martes, 17 de diciembre de 2013

LA MAREA BLANCA SOSPECHA QUE CRUZ ROJA PUEDE VENDER LA SANGRE DE LOS MADRILEÑOS A GRIFOLS

Cruz Roja podría llegar a un acuerdo con la farmacéutica Grifols, encargada de elaborar los hemoderivados en España, tras hacerse con la gestión del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid y controlar todas las extracciones en la región. Así lo cree la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que ha cargado en un comunicado contra la privatización de las donaciones que pretende llevar a cabo el consejero de Sanidad madrileño, Javier Fernández-Lasquetty.
El Gobierno autonómico ha llegado a un acuerdo con la entidad privada para que pase a hacerse cargo de las donaciones de sangre a partir del 1 de enero, recibiendo a cambio 9,3 millones de euros (67 euros por cada bolsa de sangre lograda gracias a la solidaridad ciudadana y que se reparta entre los hospitales de la región). Y la FADSP cree que este hecho podría propiciar un acuerdo entre Cruz Roja y Grifols.
Según explica el colectivo en un comunicado, “al contrario de lo que sucede en otros países como Francia y Holanda, donde la fabricación de hemoderivados corre a cargo del sistema público, en España este proceso está en manos de la compañía farmacéutica Grifols, una multinacional catalana vinculada a fondos de inversión que, además de recibir gratuitamente el plasma donado por la población española, importa plasma de EEUU para elaborar hemoderivados para el mercado Europeo”.
La Marea Blanca asegura que la cotizada española “tiene gran interés en disponer de cantidades suficientes de plasma sin necesidad de importarlo desde el otro lado del Atlántico”, y eso podría derivar en un acuerdo con Cruz Roja, que dentro de quince días tomará las riendas de la gestión de las donaciones en Madrid. Una opción nada descabellada si se atiende, tal y como indica el colectivo, a las palabras del propio presidente de la farmacéutica, Victor Grifols, quien ha solicitado al Gobierno central la legalización del comercio de la sangre e incluso se ha comprometido “a pagar 60 o 70 euros por donante a la semana, lo que sumado al paro es una forma de vivir”.
Para la FADSP la privatización de las donaciones que quiere llevar a cabo Lasquetty es inaceptable por varios motivos. Primero, porque Cruz Roja es una institución privada “patrocinada por grandes empresas españolas”, y aunque las personas voluntarias son merecedoras de gran respeto no sucede lo mismo con su presidente, Juan Manuel Suárez del Toro, “un banquero que compatibilizaba hasta hace unos meses su cargo retribuido en esta ONG con la presidencia de Caja Canarias y con su pertenencia al Consejo de Administración de BFA/Bankia”.
Además, “se da la circunstancia de que el presidente de Cruz Roja no ha dimitido ni tampoco ha sido destituido por la cúpula de su organización a pesar de su imputación en el caso Bankia”.
Y segundo, porque la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre la “inseguridad asociada a la mercantilización de la sangre” en más de una ocasión. Precisamente, la Marea Blanca recuerda el caso de EEUU durante los años 80 y 90, cuando las empresas privadas que comerciaban con sangre contrataron a donantes de alto riesgo (presos, drogadictos), y trataron con productos derivados de estas donaciones, a las que no se les había hecho los controles pertinentes, a miles de personas, propiciando contagios de hepatitis y VIH.
Esta situación, recuerda FADSP, generó una alarma social que derivó en la prohibición de comerciar con sangre humana y la generalización de las donaciones voluntarias y no remuneradas, aunque ahora “Ignacio González y Lasquetty caminan en dirección opuesta” y conminan a los madrileños “a vender su sangre para sobrevivir”.
El colectivo explica en su nota que “las nuevas tecnologías permiten incrementar la producción por donante, ya que la reintroducción de los hematíes tras la extracción de la sangre evita la anemia y posibilita realizar dos donaciones semanales y hasta 24 anuales, frente a las 3 ó 4 permitidas con el método convencional”.
Algo que, unido a la crisis económica, “disparará la afluencia de personas sin trabajo que necesitarán vender su sangre como último recurso” para sobrevivir, lo que posibilitará “una gran oportunidad de negocio para la industria privada, a costa de desgajar otro servicio esencial del sistema Nacional de Salud y de una enorme pérdida para la credibilidad y la seguridad de la gestión de la sangre en España, que costará mucho recuperar”.
Por ello, la FADSP exige a la Comunidad de Madrid que cumpla las recomendaciones de la OMS, paralice el convenio con Cruz Roja y que mantenga la gestión pública de la totalidad de las donaciones de sangre.

EB

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