Fali Durán / Huelva / 4 sep 2013
El alcalde, en la rueda de prensa de
la Junta de Seguridad.
El robo
con violencia a dos vecinos de Bollullos Par del Condado (Huelva) han terminado
con la paciencia de la gente del pueblo, que tiene previsto concentrarse este
jueves en la puerta del ayuntamiento para pedir un plan de seguridad más
efectivo. La reunión de vecinos ha sido convocada a través de las redes
sociales por ciudadanos anónimos después de que esta misma semana un hombre
fuera golpeado para robarle y una anciana apareciera atada a la cama. “Es una
quedada espontánea, en la que vamos a pedir que se acaben los robos y la
violencia que ahora son más continuos que nunca”, comenta Flavio, un vecino,
“pero no se cuántos seremos”.
Se trata
del último capítulo de una historia que comenzó en Semana Santa y que ha tenido
estos días un cambio de rumbo con un anuncio polémico del alcalde
independiente, Francisco Díaz, que gobierna en coalición con el PP: negará
el empadronamiento a cualquiera que no tenga un contrato de trabajo o un
alquiler en regla y no tramitará ayudas sociales a las personas que hayan sido
detenidas por cometer algún delito. Es la respuesta de la Junta Local de
Seguridad al aumento de los actos vandálicos en el pueblo, que según datos del
propio ayuntamiento ha registrado 19 detenciones y 21 actos vandálicos
frustrados en el mes de agosto.
La
oposición (IU y PSOE) y muchos vecinos se llevan las manos a la cabeza con las
medidas antidelincuencia del alcalde y se preguntan qué pasará con los
estudiantes que vuelven a casa después de haberse empadronado en una capital de
provincia para estudiar o con las personas que han perdido sus trabajos y
vuelven al pueblo a casa de sus padres. Por este motivo, han solicitado un
informe a los servicios jurídicos de sus respectivas formaciones políticas para
determinar si la medida se queda al margen de la legalidad vigente, ya que el
empadronamiento es necesario para trámites cotidianos como solicitar el voto,
un permiso de residencia o trabajo, la tarjeta de asistencia sanitaria, la
inscripción en los colegios o la petición de ayudas sociales para desempleados.
Ante el revuelo, Francisco Díaz Ojeda ha matizado sus palabras, aclarando que
no podría vincular el padrón a un contrato de trabajo porque estaría fuera de
la legalidad, aunque insiste en que exigirá un contrato de alquiler en
regla.
La segunda
medida adoptada en la Junta Local de Seguridad, la negativa a tramitar ayudas
sociales a las personas que hayan sido detenidas por cometer algún delito -los
servicios sociales municipales “cerrarán sus puertas a todas las personas que
tengan pendientes delitos”, anunció el alcalde de Bollullos- atenta
directamente contra el derecho de presunción de inocencia y según el análisis
preliminar de los servicios jurídicos de los partidos de la oposición podrá ser
recurrida por ilegal.
“Hasta el
momento, el primer edil no ha querido escuchar la demanda ciudadana y ha sido
nuestra insistencia la que ha provocado que por fin se celebrara una Junta
Local de Seguridad en la que el alcalde ha excluido a los portavoces de PSOE y
de IU, y que concluyó sin un plan concreto para atajar el problema”, denunció
en rueda de prensa el portavoz socialista, Rubén Rodríguez. La oposición había
pedido en varias ocasiones, sin éxito, un refuerzo en la dotación de la Guardia
Civil.
La
situación es “insostenible” y puede agravarse este fin de semana en el que
Bollullos celebra sus fiestas y el “90% de la gente se
traslada al recinto ferial”, comenta Rubén Rodríguez. El grupo socialista
presentará en el pleno de este jueves una petición para que la Subdelegación
del Gobierno refuerce las medidas de seguridad en el pueblo ya que “la gente
tiene miedo”.
80
VIVIENDAS OCUPADAS
En su
intento de criminalizar a los desempleados (alrededor de 1.200 en una población
de unos 14.000 habitantes) y a las personas sin recurso, Francisco Díaz acusó
al PSOE de alentar a la población a organizar patrullas ciudadanas y a sus
excompañeros de IU de proteger a la comunidad que desde el mes de junio ocupan
dos residencias de la localidad.
Los
reproches del alcalde a su expartido responden a la situación de 80 viviendas
ocupadas en la urbanización 3 de Abril de nueva construcción desde el pasado
mes de junio.
Un grupo
de familias sin casa decidieron tomar posesión de estas viviendas cuya entrega
había sido paralizada por la quiebra de la empresa constructora. Las familias
ocuparon las viviendas y solicitaron al ayuntamiento un alquiler social para
quedarse. La empresa de aguas local tramitó un punto de abastecimiento para la
urbanización, que poco después, ante las protestas de los vecinos -algunos de
ellos propietarios de las viviendas sin escritura ya que la obra no habían sido
entregada- fue anulada. Y el ayuntamiento les puso un punto de luz para que
fueran habitables.
ANTECEDENTES
DE VIC Y TORREJÓN DE ARDOZ
En enero
de 2010, Josep Maria d’Abadal, alcalde de Vic, decidió negar el empadronamiento
a los inmigrantes sin papeles. El anuncio provocó protestas de ONG como
Movimiento Contra la Intolerancia y 21 días después, el alcalde tuvo que dar
marcha atrás. Una medida parecida fue denunciada en Torrejón de Ardoz, en la
que el grupo municipal popular reconoció que usaban el padrón para disuadir a
los inmigrantes de establecerse en la localidad.
Fuente: http://www.andalucesdiario.es/
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