Informe político de
Red Roja. Coordinadora Estatal, septiembre de 2013
Artículos de Opinión | Red Roja |
09-09-2013 |
1. La importancia política de partir de una caracterización rigurosa de la
crisis desde la perspectiva global del proceso de acumulación capitalista.
La mayor parte de los
análisis realizados desde organizaciones de izquierda, incluidas algunas que se
consideran “marxistas”, identifican como causas de la crisis, por un lado la
codicia desmedida y la corrupción que han generado la especulación inmobiliaria
y el estallido de la burbuja financiera, y por otro las políticas de recortes que
han reducido la capacidad adquisitiva dando inicio al conocido círculo vicioso,
y ahora presente en el Estado español, de contracción de la demanda y recesión
económica.
En consecuencia, se
reivindica una inyección importante de inversión pública, una especie de nuevo
Plan Marshall para el sur de Europa, que serviría para estimular la economía,
se generaría empleo, aumentaría la demanda y volvería el “Estado del
Bienestar”. Este análisis reduccionista, que toma en cuenta sólo la apariencia
sin llegar a la raíz del asunto, es el que se difunde masivamente por los
medios de comunicación como el propio de la “izquierda, los sindicatos y los
movimientos sociales”.
Estas interpretaciones
no sólo expresan una falta de rigor fácilmente demostrable, sino que tienen
consecuencias políticas graves para los intereses de clase de las y los
trabajadores porque, siguiendo esta línea argumental, por ejemplo, la solución
sería que el pueblo votara masivamente opciones de “izquierda” contra los
“recortes” de Rajoy y el tema estaría resuelto.
El problema es de otra
índole y las soluciones hay que buscarlas en un camino mucho más complejo que
sólo en lo electoral.
2. Crisis general del capitalismo.
El asunto es muy
diferente. Estamos ante la mayor crisis estructural de la historia del
capitalismo, cuyas manifestaciones apenas han comenzado a emerger, porque aún
queda mucho en lo que se refiere a la masiva destrucción de capital que
caracteriza a toda gran crisis.
Aunque el factor
desencadenante de la crisis, la cadena de quiebras bancarias en EE.UU y la UE,
se manifestó abruptamente en 2007, como consecuencia del impago de créditos
hipotecarios, las causas de fondo remiten a procesos identificables en la
totalidad de la geografía mundial, de calados diversos y anteriores en el tiempo.
Es una crisis general
del capitalismo como modo de producción, que afecta a todas las formas de
existencia del capital en la esfera internacional, en sus áreas financiera,
productiva y comercial, por lo tanto de dimensiones mundiales, y que sigue profundizándose.
La derivación de
grandes masas de capital excedente de sus ramas originarias al sector
inmobiliario y la generación de la correspondiente burbuja especulativa, no son
las causas sino las consecuencias – necesarias para continuar con la reproducción
económica a nivel mundial – de la insuficiente rentabilidad del capital como
para impulsar su acumulación.
Es la incapacidad del
sistema para producir plusvalor suficiente en la mera esfera productiva -que
empieza a ponerse de manifiesto en la crisis que comienza en los años setenta-
la que ha generado una huída masiva de la inversión hacia el ámbito
inmobiliario y puramente financiero-especulativo. La crisis es esencialmente
una crisis de valorización. Desde hace más de cuatro décadas, a nivel mundial y
en forma no uniforme, no se crea suficiente plusvalor en el sector productivo
en relación con el stock de capital que se debe valorizar; un capital que,
además, no sólo busca valorizarse, sino hacerlo a tasas (en proporciones)
crecientes con respecto al ejercicio anterior.
La enorme burbuja
especulativa es la que ha permitido la continuación de la reproducción
económica a nivel mundial. Por supuesto que hay que señalar desde ya que, como
la riqueza tiene que tener una base real, esa reproducción económica ha estado
implicando, en gran medida, un desplazamiento forzado de la crisis desde el
centro del sistema a su periferia mediante, precisamente, la dictadura de los
empréstitos internacionales y el mecanismo de la deuda ejercidos por
organizaciones imperialistas que han supuesto el saqueo “gratuito” durante
décadas del llamado Tercer Mundo.
En todo caso, hay que
destacar que esta es la primera crisis del capitalismo que se produce sin que
el dinero o los activos financieros se vinculen a ninguna medida establecida
del valor, como el oro. Su papel lo ocupa el dólar, que carece de valor en sí
mismo, excepto que lo respalda el inmenso poderío militar del imperialismo
norteamericano y sus socios; estos, mayormente obligados por razones
extraeconómicas, como ocurrió durante la Guerra Fría.
Este hecho
trascendental, junto a la desregulación general del movimiento de capitales y
la eliminación de los controles sobre la concesión de créditos, ha facilitado
la creación de cantidades inmensas de capital ficticio[1], creando la enorme
burbuja de sobreproducción de capital cuyo estallido origina el colapso
financiero que se inicia en 2007.
La respuesta del
capital a la crisis iniciada en los años 70, y en plena expansión, son las
llamadas políticas neoliberales destinadas a intentar recomponer las
condiciones de acumulación; unas políticas que, finalmente, no podían dejar de
afectar de lleno al propio “Primer Mundo”.
Sus características
fundamentales son:
el enorme despliegue mundial del capital
financiero
extensión a nivel mundial (“globalización”) de
la ley del valor
expolio del sector público con privatizaciones
masivas, primero de empresas y después de servicios públicos.
liquidación de derechos laborales, caídas
salariales y precarización de las condiciones de trabajo.
desfiscalización progresiva de las rentas del
capital e incremento de los impuestos indirectos.
drástica reducción del gasto público en
servicios sociales mediante la imposición de políticas de déficit cero.
concentración de capital mediante la desposesión
de la propiedad de particulares (desahucios).
Estas políticas han
producido importantes fases de expansión basadas en un crecimiento sin
precedentes de capital ficticio y, como ya hemos apuntado, en la exportación de
la crisis desde los años 80 desde las grandes potencias a la periferia en una
especie de “crisis boomerang”[2]que ahora estaría regresando con fuerza
amplificada.
Sin embargo, en los
países más industrializados, y a pesar del enorme retroceso de los salarios y
de las condiciones de trabajo de la clase obrera[3] y aunque los avances
tecnológicos han seguido contribuyendo a aumentar la productividad, los
capitalistas no logran revertir la tendencia del descenso de la tasa de
ganancia y, además, han agravado la crisis energética.
La destrucción y
concentración de capital ha estado marcada por las privatizaciones masivas,
tanto en países centrales como periféricos, de empresas públicas a precio de
saldo, convirtiendo el monopolio estatal en privado, transformando a esas
empresas – que producen recursos, bienes y servicios considerados como
esenciales o estratégicos- en fuente directa de beneficios privados, y por
tanto, convirtiendo al usuario en clientela cautiva.
Estas privatizaciones
han sido, igualmente, un importante instrumento para liquidar empleo de calidad
y precarizar las relaciones laborales de forma generalizada. Así mismo
evidencia cómo en medio de la destrucción de capital aparecen “nichos de
negocio”, siempre vinculados a la parasitación de recursos y servicios públicos,
como muestra la última oleada de privatizaciones centrada en la sanidad y la
educación.
Como hemos visto, la
creación de dinero sin referencia en valor alguno que no sea el dólar, la
eliminación de los límites a la libre circulación de capitales y la desregulación
financiera, así como la especulación inmobiliaria que llevan aparejada,
hicieron crecer exponencialmente las cadenas de intermediarios hipotecarios,
fondos de pensiones, empresas aseguradoras y también los gastos militares
haciéndolos aún más exorbitantes.
Todo ello no es, como
hemos visto el origen de la crisis, aunque obviamente contribuyó a
amplificarla, sino que permitió poner en circulación masas de dinero que no
encontraban inversión rentable.
Hay que insistir,
pues, en que la causa esencial que subyace bajo los fenómenos financieros y
especulativos es la insuficiente creación de valor en la esfera productiva; en
definitiva, la inexorable actuación de la ley de la tendencia decreciente de la
tasa de ganancia, que Marx descubrió.
La superposición de la
crisis medioambiental, energética, y la del capital financiero, productivo y
comercial permite calibrar las gigantescas dimensiones de la actual crisis
global, cuya destrucción de capital – que en casos anteriores de profunda
crisis se realizó mediante guerras mundiales – aún no ha llegado a su momento
álgido.
En este sentido, la
situación de desestabilización internacional es muy alarmante. El accionar
imperial en Iraq, Afganistán, Libia, y otros no pocos lugares invadidos para su
saqueo, viene trazando el camino que ya atraviesa las tierras de Siria para
seguir mañana quién sabe dónde, y que nadie puede aseverar que no sea una
conflagración mundial de resultados imprevisibles dado el arsenal atómico listo
para ser utilizado (ver el último Comunicado de Red Roja sobre Siria)[4]
3. El imperialismo alemán, el TSCG y los políticos lacayos.
La profundización en
la recesión en el Estado español y en el conjunto de los PIIGS, se acompaña de
la implementación de mecanismos legales que dinamitan los cimientos y los
límites del aparato jurídico asociados a la democracia burguesa
El Estado español está
inmerso en su segunda recesión desde el inicio oficial de la crisis, con ocho
trimestres seguidos de decrecimiento. Los últimos datos ofrecidos por el INE en
agosto de 2013 son los siguientes.
El imperialismo
europeo, que cada vez hegemoniza en mayor medida la banca y las grandes
empresas alemanas (Alemania es el segundo país exportador del mundo, por detrás
de China y por delante de EE.UU.) representadas por el estado germano, está
utilizando la crisis para reforzar su poder, utilizando a fondo su control
sobre la UE y el BCE para imponer brutales políticas de ajuste.
La crisis inmobiliaria
y financiera está siendo aprovechada para llevar a cabo una acelerada
concentración de capital en el plano estrictamente bancario. En el Estado
español los grandes bancos absorben a los pequeños – acabando prácticamente con
las Cajas de Ahorro - al tiempo que la gran banca alemana penetra cada vez en
mayor medida a los grandes bancos “nacionales”.
3.1. La deuda como tenaza.
Al mismo tiempo, la
financiación con dinero público de los agujeros bancarios, en proporciones
gigantescas (el Estado español ha transferido a la banca más de 200.000
millones de euros, el 20% del PIB), ha transformado en deuda pública la deuda
bancario-hipotecaria. Esa deuda pública es la tenaza que utiliza el gran
capital –a través de la UE y el BCE– para imponer brutales mecanismos de ajuste
estructural a los países más débiles del euro, exactamente igual que hizo el
FMI con los países “subdesarrollados”, tal como se ha indicado antes.
En el marco de una
intensa caída de los ingresos del Estado causada por la recesión y con un
sistema fiscal que desgrava escandalosamente las rentas del capital (además de
permitir el fraude en gran escala de las grandes fortunas y las grandes
empresas, así como la masiva evasión de capitales), lo que se paga como deuda -
capital más intereses - alcanza proporciones gigantescas (en 2013 se pagarán
190.000 millones de euros, el 19% de toda la riqueza producida). Los acreedores
son los mismos bancos que han recibido enormes cantidades de dinero público y
que se financian a través del BCE al 0,5% de interés y compran deuda del Estado
al 5, 6 y hasta 7%.
3.2. El nuevo artículo 135, el TSCG y la Ley 2/2012
Bajo amenaza de
quiebra, fácilmente creíble cuando quien sube la prima de riesgo es el mismo
gran capital que pretende imponer a los Estados sus políticas, el gobierno PSOE
y su aliado el PP realizaron la Reforma Constitucional del artículo 135 el 30
de agosto de 2011, que da prioridad absoluta al pago de la deuda y de sus
intereses sobre cualquier otra partida de gasto.
Estaba entonces
gestándose el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión
Económica y Monetaria (TSCG) que vería la luz el 2 de marzo de 2012. El TSCG
obliga a “las partes contratantes” - los estados miembros cuya moneda es el
euro – a introducir la “regla del equilibrio presupuestario”, que incluye
medidas correctoras “automáticas y permanentes” en caso de incumplimiento y
grandes multas al Estado miembro que incumpliere algunos de sus preceptos.
El Tratado establece
también “la obligación de la Partes Contratantes de trasponer la regla del
equilibrio presupuestario a sus ordenamientos jurídicos nacionales, mediante
disposiciones vinculantes, permanentes y preferentemente de rango
constitucional”
Para dar una idea de
su infame servilismo, basta observar que el tándem PSOE y el PP ejecutó lo
dispuesto en el Tratado seis meses antes de que se aprobara y mediante la
reforma constitucional que este simplemente recomienda.
El TSCG es votado en
el Congreso por: PP, PSOE, PNV, CiU, CC y UPyD.
La Ley Orgánica 2/2012
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que supuestamente
obedece al mandato del nuevo artículo 135 de la Constitución y que en realidad
desarrolla punto por punto el TSCG, se remite por el Gobierno al Congreso al
día siguiente de la aprobación de dicho Tratado.
La Ley 2/2012 supone
el mayor sojuzgamiento imaginable ante el menor atisbo de soberanía de los
gobiernos del Estado, de las CC.AA y de los Ayuntamientos, y su aplicación se
hace extensiva también a la Seguridad Social.
En un contexto de
profunda crisis y por lo tanto, como decíamos, de intensa caída de ingresos de
las Administraciones Públicas (AA.PP.), esa Ley establece en su Artº 1 la
obligatoriedad de que el déficit estructural (que equivale a los gastos
sociales) sea cero, o que haya superávit, y que la deuda no supere el 60% del
PIB. Todo ello a perpetuidad.
Teniendo en cuenta que
en 2012 el déficit estructural fue del 5,9%, 600.000 millones de euros,
reducirlo a cero en 2020, o en 2018 como pretende el Gobierno, supone dar un
hachazo demoledor y permanente al empleo y a los servicios públicos de sanidad,
educación, servicios sociales y pensiones.
La Ley cierra además
cualquier escapatoria, estableciendo férreos mecanismos “preventivos”,
“correctivos” y “coercitivos” para obligar a su cumplimiento. En el caso de
rebeldía del gobierno autonómico o local correspondiente –o sea, si persiste en
el empeño de anteponer la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía al
déficit y la deuda- “se considerará su gestión gravemente dañosa para los
intereses generales y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación
Local incumplidora”. Artº 26.3. En el caso de que fuese un gobierno autonómico
“el Gobierno del Estado podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la
Comunidad Autónoma ”. Art 261. Es decir, supone la intervención total,
equivalente a la disolución de sus órganos
Las fuentes de derecho
a las que se refiere esta Ley son exclusivamente el Artº 135 de la Constitución
y el TSCG.
Esta Ley fue votada
por PP, CiU, UpyD, Foro y UPN. El PSOE no la votó, no porque no defendiera lo
esencial, que deriva del Artº 135 y del TSCG, que apoyó con su voto, sino
porque defendía que el déficit estructural debía ser el 0,4% del PIB y no cero.
Aunque esta Ley será
objeto de un Informe específico de Red Roja, es evidente que ya podemos afirmar
que las tres normas (Artº 135, TSCG y Ley 2/2012) constituyen un golpe de
estado contra toda la normativa anterior, incluido el Artº 1º de la
Constitución que establece el Estado Social y Democrático de Derecho.
Es la recentralización
sin ambajes del Estado, el final de la soberanía.
Cuando Lenin decía que
empiezan a darse condiciones revolucionarias cuando los de arriba no pueden
seguir gobernando como lo hacían y que esas situaciones aparecen con fuerza en
las grandes crisis económicas del capitalismo, sabía lo que decía.
Es evidente que esta
tríada normativa dinamita los límites y los fundamentos que se consideran
propios de la democracia burguesa. La pérdida de rentabilidad del capital y la
lucha feroz por los beneficios dirigida contra el sector público y contra las
rentas de la clase obrera llevan a la burguesía a arrancarse la máscara de la
supuesta democracia.
Más allá de la
denuncia del no reconocimiento del Derecho de Autodeterminación, es evidente
que, no ya los pueblos de las acionalidades, sino ni siquiera quienes ostentan
la representación popular, mediante un sistema electoral más que amañado,
tienen capacidad alguna de decidir el gasto del dinero público que proviene,
prácticamente en exclusiva de los impuesto que pagamos las y los trabajadores.
Cualquier rastro de
legitimidad democrática que pudiera quedarle a la Constitución de 1978 queda
destruido. No obstante, todo queda atado y bien atado: la suma de los diputados
que se opusieron a la Reforma es inferior a 50, número mínimo exigido para
presentar Recurso de Inconstitucionalidad.
Y lo que es más grave,
ni los sindicatos mayoritarios, ni los partidos de la izquierda institucional
que votaron en contra han desarrollado campaña alguna destinada a explicar la
enorme trascendencia de esta tríada normativa, a una población inquieta y
movilizada, pero aún, sin una dirección claramente identificada en la defensa
de los intereses históricos de las y los trabajadores: el socialismo.
La desvergüenza y la
hipocresía de seguir denunciando “los recortes del PP” sin apuntar al PSOE y
demás partidos cómplices sirven a la principal función que hace décadas
cumplen: evitar que los pueblos se enfrenten al imperialismo europeo, al
sistema capitalista y a los partidos que los sostienen. Su lema “todos contra
el PP” pretende abonar la vuelta, no ya del “Estado del Bienestar” – que saben
mejor que nadie que es imposible - sino el regreso de un hipotético gobierno
“amigo” PSOE-IU, más generoso en subvenciones.
Criminales y cómplices
pretenden ocultar un hecho cada vez más evidente. El capital, ante una
gigantesca destrucción y concentración de empresas, que no ha hecho más que
empezar y que está generando un monumental ejército de reserva de desempleados
y desempleadas, ha decidido prescindir de los gastos de reproducción de una
fuerza de trabajo, que a medida que sucumba, puede ser fácilmente sustituida.
4. Y cuando los de abajo no aceptan ser dominados como antes.
La contradicción
fundamental es la propiedad privada de los medios de producción y la
proletarización masiva del trabajo y se manifiesta con más agudeza que nunca
por la incapacidad del capitalismo para dar solución a las condiciones mínimas
de supervivencia para millones de trabajadores y trabajadoras. La contradicción
principal ahora a tener en cuenta es la brutal conculcación de derechos
sociales y laborales para pagar la deuda, que, por lo demás, acrecienta, agrava
y enquista una más que deficiente situación socio-laboral que ya venía siendo
soportada por importantes sectores de la población trabajadora desde antes del
estallido oficial de la crisis.
La intensa degradación
de las condiciones de vida de millones de personas empieza a reflejarse, de
forma insólitamente rápida, en los indicadores de salud. La esperanza de vida
al nacimiento se redujo en 2011 y 2012 tanto para hombres como para mujeres,
por primera vez en la serie histórica.
El número de
nacimientos acumula una caída desde 2008 del 12,4%, situación que no se
producía desde la Guerra Civil.
La Tasa de Suicidios
se incrementó un 8% entre 2005 y 2010. Los intentos de suicidio han aumentado
en un 25% (200 por día). La relación con el impacto del brusco deterioro de las
condiciones de vida es evidente. En Grecia la Tasa de Suicidios aumentó en un
40% en 2011 y ha pasado de ser el país con menor suicidio de la UE a colocarse
el primero de la lista.
La mortalidad por
clase social, imposible de analizar en el Estado español por carecer de datos,
se muestra indirectamente en un estudio que refleja las enormes desigualdades
sociales en la mortalidad prematura, es decir, perfectamente evitable, tanto
para hombres como para mujeres. Las enfermedades cardiovasculares, infartos
cerebrales, diabetes e hipertensión se ceban especialmente con las regiones del
sur. Así mismo refleja el aumento de mortalidad por varios tipos de cáncer en
los pueblos con minas de carbón. Este estudio analiza datos entre 1984 y 2004.
Estremece pensar lo que está sucediendo ahora.
El Defensor del Pueblo
de Cataluña ha denunciado que cerca de 50.000 niños catalanes tienen
"severas" privaciones alimentarias fruto de la pobreza de sus
familias y 751 menores de 16 años sufren desnutrición, con una media de edad de
cuatro años y el 25% de ellos bebés. El 56% son niños de nacionalidad
extranjera. De otras Comunidades Autónomas no hay datos.
El hecho evidente,
reflejado de forma permanente a lo largo de la historia, de que la clase obrera
paga – no solamente con bajos salarios y peores condiciones de vida – sino con
su salud y con su vida toda la constelación de factores económicos, políticos,
sociales y culturales que explotan y oprimen a quienes día a día crean con su
trabajo todas las cosas, debe convertirse en un instrumento más de conciencia y
de lucha.
La tarea esencial es
hacer visible para la mayoría de la clase obrera y sectores populares, que el
problema principal no es Rajoy, que con unas elecciones se resolvería, sino que
el enfrentamiento debe, inevitablemente, apuntar a Berlín y a Bruselas. No hay
alternativa dentro de la UE y del euro, ni va a venir de fuerzas políticas
institucionales que no cuestionan ese marco.
Asistimos ahora a una
crisis anunciada de las formas de movilización social. Red Roja lo ha venido
señalando. Pese al valor enorme en términos de movilización social de fenómenos
como el del 15M, las Mareas o, antes, el movimiento anti-globalización. Esos
movimientos han expresado de manera general el descontento masivo de un pueblo
desorganizado. Sus límites son evidentes. No hay un programa político capaz de
construir un poder alternativo, y no son capaces de avanzar en la
imprescindible organización desde la base. Las movilizaciones tienen que ser
expresión de la acumulación de fuerzas o se desmoronan.
5. El reformismo y la construcción del referente político.
Las expectativas de
subida electoral de IU y la posibilidad, acariciada por sus dirigentes, de un
gobierno en coalición con el PSOE, plantea la necesidad de poner sobre el
tapete las contradicciones de dicho proyecto. Ante esa probabilidad, IU ha
puesto en marcha la construcción de una coalición con organizaciones sociales y
políticas de un frente electoral. No tienen aún programa definido pero hablan
de “crear una banca pública” (¿sin expropiación de la banca privada?, ¿con
nuestros ahorros?), de hacer una auditoría para no pagar la “deuda ilegítima”;
no hablan no ya de la UE o del euro, sino tampoco del TSCG, ni de la Ley
2/2012.
Uno de sus problemas
más graves es su ignorancia del problema nacional de los pueblos del Estado
español. Ello les hace caer, en una situación en la que el Estado se desmorona
ante la extensión de la reivindicación de soberanía e independencia, en el
españolismo más ramplón. El Frente Cívico no sólo no menciona siquiera el
Derecho de Autodeterminación en su propuesta de diez puntos, sino que habla de
una reforma electoral que instaure la proporcionalidad en todo el Estado, con
las autonomías como circunscripción y un colegio nacional de restos.
El problema de fondo
es que, aunque hicieran un programa de ruptura con el régimen de la Transición
o de no pago de la deuda, ¿qué credibilidad tendrían si su expectativa de gobierno
es una coalición con el PSOE, representante directo del gran capital español y
del imperialismo europeo?
Las importantes
expectativas de voto de IU expresan lo que en otros periodos históricos, de
profunda crisis general como el que vivimos, se ha producido. Las masas
populares, que están tomando conciencia de que no pueden seguir viviendo en las
condiciones actuales, antes de enfrentarse a la necesidad imperiosa de
organizarse en torno a un programa político que sirva de línea de demarcación
frente al capitalismo español y al imperialismo europeo, optan por la ilusión
de reformarlo.
La tarea fundamental
de la izquierda coherente es explicar a la clase obrera y a los pueblos del
Estado español que no hay salida alguna con organizaciones políticas que no
planteen la necesidad de prepararse para enfrentar lo que es la línea de
demarcación insoslayable para cualquier proyecto emancipatorio creíble: el no
pago de la deuda, la salida del euro y de la UE. Y lo que es más importante,
que para ello es preciso construir el poder popular, independiente de los
grandes poderes políticos y sindicales, que como el PSOE o los sindicatos
mayoritarios, son los principales baluartes de las clases dominantes para
impedir que la clase obrera y los pueblos se organicen para conseguir sacudirse
el poder que los sojuzga y explota.
Estamos ante un cambio
de ciclo en la lucha social. Cada vez más gente percibe que las formas de
movilización experimentadas hasta ahora no son efectivas y que hay que buscar,
a partir de la permanente movilización, otras nuevas.
La tarea inmediata es
la organización del movimiento popular en torno a programas políticos en línea
con los que van expresándose en iniciativas como la UPK en Madrid[5], las CUPs
en Cataluña y en otras partes del Estado español con militantes proponiendo
desde la base en el accionar diario. Junto a esto urge la creación de comités
de barrio y de comités obreros, que aglutinen de forma unitaria a las y los más
conscientes, para enfrentar los problemas locales y las cuestiones de
supervivencia de forma solidaria, incluyendo de forma prioritaria las y los más
golpeados y especialmente a las y los inmigrantes.
El trabajo es arduo,
pero el desarrollo de las contradicciones de esa izquierda timorata, que nunca
va a resolver los problemas fundamentales del pueblo trabajador, junto a la
tarea constante de ir construyendo organizaciones obreras y populares con la
gente más consciente, que cada vez serán más, y a través de la construcción de
nuevas formas de lucha, más poderosas a medida que las contradicciones se
agudicen, es el único camino.
Nuestro objetivo no es
aislarnos con los revolucionarios más puros, sino demostrar en la práctica de
la movilización obrera y popular -poniéndonos a la cabeza de las tareas más
concretas y siendo los primeros y las primeras en la lucha en el seno del
movimiento popular- el compromiso y la superioridad de nuestras propuestas; en
definitiva, su mayor utilidad para los intereses reales del pueblo, Es un
combate en el que las propuestas que defendemos deben disputar – cuerpo a
cuerpo y día a día – con el reformismo la hegemonía en el movimiento popular, y
conseguir que las posiciones revolucionarias aparezcan como las más sensatas y
adecuadas.
6 de septiembre de 2013
[1] “Más del 95% de
las transacciones financieras internacionales son estrictamente especulativas y
con un plazo promedio de 48 hs. El monto de estas operaciones alcanza a 20
veces el PIB mundial. Su dimensión es de 1.200 billones de dólares”.http://www.argenpress.info/2013/06/...
[3] Relacionados,
entre otras cosas, con la importante presión a la baja derivada de la
incorporación de la clase obrera de los países del Este, de China y de la
India, calculada en torno a 1.500 millones de personas, al mercado de trabajo
mundial.
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