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| 17 Diciembre 2013 - 19:41 h.
El 1 de
octubre de 1931, las Cortes españolas aprobaron el sufragio femenino; no fue
hasta las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933, cuando pudieron
ejercerlo. Ocurrió lo que algunos habían vaticinado: la izquierda perdió las
elecciones; las mujeres ganaron en derechos y la sociedad en dignidad. Hoy como
ayer, algunos pretenden, de forma oportunista, utilizar los derechos de la
mujer, como moneda de cambio, para beneficio de sus intereses políticos.
En 1948,
Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
en ella su artículo 21, que declara el derecho de toda persona a participar en
el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos: «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público»
y esa voluntad se expresa en elecciones periódicas, por sufragio universal,
libre igual y secreto. Por su parte la Convención sobre los derechos políticos
de la mujer (1954) —Convention on the Political Rights of Women— dispuso
(artículo 1): «Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en
igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna». La
República española se había adelantado a su tiempo.
En las
Cortes de 1931 —las mujeres tenían reconocido el derecho de sufragio pasivo—
muchos temían que la mujer, tachada de «regresiva» y falta de espíritu crítico,
pusiera en peligro a la joven República. Pese a todo, el 1 de octubre, hace
ochenta y dos años, se consagró, por primera vez en la historia española, el derecho
al voto femenino. En los debates parlamentarios, Clara Campoamor, Victoria Kent
y Margarita Nelken —las únicas mujeres diputadas—, protagonizaron posturas
contrapuestas. «No es cuestión de capacidad, es cuestión de oportunidad para la
República», sostuvo Kent, representante del Partido Republicano Radical
Socialista, propugnando aplazar el voto femenino. Campoamor, en contra de su
propio partido, el Republicano Radical, apostó por el reconocimiento del
derecho. Por su parte, Nelken, del Partido Socialista Obrero Español, se opuso
al sufragio femenino, sosteniendo que la mujer estaba sometida a la voluntad e
influencia clerical, y por tanto carecía de preparación para la acción
política.
Para los
contrarios al reconocimiento del voto femenino, no era el momento. Decía
Victoria Kent en sus argumentos: «No es que con ello merme en lo más mínimo la
capacidad de la mujer. No es cuestión de capacidad; es cuestión de oportunidad
para la República. (...) Cuando la mujer española se dé cuenta de que sólo en
la República están garantizados los derechos de ciudadanía de sus hijos, de que
sólo la República ha traído a su hogar el pan que la monarquía no les había
dejado, entonces, la mujer será la más ferviente, la más ardiente defensora de
la República; pero, en estos momentos, es peligrosos conceder el voto a la
mujer» (Julián Santos, La Constitución de 1931, 2009).
La respuesta
de Clara Campoamor, defensora de la concesión inmediata del derecho al voto a
las mujeres fue categórica: «Precisamente porque la República me importa tanto,
entiendo que sería un gravísimo error político apartar a la mujer del derecho
del voto. (...) He visto que a los actos públicos, acude una concurrencia
femenina muy superior a la masculina, y he visto en los ojos de esas mujeres la
esperanza de redención, he visto el deseo de ayudar a la República, he visto la
pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de
la República la redención suya y la redención del hijo. (…) La única manera de
madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos, es
caminar dentro de ella». (Julián Santos, Ibid)
La votación
fue nominal y el resultado: 161 votos a favor y 121 en contra, con un 40% de
abstención. El artículo 34 quedó aprobado y el derecho al voto femenino fue una
realidad: «Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años,
tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes». La
mujer adquiría, por un escaso margen de diferencia, la condición de electora.
Pasado el
tiempo, el ministro de Justicia Ruiz Gallardón, negando la evidencia histórica
y con mala fe, en defensa torticera de sus planteamientos reaccionarios y
machistas, defendiendo la reforma de la ley del aborto, echó en cara a los
socialistas, que en la Segunda República «se opusieron a reconocer el voto a
las mujeres». Como sería la cosa que su propio gobierno ha salido al paso,
respondiendo a la pregunta parlamentaria socialista (Boletín Oficial de las
Cortes Generales, 3 de diciembre), admitiendo que Gallardón mintió al decir que
el PSOE votó en contra del sufragio femenino en 1931.
La respuesta
del ejecutivo, se remite al estudio de Juan Carlos Monterde, Algunos aspectos
sobre el voto femenino en la Segunda República, Anuario Facultad de Derecho
2010. Destaca el estudio que: En un ambiente tenso, se llegó a la votación
definitiva del citado artículo 34. Fue aprobado, nominalmente, por 161 votos a
favor y 121 en contra. Votaron a favor el Partido Socialista «con la destacada
excepción de Indalecio Prieto y sus seguidores, quien lo consideró una puñalada
para la República», pequeños núcleos republicanos —catalanes, federales,
progresistas, galleguistas— y la derecha. En contra lo hicieron Acción
Republicana, y los Partidos Radical y Radical-socialista, salvo excepciones. No
votaron 188 diputados, de los 470 escaños que componían la Cámara.
Lo cierto es
que la Constitución republicana aprobó el derecho de sufragio femenino, gracias
a los votos del Partido Socialista —aunque no tuviera una postura unánime; de
los 115 diputados, votaron a favor 83—. También lo es que la mayoría de los
partidos republicanos, partidarios de aplazarlo, entendían que las mujeres
votarían a la derecha, poniendo en peligro la República. Que partidos como
Acción Republicana o el Partido Radical Socialista, se opusieron salvo
excepciones, como la diputada Campoamor. Y es innegable que el franquismo
eliminó todo derecho a todos, especialmente el derecho de sufragio a las
mujeres, que no volvió ha recuperarse hasta 1976.
También es
cierto que la derecha española, desde la transición, ha estado en contra del
divorcio, en contra de las leyes del derecho a interrumpir voluntariamente el
embarazo, de la ley de igualdad y del derecho mismo a la igualdad real y
efectiva de las mujeres. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales
(FAES), del PP, presidida por Aznar, pretende que la mujer retorne a ser una
pieza secundaria en la sociedad. Las mujeres, dicen, está poniendo en peligro
el estado de bienestar.
Mientras el
mundo sigue en su trasiego, la derecha reaccionaria, contrarios al devenir de
la historia en su avance en el reconocimiento de derechos políticos, laborales,
civiles y sociales, quiere mantener a la mujer en casa y con la pata quebrada.
Y yo celebro que aquel 1 de octubre de 1931, se reconociese el derecho de
sufragio femenino. Las mujeres ganaron en derechos y la sociedad en dignidad.
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