor de la red (Red
Eléctrica de España) puede solicitar a algunas grandes industrias que dejen de
consumir temporalmente y se les compensa económicamente por ello (primero por
declararse de antemano dispuestas y, si se da el caso, por dejar de consumir).
En nuestro mencionado artículo explicamos cómo, a pesar de ser
razonable en su origen (aunque no debiera ser inimaginable que este servicio
fuera algo que el Estado exigiera sin contraprestación), el servicio de
interrumpibilidad se usa actualmente como subvención encubierta a la gran
industria que opera en España. Esta afirmación no contiene ni un ápice de
exageración: hace años que el servicio de interrumpibilidad no se utiliza en la
península, debido al sobredimensionamiento de nuestro sistema de generación
eléctrica; sin embargo, pagamos por él cientos de millones de euros anualmente.
También explicamos que a partir de 2015 el Gobierno iba a
modificar el modo de otorgar tal subvención. La adjudicación de la
interrumpibilidad se hará mediante una subasta a la baja. Los actores que pujan
son empresas intensivas en el uso de electricidad y aquellas que ofrezcan el
precio más bajo por el servicio (un servicio que, recordemos, ¡no van a tener
que prestar!) se llevan la adjudicación. La primera de las subastas para
adjudicar la interrumpibilidad de 2015 se celebró en la segunda mitad de
noviembre de 2014, y nuestro artículo se publicó unos días antes. En él
vaticinábamos que el objetivo del Gobierno era dar una subvención de 550
millones de euros a la gran industria. El resultado de la subasta quedó
claramente por debajo de esta cifra, y “solo” nos comprometimos a pagar 350
millones de euros a cambio de un servicio que no vale nada.
Sin embargo, el Gobierno no permitió que nuestra predicción
fuese tan inexacta, y los acontecimientos no terminaron ahí. Una empresa,
Alcoa, quedó muy descontenta con el resultado y exigió recibir más dinero. Para ello, amenazó al Gobierno
con cierres si este no se plegaba a sus exigencias. Para escenificar su reto, inició rápidamente los trámites para despedir a unos 800
trabajadores en dos de sus plantas: “La falta de servicios de interrumpibilidad,
junto a una tecnología menos eficiente y una menor capacidad productiva, hacen
que las fábricas de Avilés y La Coruña no puedan producir aluminio a un precio
competitivo”, dijo.
Si la historia hasta este momento ya era vergonzosa, a
partir de entonces adquiere tintes verdaderamente bochornosos. El ministro de
Industria anunció enseguida que habría
una segunda subasta. Ni el ministro ni las noticias de la prensa de esos días
se molestaron en ocultar que el objetivo era subvencionar a Alcoa hasta
satisfacerla. Pero, a la vez, hacía falta justificar formalmente la subasta.
Así, Red Eléctrica de España se prestó a hacer el papelón de “descubrir” que
las necesidades de interrumpibilidad son más altas de lo inicialmente previsto,
de modo que una segunda subasta era requerida por motivos “técnicos”. Al menos,
es lo que uno deduce de leer el BOE, ya que el informe de Red Eléctrica Española es
secreto. El resultado de la segunda subasta fue tal que Alcoa consiguió
un total de 142 millones de euros en interrumpibilidad para 2015. Que la
segunda subasta fue un traje hecho a medida de esta empresa no lo puede dudar
nadie.
Es posiblemente cierto que para Alcoa, que en España tiene
una facturación del orden 1.000 millones de euros anuales, recibir o no
142 millones de euros en concepto de interrumpibilidad es decisivo para su
competitividad. No obstante, también lo es que, según los números que hace el periódico Expansión, gracias
a la subvención que se ha asegurado recibir, Alcoa pasará de pagar la
electricidad a unos 60 €/MWh a pagarla a unos 33 €/MWh, más barata que la
industria de países vecinos y unas cinco veces menos que el cliente doméstico.
La causa de que, en ausencia de subvenciones encubiertas, la
electricidad para la gran industria resulte significativamente más cara que la
media europea radica en una serie de políticas destinadas a socializar las
pérdidas de las compañías eléctricas (las subvenciones a las centrales de gas sin apenas
funcionamiento, por ejemplo) y garantizarles ingentes beneficios (el doble que las eléctricas europeas).
Ya escribimos hace un año que la reacción de la gran industria
ante esta situación, en vez de consistir en alinearse con los ciudadanos para
presionar por un cambio real en el sistema eléctrico, había sido la de
perpetuarlo a la vez que se aseguraba electricidad barata a costa de los consumidores
particulares. Hoy lo vemos con más crudeza que nunca. Y los trabajadores de
Alcoa, cuya respuesta fue una intensa campaña de movilizaciones con hermosas muestras de
solidaridad entre trabajadores, lo tuvieron claro: “Les hemos dicho claramente que si
querían utilizarnos como moneda de cambio para pedir una buena subasta, lo
único que han conseguido es que giremos y que nuestros enemigos sean ellos
porque son quienes nos despiden”.
Nos alegramos enormemente de que los trabajadores de Alcoa
hayan conseguido mantener sus puestos de trabajo. Pero, pasado lo urgente,
hemos de ponernos a trabajar en lo esencial. No podemos permitirnos volver a
estar, dentro de un año, en la misma situación. Si no hacemos nada, es fácil
prever qué ocurrirá a finales de 2015: la gran industria tendrá de nuevo excusa
para exigir cientos de millones de euros de subvención, y para amenazar con
despidos si no se le conceden. Si no hacemos nada, el oligopolio eléctrico
seguirá siendo un año más un lastre para el bienestar ciudadano y la actividad
económica. Es necesario atacar la raíz del problema mediante una profunda reforma del sector eléctrico.
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Fuente: www.publico.es
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