El experto de Jueces para la Democracia
José Luis Ramírez destaca que la Ley de Seguridad Ciudadana cierra el
"círculo de criminalización del ejercicio de derechos fundamentales"
EFE Madrid 14/12/2013
17:28 Actualizado: 14/12/2013 17:43
Varios
jueces, catedráticos de Derecho y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han
celebrado este sábado una jornada en la que han criticado las reformas del
Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana propuestas por el Gobierno de
Mariano Rajoy porque suponen "criminalizar" a los ciudadanos y
"cercenar los derechos".
UGT y
Comisiones Obreras han celebrado esta mañana la jornada "Derechos y
Libertades ante las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad
Ciudadana", en la que han participado representantes de tres asociaciones
de jueces, una de fiscales y cuatro catedráticos de Derecho.
Al
encuentro, celebrado en el Círculo de Bellas Artes, ha acudido el diputado de
Izquierda Unida Gaspar Llamazares, quien al igual que los intervinientes ha
criticado duramente ambas reformas.
El
representante de Jueces para la Democracia José Luis Ramírez ha explicado que
"la Ley de Seguridad Ciudadana es la válvula de cierre del sistema que
diseña el proyecto de Código Penal", de manera que "se cierra el
círculo de la criminalización del ejercicio de los derechos
fundamentales".
Ramírez ha
subrayado que la subida de las tasas "ha generado un descenso de cerca del
40% en el ingreso de asuntos contencioso-administrativos", mientras la
futura Ley de Seguridad Ciudadana tipifica más infracciones, por lo que
"los ciudadanos van a ser sancionados pero no van a poder recurrir porque
tendrán que pagar tasas".
En su
opinión, la reforma del Código Penal es "innecesaria" y por lo tanto
"ilegítima" y "profundiza en la marginalización de la
sociedad", creando la figura de "un nuevo tipo de delincuente: el
disidente político".
Desde la
Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero ha sostenido que
las reformas planteadas "atentan contra derechos fundamentales de las
personas, criminalizan ciertas conductas sociales y tienen un contenido
marcadamente ideológico y político".
En su
opinión, el Código Penal "no se puede reformar porque un partido
quiera", sino que es necesario un consenso social, y ha criticado
especialmente que introduzca "la cadena perpetua, aunque ellos lo
llamen de otra manera", porque esto "no tiene cabida en la
Constitución".
En cuanto a
la Ley de Seguridad Ciudadana, Sexmero ha dicho que lo más llamativo es
"la criminalización por vía administrativa, con multas altísimas" por
asistir a manifestaciones no comunicadas oficialmente, de manera que
"cualquier ciudadano se verá abocado a no protestar o a no salir a la
calle".
El secretario
de Participación Sindical de UGT, Frederic Monell, ha sostenido que el PP
"introduce una penalización de una intensidad desconocida, con
violentación clara de algunos preceptos constitucionales".
"Hay
una criminalización no solo desde el punto de vista legal y jurídico, sino
también desde el punto de vista económico, y da la impresión de que se pretende
que el ciudadano desista de ser activo y desista de una actitud de protesta
que no deja de ser democrática, ante un conjunto de políticas muy agresivas
tanto en el plano laboral como en el social", ha añadido.
En la misma
línea, el secretario confederal de Estudios de CCOO, Rodolfo Benito, ha
sostenido que la Ley de Seguridad Ciudadana "pretende diezmar y cercenar
una parte fundamental de lo que es la esencia de las libertades públicas en
España, que es el derecho de manifestación".
En lo
referido al Código Penal, Comisiones Obreras cree que "penaliza e intenta
buscar vías de represión sobre conflictos eminentemente laborales".
El diputado
de IU Gaspar Llamazares ha afirmado que "si se lleva adelante la reforma
del Código Penal autoritario del PP y la ley de inseguridad ciudadana nos
encontraremos ante un declaración de estado de excepción en las calles".
Para
Llamazares, el punto más negro del Código Penal es la prisión permanente
revisable, que "significa introducir la cadena perpetua por la puerta de
atrás".
En cuanto a
la Ley de Seguridad Ciudadana, ha dicho que hará que el derecho de
manifestación "sea una suerte de trinchera en la que es muy difícil no
encontrarse con una bomba lapa o con cualquier tipo de artefacto, porque
ejerces tu derecho y no sabes si al día siguiente te va a llegar a casa una
multa de 300, 30.000 o 600.000 euros".
Fuente: www.publico.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario