Horrach,
fiscal anticorrupción, convertido en defensor de la infanta Cristina
Por Tomas F. Ruiz (*) - Canarias-semanal.org
Lunes, 14 de julio de 2014
El abyecto posicionamiento del
fiscal anticorrupción Pedro Horrach, defendiendo la inocencia de la infanta
Cristina en su implicación del caso Nóos, vuelve a colocar a la
justicia española en el papel que le corresponde ante la opinión pública: el de
una prostituta vendida al postor que mejor le pague. En este caso, el cliente
de la ramera ha sido la Casa Real española.
Sabiendo que tiene detrás toda la
maquinaria fraudulenta, engañosa y embaucadora del Estado, reforzada por el
perverso sistema judicial que rige en España, el fiscal Pedro Horrach ha
despotricado depravadamente, como sólo los corruptísimos fiscales de la
Fiscalía Anticorrupción saben hacerlo, contra el juez José Castro,
encargado de que la justicia se cumpla en el caso del instituto Nóos.
Como ocurrió con el caso Gürtel, el veredicto de absolución de
prácticamente todos los implicados está ya cantado.
Todo había ido sobre ruedas
para Iñaqui Urdangarín y su real consorte hasta que el magistrado Castro
los tomó de la pechera y los sentó en el banquillo de acusados. Intentaba que
la justicia española, aunque sólo fuera por una vez, no acabara en la "ley
del embudo": ancho para unos pocos, estrecho para muchos.
Ha quedado probado -tal y como se dice en
terminología jurídica- que la fundación Nóos no se dedicaba a la
investigación aplicada, como decían sus estatutos, sino al blanqueo de
capitales y al fraude fiscal. La infanta Cristina figuraba como miembro
de su junta directiva. Esta descendiente de la casa real española estudió Ciencias
Políticas, realizó un máster en Relaciones Internacionales en la
universidad de Nueva York, tuvo prácticas en la sede de la Unesco y
actualmente es directora del área social de la fundación La Caixa. Sin
embargo, cuando fue preguntada por el juez sobre su participación en los
delitos de blanqueo de dinero y de fraude fiscal que se habían detectado en el instituto
Nóos, aseguró que sus conocimientos económicos eran tan básicos que no
sabía lo que firmaba cuando le pasaban documentos.
La función de la
infanta Cristina era, como literalmente reconoció su marido, dar
"solvencia y prestigio" al instituto. Tras su nombre estaban también
los del ex rey Juan Carlos y los de la ex reina Sofía. La
fundación Príncipe de Girona, que presidía el entonces príncipe Felipe,
hoy ilegítimo rey de España, contó también con una buena parte de los
"padrinos económicos" del instituto Nóos. A juzgar por cómo se
engrosaron las cuentas de la entidad a lo largo de la década de los noventa, su
vinculación con la Casa Real cumplió con creces su cometido.
El fiscal anticorrupción Pedro
Horrach
A pesar de todas estos "hechos
probados" por el juez José Castro -utilizando de nuevo la
terminología judicial-, el fiscal jefe Pedro Horrach, a los que todos
los contribuyentes le pagan un más que generoso sueldo para que combata la
corrupción en España, se ha rasgado las vestiduras por la inocencia de la infanta
Cristina, ha declarado públicamente que todo es producto de una "conspiración"
contra la Casa Real española -lo que recuerda el complot judeo-masónico que
siempre obsesionaba al régimen-, ha conseguido que peritos de la Agencia
Tributaria declaren en el juicio que la infanta es inocente y habrá ofrecido
prebendas -supuestamente, por supuesto- a una inspectora de Hacienda para que,
ella también, asegure que la pobre infanta es una subnormal que no sabía lo que
hacía cuando firmaba documentos.
Una complicidad tan manifiesta con el
delito, en este caso de un fiscal cuyo cometido oficial es combatir la
corrupción, vuelve a cubrir de mierda la justicia española, cada día más
abyecta, prostituida y corrupta.
Esta misma Justicia es
la que ha condenado a penas de hasta cuatro años a sindicalistas por intentar
ejercer su derecho a la huelga, la misma que persigue con saña, apalea,
detiene, multa y encarcela a todos aquellos que se manifiestan por la
república, la que castigó cobardemente al militar que acusó fehacientemente al rey
Juan Carlos de homicidio en la persona de su hermano, la que indulta a los
guardias civiles que disfrutan filmando como sus compañeros abusan sexualmente
de mujeres indefensas, la que archiva todas las multas que se imponen a un
conductor borracho que pone en peligro la vida de peatones y que resulta ser
hijo del mismo ministro de Justicia…
Ya no cabe duda, no estamos ante un
sistema judicial legítimo, igualitario y, ni mucho menos, democrático. Esto es
una orgía de sátrapas corruptos, que están ahí para perpetuar indefinidamente
los privilegios feudales de que goza la pervertida casta que fagotiza nuestras
instituciones.
(*) Tomas F. Ruiz es periodista
Fuente: http://canarias-semanal.org/
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