Un artículo escrito por expertos en el sistema
sanitario español denuncia la austeridad y el copago, que están afectando a la
atención sanitaria de la población más.
“Mientras que la reciente resolución de la
ONU insta a los gobiernos a acelerar el progreso hacia el acceso universal
a servicios de salud asequibles y de calidad, el Gobierno español, saltándose
el procedimiento parlamentario, promulgó un Real Decreto para limitar el acceso
a los servicios gratuitos en el lugar de prestación, menoscabando el principio
de cobertura universal”. Así arranca un artículo publicado en el último número de la prestigiosa
revista ‘Th Lancet’, especializada en salud, titulado Erosión de la
cobertura universal de atención sanitaria en España.
A partir de ahí, se despacha aportando números que
ilustran este menoscabo de la atención sanitaria por las políticas de recortes
del Gobierno que preside Mariano Rajoy y del Ministerio de Sanidad dirigido por
Ana Mato: “Los presupuestos de salud y de servicios sociales españoles han sido
objeto de grandes recortes (13,7% en 2012 y 16,2% en 2013), con algunas
regiones imponiendo reducciones presupuestarias adicionales”. Los autores del
artículo, expertos en el sistema sanitario español de seis instituciones
científicas nacionales y extranjeras, destacan que tras el Real Decreto
aprobado en septiembre de 2012 más de 870.000 personas quedaron fuera de esta
cobertura integral.
Con la nueva ley, aseguran, las personas que pierden
el derecho a la atención integral sólo la conservan si son menores de 18 años,
durante el embarazo, parto y postparto, y en caso de urgencia por una enfermedad
o lesión grave. Sin embargo, hay demasiados obstáculos: “Médicos del Mundo
ha documentado 1.192 casos de personas que no pudieron obtener atención
médica por la falta de documentación, por interpretaciones contradictorias
del Decreto y en algunos casos por algún tipo de discriminación y racismo”.
Según estos expertos, liderados por Martin Mckee y
Helena Legido-Quigley de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina
Tropical, ese cambio legislativo podría tener “graves consecuencias
para la salud de la población, especialmente en relación con la tuberculosis y
la infección por el VIH”. Además, puede poner en peligro el acceso a servicios
de salud mental y frente a drogodependencia de poblaciones vulnerables como son
las personas sin hogar.
Las críticas continúan. Frente a la resolución de la
ONU que reclama que se evite tener que pagar en los lugares de prestación de
servicios de salud, el Gobierno español ha introducido el copago de
determinados tratamientos: “Los pensionistas tendrán que pagar una parte creciente
del costo de los medicamentos. Desde octubre de 2013, los pacientes con
hepatitis C, VIH, artritis reumatoide y algunos tipos de cáncer también tendrán
que pagar el 10% de los costos de su tratamiento en las farmacias del hospital,
hasta 4,20 euros por prescripción”, denuncia el texto.
Los autores recuerdan que el 17% de los pensionistas
no pudo completar su tratamiento debido a su elevado costo, según la Federación
de Asociaciones en Defensa de la Salud Pública. ”Incluso pequeños gastos
son una barrera para un tratamiento eficaz”, concluyen. El texto también
recuerda que los niños están en una situación de especial vulnerabilidad.
Por último, los autores denuncian que cada vez hay más
pruebas de que las medidas de austeridad adoptadas por España y otros países
europeos están “amenazando la salud de sus ciudadanos”. “Todavía hay tiempo
para salvar el sistema sanitario español y revertir las restricciones que
limitan la protección universal. Es posible restablecer el acceso universal y
gratuito a los servicios de salud de calidad, de acuerdo con la resolución de
la ONU”, aseguran.
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