Por
el
comunista el diciembre 17, 2013 •
Cruz Roja podría llegar a un acuerdo con la farmacéutica
Grifols, encargada de elaborar los hemoderivados en España, tras hacerse con la
gestión del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid y controlar todas
las extracciones en la región. Así lo cree la Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que ha cargado en un comunicado
contra la privatización de las donaciones que pretende llevar a cabo el consejero
de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty.
El
Gobierno autonómico ha llegado a un acuerdo con la entidad privada para que
pase a hacerse cargo de las donaciones de sangre a partir del 1 de enero,
recibiendo a cambio 9,3 millones de euros (67 euros por cada bolsa de sangre
lograda gracias a la solidaridad ciudadana y que se reparta entre los
hospitales de la región). Y la FADSP cree que este hecho podría propiciar un
acuerdo entre Cruz Roja y Grifols.
Según
explica el colectivo en un comunicado, “al contrario de lo que sucede en otros
países como Francia y Holanda, donde la fabricación de hemoderivados corre a
cargo del sistema público, en España este proceso está en manos de la compañía
farmacéutica Grifols, una multinacional catalana vinculada a fondos de
inversión que, además de recibir gratuitamente el plasma donado por la
población española, importa plasma de EEUU para elaborar hemoderivados para el
mercado Europeo”.
La
Marea Blanca asegura que la cotizada española “tiene gran interés en disponer
de cantidades suficientes de plasma sin necesidad de importarlo desde el otro
lado del Atlántico”, y eso podría derivar en un acuerdo con Cruz Roja, que
dentro de quince días tomará las riendas de la gestión de las donaciones en
Madrid. Una opción nada descabellada si se atiende, tal y como indica el
colectivo, a las palabras del propio presidente de la farmacéutica, Victor
Grifols, quien ha solicitado al Gobierno central la legalización del comercio
de la sangre e incluso se ha comprometido “a pagar 60 o 70 euros por donante a
la semana, lo que sumado al paro es una forma de vivir”.
Para
la FADSP la privatización de las donaciones que quiere llevar a cabo Lasquetty
es inaceptable por varios motivos. Primero, porque Cruz Roja es una
institución privada “patrocinada por grandes empresas españolas”, y
aunque las personas voluntarias son merecedoras de gran respeto no sucede lo
mismo con su presidente, Juan Manuel Suárez del Toro, “un banquero que
compatibilizaba hasta hace unos meses su cargo retribuido en esta ONG con la
presidencia de Caja Canarias y con su pertenencia al Consejo de Administración
de BFA/Bankia”.
Además,
“se da la circunstancia de que el presidente de Cruz Roja no ha dimitido ni
tampoco ha sido destituido por la cúpula de su organización a pesar de su
imputación en el caso Bankia”.
Y
segundo, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre
la “inseguridad asociada a la mercantilización de la sangre” en más de una
ocasión. Precisamente, la Marea Blanca recuerda el caso de EEUU durante los
años 80 y 90, cuando las empresas privadas que comerciaban con sangre
contrataron a donantes de alto riesgo (presos, drogadictos), y trataron con
productos derivados de estas donaciones, a las que no se les había hecho los
controles pertinentes, a miles de personas, propiciando contagios de hepatitis
y VIH.
Esta
situación, recuerda FADSP, generó una alarma social que derivó en la
prohibición de comerciar con sangre humana y la generalización de las
donaciones voluntarias y no remuneradas, aunque ahora “Ignacio González y
Lasquetty caminan en dirección opuesta” y conminan a los madrileños “a vender
su sangre para sobrevivir”.
El
colectivo explica en su nota que “las nuevas tecnologías permiten incrementar
la producción por donante, ya que la reintroducción de los hematíes tras la
extracción de la sangre evita la anemia y posibilita realizar dos donaciones
semanales y hasta 24 anuales, frente a las 3 ó 4 permitidas con el método
convencional”.
Algo
que, unido a la crisis económica, “disparará la afluencia de personas sin
trabajo que necesitarán vender su sangre como último recurso” para sobrevivir,
lo que posibilitará “una gran oportunidad de negocio para la industria privada,
a costa de desgajar otro servicio esencial del sistema Nacional de Salud y de
una enorme pérdida para la credibilidad y la seguridad de la gestión de la
sangre en España, que costará mucho recuperar”.
Por
ello, la FADSP exige a la Comunidad de Madrid que cumpla las recomendaciones de
la OMS, paralice el convenio con Cruz Roja y que mantenga la gestión pública de
la totalidad de las donaciones de sangre.
EB
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