El juez
Marcelino Sexmero, que el pasado mes de junio imputó a los exconsejeros de
Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes por las primeras privatizaciones de
hospitales en Madrid, ha denunciado presiones de la Fiscalía para que abandone
su investigación. Según un auto del magistrado, el fiscal del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid (TSJM) le envió en agosto cinco informes en los que carga
contra el instructor y le acusa de “formar una causa general” que está
“prohibida en nuestro ordenamiento”.
Sexmero ha
emitido un auto, del que se hace eco El País, para denunciar estas ‘presiones’
y explicar por que ha tenido que suspender los interrogatorios de los imputados
a raíz de una querella presentada por la Asociación de Facultativos
Especialistas (AFEM), que causó gran revuelo porque denunciaba presuntas
irregularidades cometidas en el proceso para externalizar la gestión de los
hospitales Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el de
Torrejón.
Entre otras
cosas, los médicos especialistas acusaban a Lamela y Güemes de haber cometido
varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, cohecho y
prevaricación, al beneficiar “los intereses de empresas privadas, en detrimento
del sistema público”.
Tras recibir
la querella, Sexmero impuso un calendario de interrogatorios que iba a comenzar
este mismo viernes con las declaraciones de dos altos cargos de la Consejería
de Sanidad (la viceconsejera Patricia Flores y el director general de
Hospitales, Antonio Burgueño), y que se extendería hasta el 2 de octubre con
las comparecencias los exconsejeros Lamela y Güemes, así como los responsables
de las empresas que se beneficiaron de la primera fase de las privatizaciones
hospitalarias en la Comunidad de Madrid (Capio Sanidad -ahora IDC Salud-, la
Fundación Jiménez Díaz, Ribera Salud, Unilabs y Asisa).
No obstante,
estas citas han quedado suspendidas por varios motivos. El primero, dice el
juez en su auto, porque no cuenta con “toda la documentación requerida por auto
de 20 de junio pasado”. La Consejería de Sanidad que dirige Javier
Fernández-Lasquetty ha reconocido que aún no ha mandado al magistrado la
información que le solicitó. “Esta semana” se acabará de mandar la
documentación, ha asegurado un portavoz a El País.
Aunque
también ha contribuido el ‘trabajo’ del Fiscal. El titular del Juzgado de
Instrucción número 4 de Madrid deja claro que su decisión también ha estado
motivada por la “solicitud” formulada por la letrada de la Comunidad de Madrid
para suspender los interrogatorios, y después de haber recibido cinco informes
del Ministerio Fiscal en pleno mes de agosto.
En estos
informes el fiscal, Salvador Ortolá, se adhiere a los recursos presentados por
los imputados en los que solicitan que se cierren las diligencias, explica el
magistrado Sexmero. Concretamente, el Ministerio público carga contra el juez y
le acusa de “formar una causa general” que está “prohibida en nuestro
ordenamiento”.
El
Ministerio Fiscal, según recoge El País, considera que AFEM no ha acreditado
ser ofendida o perjudicada por los hechos y que los hechos delictivos no se
explicitan ni se atribuyen a personas concretas. Es más, indica que las
diligencias que ha ordenado el juez -información de tipo económico, mercantil,
de facturación y administrativa- tienen “carácter prospectivo” y parecen
encaminadas “a la búsqueda de algún descuadre”.
Unos
movimientos que demuestran que la causa penal iniciada por los facultativos
especialistas ha ganado peso. Los médicos saben que si esta querella llega ‘a
buen puerto’ podrían paralizarse de inmediato las nuevas privatizaciones de
hospitales auspiciadas por Lasquetty, sin necesidad de esperar a las decisiones
judiciales del resto de recursos interpuestos por AFEM, ya que se han realizado
bajo las mismas premisas, por lo que han decidido darle a la vía penal la
importancia que se merece.
Y
precisamente por eso AFEM ha cambiado de bufete de abogados. El colectivo ha
fichado al Estudio Jurídico Liria para que se encargue de la batalla judicial
que ha emprendido contra el consejero de Sanidad madrileño, que sustituye a
López Rodó & Cruz Ferrer. Este último despacho elaboró el recurso que ha
logrado la paralización cautelar del proceso, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 4 de Madrid.
Según ha
indicado a EL BOLETÍN Patricia Alonso, miembro de la Junta Directiva de AFEM,
la decisión se tomó el pasado mes de julio al entender que necesitaban “mejorar
la estrategia jurídica desde el punto de vista penal”. López Rodó & Cruz
Ferrer era experto en “materia administrativa”, pero “con el peso que ha tomado
la vía penal, queríamos mejorar la estrategia”, ha reconocido esta portavoz.
A finales de
julio AFEM comunicó su decisión al que hasta ahora había sido su bufete, y como
había que dar un mes de preaviso a López Rodó & Cruz Ferrer el cambio no se
hizo efectivo hasta la semana pasada, ha explicado Alonso.
Los médicos
han elegido al Estudio Jurídico Liria, que ya les llevaba el tema de las
jubilaciones forzosas decretadas por la Comunidad de Madrid, porque son
“abogados muy expertos en la materia”.
“Nuestra
intención sólo es ampliar y mejorar la estrategia jurídica”, y el cambio se ha
decidido “pensando en la mejor forma de conseguir el objetivo” de la
paralización de las privatizaciones, ha concluido la portavoz consultada por
este diario.
elboletin.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario