Denuncia que
el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria sólo beneficia al Notariado y
conlleva "menos garantías" para los ciudadanos.
nuevatribuna.es | 07 Agosto 2014 - 19:39 h.
Nuevamente nos encontramos con una
perspectiva de desmantelamiento de nuestras instituciones públicas que no está
motivada por ninguna mejora para la sociedad y que cuenta con beneficiarios muy
concretos
La
asociación judicial Jueces para la Democracia (JpD) ha mostrado su rechazo al
proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria que, entre otras cosas, recoge la
posibilidad de que los matrimonios se puedan celebrar ante notario y que los
ciudadanos puedan acudir a éste en casos de separaciones y divorcios de mutuo
acuerdo.
Para la
asociación, "no resulta justificado que se puedan tramitar matrimonios y
divorcios ante notario, previo pago de aranceles". De hecho, considera que
el texto, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y remitido al
Parlamento, es "un paso más en la privatización de la Justicia".
En caso de
que la norma entre en vigor, los enlaces matrimoniales podrán celebrarse ante
notario además de por la Iglesia, en los Ayuntamientos y los registros civiles.
Asimismo, los ciudadanos tendrán la posibilidad de ir al notario -y no sólo a
los juzgados- en casos de separaciones y divorcios de mutuo acuerdo cuando no
haya hijos menores de edad ni personas incapaces.
Jueces para
la Democracia también se muestra contrario a que el proyecto de ley
"traslade la competencia de los juzgados a las oficinas notariales"
para realizar los expedientes sobre declaración de herederos cuando no haya
testamento y la protocolización de los testamentos manuscritos o los otorgados
verbalmente.
MENORES
GARANTÍAS PARA LOS CIUDADANOS
Según ha
denunciado Jueces para la Democracia en un comunicado, con esta iniciativa el
colectivo profesional que sale beneficiado es el Notariado y no el conjunto de
la población: "Nuevamente nos encontramos con una perspectiva de
desmantelamiento de nuestras instituciones públicas que no está motivada por
ninguna mejora para la sociedad y que cuenta con beneficiarios muy
concretos", señala.
Asimismo, la
asociación sostiene que los nuevos trámites notariales "se realizarán con
menores garantías para la ciudadanía que los existentes actualmente en los
procedimientos judiciales". Además, destaca que los ciudadanos tendrán que
pagar por unas acciones "se llevan a cabo en el marco del servicio
público" y "ahora" se pretenden privatizar.
"En los
supuestos opcionales nos encontraremos a una Justicia a dos velocidades: una
rápida para quienes puedan pagársela y otra cada vez más lenta para la mayoría
de la sociedad, a causa de los recortes que sigue aplicando el
Gobierno en la administración de justicia", recalca.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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