La comarca
de Ferrol (Ferrolterra) está viviendo una pesadilla que se alarga en el tiempo
y en el padecimiento de sus gentes de los peores efectos de la crisis, y de su
“crisis”.
nuevatribuna.es
| Por Juan
Martínez García | 07 Agosto 2014 - 20:02 h.
La comarca
de Ferrol (Ferrolterra) está viviendo una pesadilla que se alarga en el
tiempo y en el padecimiento de sus gentes de los peores efectos de la crisis,
y de su “crisis”. Su crisis eterna, la que afecta a su motor económico, que es
la actividad de sus astilleros públicos (antes, Astano y Bazán;
ahora, Navantia), al que no se le dota de carga de trabajo, y del
que dependen más de 20.000 puestos de trabajo, directos e indirectos, y por esa
razón afecta a todas las familias de la zona.
Ese dique que es una solución desesperada para que los astilleros tengan
actividad, ante la nula capacidad de Navantia y de los responsables políticos
para conseguir encargos y carga de trabajo
El último
episodio se está viviendo con la respuesta negativa de la Dirección General
de Competencia de la Comisión Europea a la consulta realizada por la SEPI
(propietaria de Navantia) sobre la construcción del dique flotante. Ese
dique flotante que lleva años en boca de los responsables políticos de Ferrol,
Galicia y del estado, especialmente cuando se aproximan elecciones, y que
permitiría diversificar la actividad de los astilleros de Fene y Ferrol y
atender una demanda cada vez mayor. Ese
dique que es una solución desesperada para que los astilleros tengan actividad, ante la nula capacidad de
Navantia y de los responsables políticos para conseguir encargos y carga de
trabajo, para unos astilleros y una plantilla que están dotados y preparados
para atender las demandas de trabajo más exigentes.
Todo esto
tiene que ver con lo que desde Europa se entiende como “ayudas públicas” para
una actividad como la de los astilleros y que no están permitidas. En opinión
de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea la construcción
de ese dique precisaría de inversión pública superando los porcentajes
permitidos del 15% (en el caso del dique parece que el proyecto exigiría
según los responsables de Competencia europeos más del 50% de inversión
pública), siendo obligatoriamente privada el resto de la inversión. Pero
también habría consideración de “ayudas públicas” cualquier tipo de
financiación pública con tipos inferiores a los del mercado.
El proyecto del dique flotante tendría un presupuesto próximo a los 200
millones de euros
El proyecto
del dique flotante tendría un presupuesto próximo a los 200 millones de
euros, y generaría casi 2 millones de horas de carga de trabajo sólo
durante los 29 meses de su construcción, con una estimación de ocupación
de dique de entre 280 y 300 días anuales en los siguientes 25 años, cuyo
rendimiento económico amortizaría el coste del dique. En definitiva, el dique
flotante sería el “salvavidas” de los astilleros de Ferrol y Fene, y de la
actividad económica de la comarca. Emplearía a toda la plantilla, daría trabajo
a las empresas auxiliares y permitiría asumir reparaciones de buques de manera
competitiva, ante la ausencia de carga de trabajo de construcción de buques.
Carga de
trabajo que en la actualidad para Ferrol y Fene son el flotel encargado por PEMEX,
que apenas da trabajo a unas 300 personas de una plantilla total de cerca de
3.000, y que su puesta en marcha se hizo coincidiendo con la campaña de las
pasadas elecciones europeas, y el anuncio de la adjudicación de dos buques para
la Armada española (uno para Cadiz y otro para Ferrol), que en el caso de
Ferrol tampoco dará trabajo para toda la plantilla.
Y a eso hay
que añadir el “veto” europeo que impide la construcción naval civil en Fene
hasta 2015, como sanción por las ayudas públicas recibidas en décadas
pasadas. Por lo que el dique flotante es la única vía que permitiría mantener
la actividad económica de estos astilleros, de las empresas auxiliares, de la
comarca. Es el salvavidas de Ferrolterra.
La instrumentalización electoral de
esta situación es evidente y no es nueva
Pero está
difícil situación tiene mucho recorrido hecho y aún por hacer, que se complica
con la intervención de los responsables políticos de la gestión de los
astilleros públicos gallegos. Concretamente, el presidente de la Xunta de
Galicia, Alberto Núñez Feijoo, justo antes de las elecciones
generales de noviembre de 2011 garantizó la construcción del dique flotante,
como también anunció la contratación de dos floteles de PEMEX en plena campaña
de las elecciones gallegas de octubre de 2012 (que sólo se han concretado en
2014, de manera que en Ferrol sólo se construirá uno). La
instrumentalización electoral de esta situación es evidente y no es nueva. Pone
de manifiesto la importancia electoral de Ferrol y su comarca, una zona muy
movilizada y comprometida, y que parece las peores tasa de desempleo de Galicia
(por encima del 30%), pero que no consigue que se la tome en serio, a pesar de
la general implicación social y ciudadana con la situación, planteando
alternativas y exigiendo no ser utilizados como cobayas de la complicada
situación legal y económica del sector naval internacional, condicionada por la
pujanza asiática y por la influencia de Holanda en las sanciones al naval
español.
Da la impresión que el gobierno de la Xunta sólo está interesado en la situación
de los astilleros ante las elecciones
Da la
impresión que el gobierno de la Xunta sólo está interesado en la situación de
los astilleros ante las elecciones. Que su interés se diluye cuando pasan, y
que incluso ponen dificultades a que se puedan conseguir soluciones. Eso se
desprende cuando desde Navantia (que depende del Ministerio de Industria, es
decir, del PP, como la Xunta de Galicia), se procede a realizar la consulta a
la Dirección General de la Competencia, cuando no era necesaria. Han sido
muchos meses de gestiones, comunicaciones y documentación para alcanzar el
resultado que se podía conocer, que no era otro que recibir un “no” como
respuesta a la consulta, ampliado con la definición de todos los casos que se
considerarían “ayudas públicas”. En otras palabras, pareciera que se quería
conseguir ese ”no” y por eso se realizó la consulta. De esta manera opinan
desde la oposición parlamentaria (PSdeG-PSOE, Alternativa Galega de
Esquerda-AGE y Bloque Nacionalista Galego-BNG) que exigen conocer los
términos de la consulta ante la sospecha de que la propia consulta fuera la
razón a la negativa obtenida desde las instituciones europeas.
Desde el
comité de empresa de Navantia Ferrol comparten la sospecha de que el “no”
recibido es fruto de la consulta mal gestionada, y denuncian la falta de
seriedad de los responsables políticos de la Xunta, de Navantia y del
Ministerio de Industria en la defensa de los intereses de los astilleros
públicos gallegos, y la sumisión que mantienen antes las instituciones europeas
con el asunto del dique y del veto a la construcción naval civil, y no como
actúa Holanda “que lo hace de forma seria y firme”.
Pero las
sospechas sobre el “desinterés” del gobierno de la Xunta se acrecientan cuando,
inmediatamente después de conocer el “no” europeo, el conselleiro de Economía e
Industria, Francisco Conde afirmaba que "la responsabilidad llama a
que no se ponga en marcha la construcción de un dique flotante en la ría de
Ferrol para aumentar la capacidad del área de reparaciones de Navantia, después
de la respuesta negativa de Bruselas a la consulta realizada por el Gobierno
de España”. Luego reconocía la importancia de conseguir reforzar la
capacidad y la carga de trabajo para los astilleros, que la Xunta está
trabajando duro en ese sentido, y para acabara con el recurrente “Ferrol y su
comarca son una prioridad para la Xunta de Galicia”.
Desde la
Xunta de Galicia se podría hacer más. Se podría presionar realmente a Navantia
y al gobierno para que se tomen en serio esta situación. Se podría haber
analizado la situación que se puede generar con la construcción del dique
flotante, ante la gravísima situación que se vive en Ferrolterra, y que
repercusiones podría tener haberlo hecho sin consultarlo (sin pedir un permiso
que se sabía que se iba a denegar). Se podría haber planteado que la propia
norma comunitaria permite excepciones para ayudas públicas en casos homologables
al que se padece en Ferrol y su comarca (con un desempleo del 30% y miles de
familias sin ingresos), como también han denunciado desde la oposición
parlamentaria y la plantilla de Navantia.
Incluso, se
podrían haber empleado a fondo todas las instituciones públicas implicadas
(ayuntamientos, diputación, Xunta, Navantia, Gobierno) para conseguir una
solución política en las instituciones europeas a la situación de los
astilleros públicos gallegos, como hacen otros países. Según el PP, en
Europa por fin se nos vuelva a tener en cuenta, pero debe referirse a la
palmadita que nos dan en la cabeza al seguir al dictado las políticas de
recortes que nos imponen desde la Troika (Banco Central Europeo, Eurogrupo
y FMI).
Tiene que acabar la actitud del PP
de culpar a herencias recibidas y otras estupideces, por su mala gestión de la
crisis
Es evidente
que desde el PP a todos los niveles (local, Galicia, estado) se prefiere
aguantar como sea hasta las próximas elecciones, para volver a
“instrumentalizar el asunto de los astilleros públicos, y que el esfuerzo lo
sigan haciendo las gentes de Ferrolterra, sin saber cada mes como poder cubrir
los gastos mínimos de cualquier familia. Prefieren responsabilizar a Almunia
como Comisario Europeo de la Competencia, como responsable de la
situación, (y seguro que tiene responsabilidad en esta situación), pero tiene
que acabar la actitud del PP de culpar a herencias recibidas y otras
estupideces, por su mala gestión de la crisis, que empobrece a quienes viven de
su trabajo y enriquece a quienes especulan (aunque seguro que para éstos
últimos la gestión del PP es “buenísima”).
Nada
distinto a lo que ya hacen desde los distintos niveles de gobierno en manos del
PP aplicando todo tipo de recortes a las políticas públicas, a la sanidad, a la
educación, a la dependencia.
Pero en esta
ocasión si no hay dique flotante, desde el PP no van a poder ocultar su
responsabilidad. E igual va a pasar cuando no se consiga levantar el veto a la
construcción naval civil en Fene.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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