DAR PODER A CATALUÑA

Daniel Molina Jiménez | Investigador de Historia Contemporánea

nuevatribuna.es | 15 Diciembre 2013 - 18:58 h.

El debate soberanista planteado ya en forma de referéndum, pone de manifiesto la necesidad de articular una propuesta atractiva si se quiere evitar la independencia, pero lo que se desprende muy especialmente, es  la trampa o vacío en que caen los que defienden la consulta. La pregunta, o mejor, las dos preguntas que hicieron pública los partidos que apoyan el soberanismo en Cataluña, muestran un desatino político de primera magnitud. En primer lugar porque se trata de cuestiones trampa que no incluyen todas las opciones posibles (recortar la autonomía o seguir cómo se está), pero fundamentalmente por el hecho de que nadie sabe a qué se refieren exactamente cuando se pregunta porque Cataluña sea un Estado. ¿Un Estado de qué tipo? ¿Sólido, gaseoso, federado, confederado? Es un oxímoron. Antes de hacer determinados planteamientos políticos, estos políticos irresponsables que gobiernan Cataluña tendrían que haber hecho pedagogía y explicar exactamente adonde quieren conducir a la sociedad y también, por qué motivo se plantean ahora romper o pasar por encima de la ley. Preguntar sin más si se prefiere un Estado o un Estado independiente, sin informar sobre qué marco jurídico se adoptaría, que competencias tendría, qué consecuencias llevará la separación, cómo se financiarán los servicios públicos, se permanecerá o no en Europa… Decía que la pregunta pasa por encima de la ley, porque los convocantes saben de sobra que la soberanía no se puede dividir y que ésta reside en el pueblo español y también que Cataluña no tiene ninguna competencia para convocar un referéndum.

Así las cosas, parece una cosa inane o inocua el derecho de autodeterminación, se trata – dicen los defensores de la consulta – de dar voz al pueblo, de dejarle hablar, de dejar que la democracia tenga lugar. No es cierto. No existe, ni puede existir el derecho de autodeterminación, como tampoco existe el derecho a votar sobre no pagar impuestos. La democracia se basa en el imperio de la ley, de leyes pactadas y aprobadas (CiU votó la Constitución). Está claro que la razón última por la que el Gobierno, el PP y el PSOE rechazan la consulta soberanista es por temor a que esa comunidad autónoma vote en contra de la permanencia en España. Pero es legítimo que un Estado defienda su integridad con toda la legalidad posible, porque de no hacerlo, otras regiones podrían separarse. Más allá de que la ley le da la razón en la medida en que la soberanía no se puede fragmentar. Defender la unidad afecta a todos los españoles, porque a todos se aplican las leyes y el gobierno gobierna para todos. Defender la soberanía es defender la igualdad ante las leyes, se viva donde se viva, pero es también defender la democracia representativa puesto que es la única forma posible de gobernar una sociedad. Es legítimo y justo, lo que es injusto, es que aquellas personas que juraron cumplir las leyes, las quieran ahora pisotear (incluída Izquierda Unida). La legalidad internacional está de parte de España porque si este principio se generalizase, la integridad de cualquier estado correría peligro, y con ella, el ejercicio de la democracia. No existe el derecho a decidir en democracia en la medida que la soberanía no se puede fragmentar y este es el principio más democrático que existe porque iguala a todos los ciudadanos. Y no concede privilegios a nadie.

En cualquier caso, oponerse solo al referéndum, para la posible secesión inmediata, pero no soluciona el problema. Y el problema entre Cataluña y el resto de España es de poder. Hay que pensar que solo entre Madrid y Cataluña viven más del 25% de la población española. Históricamente la lucha de Cataluña ha sido buscar más poder dentro del Estado porque se considera un ente con capacidad para exigir una mayor participación en el Estado. Esto se entendió en 1978 al conceder la autonomía, pero el peso debe estar en sitios donde se toman las decisiones. Es obvio que Cataluña no puede ser considerada una autonomía al mismo nivel de Murcia. Su peso demográfico, económico e intelectual demanda poder de decisión. Cuestiones como un senado autonómico que pueda vetar decisiones del gobierno o aprobar cuestiones específicas, la entrada de Cataluña en instituciones como el Tribunal Constitucional,  en el Consejo de Estado, en el Tribunal de Cuentas, algún tipo de soberanía para  hacer consultas, por más que éstas no sean vinculantes, constitucionalizar las singularidades de Cataluña en la Constitución, mejor la financiación etc,  son fundamentales. En esa dirección debe encauzarse el problema Catalán, más allá de que el resultado se llame Estado federal, confederal o federalismo asimétrico, la solución es salir de la parálisis actual ofreciendo una oferta y empezando a negociar. 

Fuente: www.nuevatribuna.es