El Consejo de Ministros da el visto bueno a
una reforma de la ley del aborto que restringe el derecho a la interrupción del
embarazo y recupera la regulación por supuestos de 1985
PÚBLICO Madrid
20/12/2013 12:59 Actualizado: 20/12/2013 16:57
El ministro de Justicia en una foto de archivo.EFE
El Gobierno
ha aprobado la reforma de la ley del aborto, que retrotrae España 30 años atrás
y supone un marco legal más restrictivo, incluso,
que el de países tradicionalmente católicos como Italia o Polonia.
El Gobierno
de Mariano Rajoy ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Protección de
la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada, que sustituirá la
actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva. El aborto pasa de ser un derecho a
considerarse delito excepto en dos casos: que sea "necesario" por
existir "grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la
mujer" durante las primeras 22 semanas de gestación, o que el embarazo sea
resultado de un delito contra su libertad o su indemnidad sexual, siempre que se
produzca en las doce primeras semanas y el hecho haya sido denunciado. En ambos
supuestos habrá determinadas condiciones: que el aborto sea "necesario
porque el conflicto suscitado no pueda solucionarse desde el punto de vista
médico de ninguna otra forma" y que no hacerlo vaya a suponer "un
menoscabo no irreversible, pero sí importante y duradero" para la salud
"tanto física como psíquica" de la mujer.
La norma es
aún más restrictiva que la rigió en España entre 1985 y 2010, que añadía un
supuesto más: el de la malformación del feto. En ese caso, Gallardón sólo ha
concretado que si "existe riesgo psíquico para la mujer" por la
existencia de anomalías fetales "incompatibles con la vida", se
requerirán dos informes: uno sobre el riesgo de daño para ella y otro
sobre el estado del feto, en el que "quede probada" dicha
incompatibilidad con la vida. Dichos informes deberán ser elaborados por dos
médicos "de la especialidad correspondiente a la patología que genera el
grave peligro para la salud o la vida de la mujer" distintos de aquel que
practique el aborto y no trabajar en el centro médico donde se vaya a producir.
Superadas las 22 semanas de gestación "lo adecuado será la práctica de un
parto inducido" salvo en dos excepciones: cuando existan anomalías incompatibles
con la vida del feto que "no se hubieran detectado antes con un
diagnóstico certero" o exista riesgo vital para la mujer "y no sea
posible dentro de la clínicamente exigible la protección de la vida del
concebido".
Gallardón:
"En el supuesto dramático del aborto, la mujer nunca es culpable, es
víctima"
Actualmente,
y desde el año 2010, la Ley
de Salud Sexual y Reproductiva garantiza a las mujeres el derecho a
decidir libremente la maternidad. Pueden abortar sin dar explicaciones hasta la
semana 14 de embarazo. A partir de entonces, y hasta la semana 22, pueden
hacerlo sólo si se aprecian malformaciones fetales o si hay riesgo para la
salud de la madre. Después de este tiempo, la interrupción del embarazo sólo
está permitida si un comité médico determina que hay una malformación grave o
incompatible con la vida.
Según ha
explicado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la ley
"libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche
penal" y "recupera el equilibrio marcado por el Tribunal
Constitucional en una sentencia de 1985". El ministro ha asegurado que la
nueva norma también aporta mayor seguridad jurídica a los profesionales que
practican el aborto. "En el supuesto dramático del aborto, la mujer nunca
es culpable, es víctima", ha sentenciado el ministro.
"Lo que
estamos haciendo es hacer bueno y efectivo el cumplimiento que marcó el
constitucional pero cuando existe de verdad un daño físico, un daño psíquico,
el hecho de que dos médicos tengan que certificarlo no es una limitación, sino
una constatación, porque si no fuesen en la misma dirección, el problema
no sería el informe, sino que no es el supuesto contemplado en la legislación",
ha añadido. Para Gallardón, "lo cabe dentro de este proyecto es hacer
depender el valor de la vida del nasciturus de la exclusiva voluntad de la
mujer embarazada cuando no concurre un conflicto con ningún interés
constitucional digno de protección y esa es la razón por la que en la nueva
legislación el sistema de plazos no se introduce".
Restricción a las menores de 17 años
No son las
únicas novedades del anteproyecto. Se elimina la posibilidad de que las
menores de 16 y 17 años se practiquen un aborto sin consentimiento de sus
padres y se reforma el sistema de consentimiento informado, de modo que las
mujeres tendrán que someterse tras recibirlo, a un periodo de siete días de
reflexión (el actual es de tres). Según el ministro, se busca que la mujer
reciba una información "asistencial, individualizada, verbal, no sólo por
escrito", de manos de "médicos y profesionales sanitarios y de
servicios sociales que tendrán que ser diferentes de aquellos que practiquen el
aborto". Además, "un colaborador del sistema público" ofrecerá
"asesoramiento social" sobre las alternativas a la interrupción del
embarazo.
En cuanto a
la regulación de la objeción de conciencia del personal sanitario, ha
avanzado que cualquier profesional que intervenga en el aborto podrá acogerse a
la misma "hasta el último momento" para "abstenerse" de
participar en la intervención. El ministro ha incidido en que la reforma
"recupera el amplio espacio de consenso" existente con la legislación
de 1985, que estuvo vigente hasta 2010 con sucesivos gobiernos del PSOE y el
PP, un acuerdo que los socialistas, a su juicio "rompieron
unilateralmente" obviando además la doctrina del Tribunal Constitucional,
"que se ha pronunciado hasta en tres ocasiones" para establecer que
entre dos bienes jurídicos a proteger en conflicto, el legislador debe buscar
el equilibrio.
Según los
últimos datos disponibles, en 2011 se produjeron un total de 118.359
interrupciones voluntarias del embarazo en España, un 4,7% más que en 2010. De
ellos, el 65,56% se produjo antes de las ocho semanas, y un 89,58% se llevaron
a cabo sin que la mujer alegara motivo alguno para abortar. En un 11,8% de los
casos las gestantes tenían menos de 20 años de edad (14.586, casi la mitad que
el grupo de edad más numeroso, de 20 a 24 años, que supone el 21,34%).
Protesta en Moncloa contra la "pérdida de
derechos de las mujeres"
Una veintena
de mujeres de la plataforma Decidir nos hace Libres se han concentrado
este viernes frente al complejo del Palacio de la Moncloa con pancartas en
favor del derecho a decidir sobre su maternidad, en las que reivindican el
"aborto legal y seguro" frente a la reforma de la legislación actual.
Las manifestantes han representado una performance para tender una
alfombra roja a "los derechos sexuales y reproductivos", derechos que
con la nueva legislación, estarán en su opinión, comprometidos, informa Europa
Press.
La portavoz
y presidenta de Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha afirmado que la
reforma "va a suponer un retroceso muy importante no solamente sobre los
derechos de las mujeres sino sobre la propia regulación del aborto".
"Si se cumplieran todos los anuncios que el Gobierno ha hecho al respecto,
estaríamos ante una legislación incluso peor que la que había antes en España.
Llevamos dos años trabajando y vamos a seguir haciéndolo para que cualquier
modificación que se quiera hacer se corresponda con la realidad social y las
opiniones sociales que existen sobre este tema, y no sobre planteamientos
meramente ideológicos", ha afirmado.
No es la
única protesta prevista para esta jornada en la que verá la luz, después de dos
años desde que se anunciara, la propuesta del Gobierno para reformar la vigente
Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Las
organizaciones de mujeres se han movilizado para convocar protestas en
distintas ciudades del país frente a delegaciones y subdelegaciones del
Gobierno, sedes locales del PP y en plazas significativas. La concentración
central tendrá lugar a las siete de la tarde en Madrid, frente al Ministerio de
Justicia.
Detrás están
distintas entidades, muchas aglutinadas bajo la llamada marea violeta,
junto a plataformas como la citada Decidir nos Hace Libres, de la que forman
parte 328 asociaciones, redes y ONG de todo el Estado, como la Federación de
Mujeres Jóvenes o la de Mujeres Progresistas, Católicas por el Derecho a
Decidir, UGT y Comisiones Obreras o Médicos del Mundo.
El
manifiesto de esta plataforma denuncia que la reforma acarreará "una
pérdida de derechos en salud sexual y reproductiva" que
"expondría a un mayor riesgo la salud y la propia vida de las
mujeres". Asimismo, condena "la lamentable argumentación decimonónica
que enfatiza como único derecho de la mujer el de la maternidad sin libre
elección" y "la arbitrariedad" que, aseguran, reina "en el
manejo y uso del concepto 'derechos'" cuando se trata de aborto.
"Denunciamos que la negación de los derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres conlleva el retroceso en cuestiones tan básicas como la educación
sexual o la mejora en el acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia.
Afirmamos, por el contrario, que sí hay derechos específicos de la mujeres en
salud sexual y reproductiva y debe haber, por tanto, derecho a prestaciones
específicas en la cartera nacional básica de servicios sanitarios", reza
el texto.
Fuente: www.publico.es
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