Juan Torres López | Economista
nuevatribuna.es
| 08 Diciembre 2013 - 18:30 h.
Los
constantes anuncios de la insostenibilidad a largo plazo del sistema de
pensiones públicas se presentan rodeados de un halo de inmenso rigor que hace
creer a la gente común que, efectivamente, no podrán disfrutarlas en el futuro.
Para ello el
discurso se suele basar en estudios financiados por entidades financieras en
donde se elaboran escenarios a medio y largo para demostrar que la evolución
demográfica de nuestras sociedad será incompatible con la financiación de un
sistema de pensiones como el que ahora tenemos. Y sin solución de continuidad,
a partir de ahí se propone que empiecen ya a recortarse. Lo que, obviamente,
lleva a que quien tenga dinero salga corriendo a suscribir fondos de ahorro
privados con los que, al mismo tiempo, se hace creer a los ingenuos que podrá
tener garantizado su ingreso en la jubilación.
No se dice,
sin embargo, que quienes vienen haciendo ese tipo de estudios no han acertado
nunca (y nunca quiere decir eso, nunca, ninguna vez) en sus previsiones. Un
caso realmente inexplicable: los bancos que se suponen son tan cuidadosos con
el dinero no tienen inconveniente en contratar una vez detrás de otra a los mismos
economistas que en la ocasión anterior se equivocaron totalmente en su análisis
y previsión de la realidad. Lo que evidentemente muestra que su interés no es
que ésta se descubra sino, por el contrario, falsearla para vender más
cómodamente sus productos financieros.
Por ahí
empieza uno de los fraudes intelectuales más vergonzosos de los últimos años,
destinado a hacer creer a la gente que el solo hecho de que, afortunadamente,
vivamos más años, es causa de que no se puedan financiar en el futuro las pensiones
públicas.
Aparentemente
resulta muy elemental y riguroso afirmar que si estas últimas se financian,
como en España, mediante las cotizaciones de los trabajadores, si el número de
éstos disminuye mucho y, al mismo tiempo aumenta el de jubilados, el equilibrio
financiero del sistema se resentirá sin remedio.
Pero lo que
es a veces muy evidente no refleja siempre la realidad, como ocurre en este
caso.
Incluso
suponiendo que fuese obligado que las pensiones se financien solo con las
cotizaciones (y no por los Presupuestos Generales del Estado, como ocurre en
algunos países de nuestro entorno) resulta que hasta el sentido común más
elemental nos indica que ese equilibrio financiero no depende solo de la
relación entre trabajadores cotizantes y jubilados.
Además del
volumen total de empleados influye el cuantía del salario y en general la
distribución de la renta, la cuantía de la pensión, o la productividad, por
ejemplo.
Por eso es
una simpleza y un fraude afirmar que el sistema no será sostenible solo porque
habrá más jubilados en relación con los cotizantes porque aumenta nuestra
esperanza de vida. Puede ocurrir, y seguramente ocurrirá pues así viene siendo
desde hace decenios, que aumente la productividad y que menos trabajadores
generen mucho más producto. Y puede suceder que el número tan elevado de
parados que hoy hay en nuestra economía disminuya y que, como en años
anteriores, el sistema vuelva a registrar superávit. Y es deseable además que
se rompa la inercia tan desigualitaria que viene dándose y que una distribución
de la renta más equitativa proporcione muchos más recursos al sistema.
Un ejemplo
sencillo muestra lo que señalo. Supongamos un país con 100 euros de ingresos
cuyo 60% va a los trabajadores y el 40% a los propietarios de capital, que el
coste de las pensiones es 17 y que para financiarlas los trabajadores dedican
el 30% de su salario.
Con esa
distribución de la renta resultará que el sistema tendrá superávit de un euro,
puesto que el 30% de los 60 euros que reciben los trabajadopes es 18 (frente a
17 que cuestan las pensiones). Sin embargo, si todo permanece igual (el número
de trabajadores y el de jubilados) pero el ingreso se distribuye al 50/50,
resultará que el sistema de pensiones tendrá un déficit de 2, puesto que el 30%
de 50 es 15.
Es fácil
deducir entonces que el sistema de pensiones tiene amenazas y bien grandes: que
disminuya el número de empleados y, por encima de todo, que baje el salario y
que la distribución de la renta se haga cada vez más desfavorable para los
trabajadores.
El fraude
consiste en hacer creer que las amenazas son otras, que las pensiones son muy
generosas y que habrá demasiados jubilados, para proponer entonces medidas para
“resolver” la insostenibilidad del sistema que lo que hacen en realidad es
hacerlo desaparecer para favorecer la suscripción de fondos de ahorro privados.
Sin embargo,
si se hace un análisis realista se llegaría a la conclusión de que lo que de
verdad hay que hacer para salvar el sistema (que es lo que quiere casi el 80%
de la población) no es recortar pensiones o alargar linealmente la vida laboral
y disminuir el carácter solidario del sistema para promover que la gente
recurra a los seguros privados (sobre cuya desastrosa evolución y rentabilidad,
por cierto, nunca dicen nada los sabios que se dedican a pontificar sobre el
supuesto fracaso de las pensiones públicas) sino todo lo contrario: hacer
políticas que fomenten el empleo y, sobre todo, mejorar la distribución de la
renta que es el verdadero quid de la cuestión.
Si dejamos
que los ingresos salariales se sigan deteriorando como hasta ahora no solo
haremos que vayan cada vez menos recursos al sistema de pensiones públicas sino
que, además, se debilitará la demanda y el mercado interno, disminuirá la
actividad y el empleo y se agravará aún más la crisis del sistema. Todo lo
contrario de lo que ocurriría si colocamos a la igualdad y el bienestar social
como objetivo central de las políticas económicas y no al enriquecimiento
continuado de los mismos de siempre, como hasta ahora.
No hay comentarios:
Publicar un comentario