30/08/2013 - 17:22h
"Son datos extraordinariamente positivos", afirmaba este
mismo jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, después de
valorar la sucesión de incendios forestales que está sufriendo Galicia, y el
propio dispositivo de prevención y extinción, del que destacó su
"eficacia" y "coordinación", al tiempo que volvía a incidir
en la intencionalidad de los fuegos. Sin embargo, sus palabras han sido
contestadas de forma contundente este viernes por la Plataforma en defensa del
Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios Forestales, que agrupa a los
principales sindicatos y comités de empresa de los diferentes medios que actúan
en la lucha contra los incendios forestales en Galicia (CCOO, CIG, CNT, UGT,
Comités del SPDCIF de la Xunta de Galicia, Comités de Empresa de SEAGA,
brigadas municipales, Tragsa y Natutecnia).
Todos ellos inciden en la "descoordinación" y el "caos"
que se está viviendo estos días en los montes gallegos, ante la fragmentación
de los equipos de extinción y la limitación de sus recursos. Fernando García
(CIG) denunció que "tenemos un dispositivo fraccionado en una miríada de
entes y administraciones actuantes en el incendio" y apuntó que "eso
depende de una medida política", una medida política que se adopta
"porque este año se quisieron devolver competencias a los ayuntamientos
para pagar favores políticos y que los alcaldes lo puedan rentabilizar en
votos. Los ayuntamientos están en crisis y necesitan este tipo de actividades
para contratar a quien quieran. Aquí se emplea dinero público para pagar
favores políticos y por eso arde el monte".
García hizo a Núñez Feijoo responsable de la situación y afirmó
que frente a las informaciones que remiten a la existencia de una "banda
organizada, con un mismo modus operandi en los fuegos de Boiro y Ribeira",
la "única banda organizada responsable de los fuegos es la que diseña las
políticas forestales de Galicia". "En términos políticos el pirómano
es Feijoo. El pirómano es el responsable inmediato, pero si la Xunta no toma
las medidas necesarias, es el responsable mediato. El monte arde porque quien
tiene el poder político impide que se apague", subrayó. Y echó mano de las
declaraciones del propio Feijoo en 2006: “Debería haber un dispositivo único y
un mando unificado en el que se coordinen todos los medios autonómicos,
estatales, locales y un verdadero gabinete de crisis permanente”.
María José Fuentes (CC.OO.) criticó que la consejera de Medio
Rural, Rosa Quintana, “vaya a hacerse fotos” y reduzca el problema a la
existencia de incendiarios: “los fuegos siempre fueron intencionados, ahí están
los estudios y los datos año tras año. De lo que se trata es de que haya un
trabajo de prevención y un dispositivo de extinción eficaz”. Fuentes también
pidió “un gran pacto social y político, en el que estén los partidos, los
sindicatos y todas la entidades que estén relacionadas por su actividad con el
monte, para conseguir una política de prevención real, un plan forestal para
poner en valor el monte y se fije población en el rural, pues la explotación
del monte y su rentabilidad económica es el primer instrumento de prevención
contra el fuego”.
Entre las ineficiencias del dispositivo, destacaron la
externalización de actividades para empresas privadas como Natutecnia, o el uso
que de las brigadas municipales se hace en muchos ayuntamientos, "una
muestra del modus operandi feudal del PP", que en muchos casos -denuncian-
se ocupan de labores no relacionadas con la protección de los montes. También
se criticó que "la UME aparece como los grandes salvadores en todos los
incendios, y en cambio cuando se ven imágenes de ellos aparecen a pie de pista
y con las fundas limpias", denunciando "una ocultación del personal
que realmente apaga el fuego". "Los trabajadores no queremos
felicitaciones del presidente de la Xunta", dijo María José Fuentes,
"lo que queremos es que se pongan todos los medios para que haya un
dispositivo único, público y profesional que sea gestionado directamente por la
Xunta de Galicia".
De igual manera, se pusieron en entredicho las cifras ofrecidas
por la Xunta, que destacó que hay alrededor de siete mil personas trabajando en
las labores de extinción. Calculan que esta cifra no es superior a las 4.500
personas, pero afirman que no es posible conocer el número exacto, pues muchas
de las vacantes en las brigadas municipales no se llegaron a cubrir. Por
ejemplo, Fuentes recordó que en Oia el 20% de los puestos estaban vacantes. En
este sentido Peter Brea (Seaga) apuntó que "se fuera cierto que hay siete
mil personas, no nos tendríamos que desplazar los tres turnos de las brigadas
del distrito 2, de A Coruña, para apagar los fuegos en Cualedro, Ourense, Oiga,
Boiro o Ribeira".
Llaman a la movilización de la sociedad gallega, porque "este
no es un problema laboral, sino un problema social", y alertan de que el
mantenimiento de las temperaturas altas, baja humedad y fuerte viento puede
hacer que el número e incidencia de los fuegos se incremente en septiembre.
Proponen diez medidas para una nueva política forestal
Proponen diez medidas para una nueva política forestal
La Federación Ecoloxista Galega, Adega, Verdegaia, Sindicato
Labrego Galego, Anagaci, Plataforma Fragas do Eume, Plataforma pola Defensa de
Corcoesto e Bergantiños, Amarante, Foro Social de Cangas, Asociación Petón do
Lobo de Corcoesto, Altermundo, Fuco Buxan, el Colectivo Artabra 21 y otras más
que se están sumando decidieron hace semanas constituir la Asemblea Galega
Contra o Lume. "No es una cuestión puntual, tiene el objetivo de
permanencia en el tiempo para de una vez por todas dejar constancia ante los
poderes políticos que el pueblo gallego no va a admitir que se siga con la
misma política forestal que año tras año arrasa nuestro país”, afirma Miguel
Ángel Abraira.
Presentaron ante el registro de la Xunta más de 2.600 firmas, que
recogieron en menos de una semana en las plataformas de change.org y
petiçaopublica.com, demandando una "nueva política forestal que evite los
incendios verano tras verano". "En Galicia, con el 7,7 % de la
superficie forestal española, tienen lugar el 45% de todos los incendios,
estando un 30% de la superficie forestal afectada”, advierten las
organizaciones. Denuncian que las acciones de prevención y extinción que desde
hace más de 25 años se vienen tomando por los distintos gobiernos “se
demostraron y se demuestran insuficientes y sobre todo erradas, y la prueba es
que no hay año en el que las llamas no sean portada de los medios de
comunicación, arrasen grandes extensiones de monte bajo y arbolado, acaben con
los mejores entornos ecológicos de nuestro país y no pongan en peligro o acaben
con la vida de vecinos y vecinas de Galicia”. Afirman que no será posible
avanzar en una solución “sin información, educación ambiental y participación
social”.
Por estos motivos, la Asemblea Galega Contra o Lume les exige a
las distintas administraciones con competencia “las medidas correctoras
necesarias en las políticas de prevención y extinción que está aplicando, para
finalizar de una vez por todas con la lacra de los incendios”. Para conseguir
este objetivo emplearán “si fuera preciso” la “movilización de los gallegos y
gallegas”.
Fuente: http://www.eldiario.es/
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