LA "LEY MORDAZA" O LA INAUGURACIÓN DEL ESTADO AUTORITARIO

"Con esta ley se abre una nueva etapa política"

 Por Máximo Relti - Canarias-Semanal.org

Lunes, 14 de julio de 2014

 Si alguien tenía dudas acerca de si nos encaminamos o no hacia la consolidación de un Estado autoritario, el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes  dio cumplida respuesta a las  dudas que pudieran existir al respecto. En efecto, en su última reunión el gabinete ultraconservador de Mariano Rajoy ha dado carta de legalidad a lo que hasta ahora venía siendo una práctica cotidiana - aunque no legalizada - de los Cuerpos represivos del Estado. La nueva "Ley Mordaza", en efecto, viene a otorgar reconocimiento institucional a lo que ya sucedía en las calles desde hacía  tiempo, aun con la resistencia de unos pocos jueces que  tercamente se negaban a aceptar exclusivamente el testimonio policial.

       A partir de ahora, las sanciones económicas contra los llamados delitos de "orden público" sufrirán un astronómico incremento. Por ejemplo, convocar manifestaciones sin comunicarlo previamente a la policía - lo que hasta el momento presente no era ilegal, aunque la policía actuara como si lo fuera - , podrá ser drásticamente sancionado. El texto de la ley dice, textualmente,  "que podrán ser sancionadas con hasta 600.000 euros las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas".

 QUEDA FUERA DE LA LEY TOMAR TESTIMONIOS FOTOGRÁFICOS DE LA REPRESIÓN POLICIAL

       La llamada "Ley Mordaza" consagra también la impunidad ante los desafueros policiales, considerando como faltas graves la toma de fotografías y vídeos a los integrantes de los llamados Cuerpos de Seguridad del Estado. El "delito" de tomar testimonio mediante una cámara fotográfica o de vídeo de lo que sucede en la calle durante una acción de represión policial puede ser condenado  hasta con 30.000 euros. Es decir, con cinco millones de las antiguas pesetas. En una expresión de cínico descargo, en el apartado de  la ilegalización de los testimonios fotográficos los legisladores del Ministerio del Interior han  añadido que ello se producirá   "sin menoscabo del derecho fundamental a la información". 

         De esta forma, a partir de la puesta en marcha de la ley tomar testimonio gráfico de la represión policial estará más duramente reprimido que en los años de la dictadura franquista, en los que atreverse a tomar una fotografía de una manifestación o de la represión policial consiguiente no implicaba otra consecuencia  que  la pérdida de la cámara, un sonoro bofetón o pasar tres días en los sórdidos calabozos de las comisarías de la época. Esa eventualidad no estaba prevista durante la dictadura, entre otras razones porque las límitaciones técnicas impedían la rápida difusión de las imágenes. Los legisladores herederos de la dictadura han venido a poner remedio a ese vacío legal mediante las nuevas disposiciones, con las que tratan de cortocircuitar la libre circulación de la información.

         Con esta insólita medida, el régimen monárquico se autoprotege del impacto que en el exterior estaban teniendo  los duros testimonios de la represión policial en España. En el interior del país, la "Ley Mordaza" contribuirá, por otra parte,  a que la ciudadanía disfrute de la sensación de que, pese a las manifestaciones y protestas, las "fuerzas del orden público" son incapaces de traspasar los límites que impone la existencia de la Constitución y el  "Estado democrático". Pero sobre todo el sistema politico pretende blindarse contra contra la creciente marea de indignacion social que crece incontenible en la sociedad española. 

LA POSIBILIDAD DE "DISOLVER Y DETENER" PASA A MANOS DE LOS CENTURIONES DEL SISTEMA, SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL ALGUNA 

      En otro orden de cosas, y como también sucedía en  tiempos pretéritos, los  supuestos por los que una persona podrá ser conducida a comisaría para proceder a su identificación, en el caso de que no porte el DNI, son generosamente ampliados. El cacheo y los minuciosos registros corporales tendrán, asimismo, a partir de ahora, 'barra libre" legal.

      Según la nueva ley, las fuerzas policiales también podrán dar la orden de disolución  de una manifestación  de manera verbal y sin motivarla, si estiman  que puede existir una "situación de urgencia".
    Así, la policía tendrá en sus manos una amplísima discrecionalidad a la hora de disolver manifestaciones en el momento que lo deseen.  Serán ellos los administradores que decidan cuándo nos encontramos ante una "situación de urgencia". Las posibilidades que se abren a la arbitrariedad policial son infinitas. En un momento determinado, la policía podrá alegar que dio la orden de disolver sin que ello se pueda acreditar en ninguna parte, ya que el único testimonio válido, como se ha constatado hasta la fecha, será el de los propios agentes. Ahora, no será ni siquiera el juez, sino la propia Administración - arte y parte en el contencioso -  la que determine si corresponde o no imponer una sanción.

 OLEADA DE CRÍTICAS  

       Apenas fue conocido el texto de la  Ley Mordaza, las reacciones de rechazo  no se hicieron esperar.  Estas han partido no sólo desde diferentes movimientos sociales - más de sesenta, por el momento - sino, incluso, desde  organismos y organizaciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, la Agencia Europea de Protección de Datos, la FEMP, Amnistía Internacional, Intermon Oxfam y Greenpeace, para los que  la que chapuza legal inspirada por el opusdeísta ministro Fernández Díaz resulta intragable. Aunque los leguleyos del Ministerio del Interior se empeñaron en maquillar con diversas  modificaciones el  increíble borrador inicial, la parodia del retoque resultante no es digerible tampoco para aquellos grupos e instituciones que pretenden aparecer ante la opinión publica como distantes de los dislates gubernamentales. 

    La plataforma ciudadana "No Somos Delito", por ejemplo,  rechazó de plano  "una Ley cuya justificación se basa en la existencia de una supuesta creciente demanda de seguridad y prevención del delito por parte de la ciudadanía.  Tal  demanda no existe   sino que "consideramos que se trata de una legislación innecesaria que viene motivada por criterios claramente políticos". 

    Por su parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer,  manifestó  que este proyecto de ley tiene aspectos "inconstitucionales" y que la entidad a la que representa velará por los derechos de los ciudadanos.

  "Con leyes de este tipo, Rajoy y los suyos no hacen más que lo que otros, en su misma situación, han hecho a lo largo de la Historia en circunstancias similares:tratar de preservar con vida al monstruo que los parió". 

     El  portavoz de la asociación socialdemócrata "Jueces para la Democracia", Joaquim Bosch, calificó como "innecesario" el proyecto, asegurando que lo único que pretende es impedir determinadas críticas que son "especialmente incómodas" para el poder político a costa de "restringir libertades". Afirmó, además, que el texto "no está justificado por la realidad social", puesto que "no existen problemas relevantes de seguridad ciudadana".
         Asimismo, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, rechazó el  "marcado carácter represivo" de la ley y estimó como "insuficientes" los cambios incluidos en la propuesta del Ejecutivo para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, unidos a la modificación del Código Penal y la Ley de Seguridad Privada. En la nueva ley - dijo - "hay una confusión entre seguridad ciudadana y orden público", así como "una tendencia policial muy acentuada", en lugar de una "visión garantista de los derechos fundamentales de los ciudadanos".  García Ortiz advirtió que la evaluación de determinadas actuaciones policiales, como por ejemplo un caso de insultos a un policía, dejará de ser investigada o sancionada en el ámbito penal y pasará a la jurisdicción contencioso-administrativa. Subrayó, además, que en el ámbito de lo contencioso-administrativo, el ciudadano tendrá que pagar tasas judiciales, además de abogado y procurador, y perderá garantías, puesto que habrá una presunción de veracidad de los actos del funcionario público que no existe en el caso de un juez de instrucción.

BAJO LA PROTECCIÓN DEL "ESTADO AUTORITARIO" 

      En síntesis, y aunque pocos parecen haberlo advertido,  el Estado español inaugura con esta nueva ley lo que históricamente se ha caracterizado como  "un estado autoritario". Es decir, aquel en el que la delimitacion de los límites del ejercicio de las libertades formales queda al arbitrio de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.  No es este un hecho nuevo. Es simplemente una línea de continuidad con nuestro pasado más inmediato. La novedad  viene dada, en cualquier caso, por el hecho de que  el desvencijamiento del  aparato montado sobre los cimientos de la institucionalidad franquista ha quedado al descubierto, con todas sus lacras y corruptelas . Y el hedor de sus excrecencias pestilentes empieza a resultar  insoportable para todos. Con leyes de este tipo, Rajoy y los suyos no hacen más que lo que otros, en su misma situación, han hecho a lo largo de la Historia en circunstancias similares: tratar de preservar con vida al monstruo que los parió.   Con esta ley se abre, pues, una nueva etapa política. Sus características vendrán definidas no solo por lo que haga el poder sino, sobre todo, por la audacia e inteligencia que mostremos aquellos que nos oponemos a él.

Fuente: http://canarias-semanal.org/