La instructora
lamenta el escarnio mediático que supone la inculpación antes de que el
Tribunal Supremo se pronuncie, pero dice que un artículo de la ley le obliga a
ello aunque su aplicación sea infrecuente
PUBLICO/AGENCIAS Sevilla 10/09/2013 13:23 Actualizado: 10/09/2013
20:27
Manuel Chavez y José Antonio Griñán,, durante la
toma de posesión de Susana Díaz como nueva presidenta de la Junta de Andalucía.EFE.
La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla
que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE)
fraudulentos, Mercedes Alaya, ha
dictado un auto este martes en el que comunica a los expresidentes de
la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves que se les abre
procedimiento en la causa en calidad de imputados.
En el auto, la juez Alaya también comunica la misma
situación para cinco exconsejerosandaluces: la exconsejera de Hacienda y
Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; el del Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, Antonio Ávila; el diputado en el Congreso por Sevilla y
exconsejero de Empleo, José Antonio Viera; el exconsejero de Empleo, Manuel
Recio; y el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo.
Pese a otorgarles la calidad de imputados, la propia juez
sostiene que su decisión no supone una imputación judicial formal de acuerdo a
la doctrina del Supremo, sino que pretende dar armas al 'querellado' para
defenderse de las acusaciones, en aplicación del artículo 118 de la Ley que
regula el proceso penal. Un artículo que la juez reconoce que se aplica muy
poco, y que critica por, entre otras cosas, multiplicar de forma
lamentable los efectos mediáticos negativos para los inculpados.
Estas imputaciones, que eleva a 123 el número de personas
acusadas en el caso de los ERE, se producen el mismo día en el que
el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía toma posesión y tres días después de
que lo hiciera Susana Díaz como jefa del Ejecutivo regional tras la marcha de
Griñán.
La juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya,
acuerda "comunicar la existencia del presente procedimiento, en calidad de
imputados a tenor del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal",
a las citadas personas, por su presunta relación con el "uso
ilegal y continuado de fondos públicos" investigado.
La juez insiste en que ella no puede realizar la imputación
formal de Chaves, Griñán y el resto, pero añade que, someramente, sobre las
personas aforadas debe decir que "determinadas actuaciones procesales
contendrían cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de
prevaricación y malversación entre otros".
La instructora explica que de momento no va a enviar al
Supremo o al TSJ de Andalucía una exposición razonada individualizando
"la conducta delictiva concreta de los aforados", o indicios o
principios de prueba de sus acusaciones, y da a entender que antes va a agotar
otras diligencias de investigación.
No obstante, recuerda que, tal como dijo la Audiencia de
Sevilla en un auto de julio pasado que respaldó la actuación de Alaya, los
aforados que hasta ahora hayan tenido un "conocimiento mediático de la
causa" pueden personarse e incluso "solicitar su declaración
voluntaria ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo sin esperar al
suplicatorio de dicho tribunal ante las Cámaras a las que hubieren
pertenecido".
Según el auto, en la causa se investigan sobrecomisiones a
las mediadoras que gestionaban los ERE o llevar a cabo, "a cambio de ciertos
favores, las modificaciones presupuestarias que permitieron, en términos
indiciarios, desde abril del año 2000 ese uso ilícito de fondos públicos a
través de la utilización palmariamente irregular de las transferencias de
financiación".
Fuente: www.publico.es
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