Artículos de
Opinión | Gustavo Zelaya | 27-02-2013 |
Bien sabemos
que en el ejercicio del periodismo, en especial cuando se espera que sean
formadores de opinión pública, se requiere no sólo una sólida preparación
técnica y académica, además, se necesita cultura general en muchos miembros de
ese gremio, en donde hay grandes dosis de ignorancia y de arrogancia. Pero,
sobre todo, precisan de un fuerte conocimiento teórico sobre principios éticos
y una práctica efectiva, honesta, que permita asumir como propio algún sistema
moral que los haga más responsables y veraces en su trabajo. En todo esto no
hay ninguna novedad.
Por otro
lado, para nadie es desconocido que en su gran parte los medios de comunicación
como la radio, la televisión y la prensa escrita están organizadas y funcionan
en pos de una ganancia. Es decir, portan en su esencia un marcado sentido
mercantil, necesitan inversión y contratos para enfrentar sus gastos de
funcionamiento sea en planillas como en adquisición de tecnología; la
participación de esos medios en las relaciones establecidas en el “mercado
libre” no es muy diferente a cualquier otra mercancía. Alguien pone precios sin
importar la calidad del producto. Las prácticas mercantiles aparecen también en
el campo de las comunicaciones y en la circulación de las ideas. Tal situación
ha dado paso a unas prácticas en donde se resaltan los elementos aparentes y
menos importantes de la actividad social. Al menos esto es lo que ocurre en la
prensa que se genera desde los medios de comunicación propiedad de sectores
ligados al poder económico y político de Honduras: no desarrollan propuestas
que funden opiniones bien cimentadas y se interesan más por la imagen, por lo
superficial, evitando con plena consciencia y de acuerdo al interés del
propietario del medio, tocar la raíz y la causa del atraso, de la inseguridad y
del hambre. Sólo promueven las apariencias, lo superficial, y ahí se quedan.
Además, el
acto brutal del golpe de Estado del 28 de junio modificó mucho más una serie de
términos que han sido de uso común en el periodismo. Me refiero a las
categorías de veracidad, compromiso social y objetividad informativa. Si bien
antes de ese hecho corrupto se efectuaban tratos dudosos en ese gremio, la
corrupción, el alquiler de la pluma, la actitud servil con el poder se volvió
más descarada. Y ello se nota no sólo entre los profesionales del periodismo,
también entre otros sujetos que les dicen “analistas independientes”,
“orientadores de opinión”, que han hecho que la imparcialidad y la objetividad
sean términos usados a conveniencia, cargados de relatividad y que sirven
también como simple máscara para actuaciones cínicas.
Sin embargo,
el mayor acto de corrupción practicado en la historia nacional como fue ese
golpe de Estado, también puso al descubierto la contraparte, las excepciones,
mostró que hay muchos y muchas comunicadoras y periodistas fuertemente
comprometidos con la justicia y la información veraz. Por ese compromiso se
mantienen al margen del flujo de dinero que se reparte desde el poder político
y económico y tratan de mantener alguna independencia respecto a los intereses
privados y oligárquicos para ubicarse cerca de las fuerzas democráticas que buscan
generar ambientes más solidarios para todos los habitantes de nuestra Honduras.
Ahora se ha
estado discutiendo sobre la necesidad de legislar para regular y, de ser
posible, democratizar el acceso al espectro electromagnético. En ese intento
han salido voces exclamando que es un ensayo gobiernista para limitar la libre
expresión del pensamiento. Curiosamente los que protestan son los mismos que
promovieron la censura golpista y el cierre de medios de comunicación que no se
plegaron al golpe. Es probable que la Ley de Comunicaciones que se apruebe en
el congreso sea manipulada y después revisada para modificarla y adecuarla a
los intereses de los monopolios mediáticos; son tan poderosos que abiertamente
instigaron la violencia de la ruptura constitucional. Esa mediatización de la
ley es una posibilidad que está a la vuelta de la esquina. Pero la coyuntura
que se abre con esa nueva medida debe ser aprovechada para profundizar el
debate sobre la soberanía que debe existir en las licencias otorgadas en las telecomunicaciones.
El control
que tienen los grupos oligárquicos sobre las comunicaciones, televisión, medios
impresos y radiofónicos, les ha hecho creer que son dueños de las frecuencias,
que son propietarios absolutos de la comunicación, que son los medios
autorizados para imponer y formar opinión, y que el resto de los mortales, los
simples depositarios de sus análisis y de sus noticias, debemos ceñirnos a ese
poder y aceptar como buena la desinformación con que nos manipulan y
domestican. Ese monopolio ha hecho del periodismo y de las comunicaciones un
negocio, una mercancía con la que se puede transar según sus caprichos y un
poderoso instrumento para chantajear a los que detentan el poder político y
obtener contratos, privilegios, acceso al presupuesto nacional y un escandaloso
aumento de sus riquezas. Y en ese afán no distinguen fronteras ni leyes que
puedan limitar su poderío. Todo puede ser atropellado. Todo puede ser objeto de
compra y venta hasta el grado de convertir los derechos a la libre expresión
del pensamiento y de prensa en objetos comerciales, privados, controlados por
los empresarios de la comunicación.
Es tan
necesario lograr una democratización en el espectro radioelectrónico porque
buena parte de los medios de comunicación masiva se han convertido en
fomentadores de la incultura, la vulgaridad y la criminalidad. Sólo basta hacer
una pequeña revisión de los contenidos y mensajes que divulgan para darnos
cuenta cómo la conciencia popular ha sido penetrada con anuncios, programas y
voces que incitan al consumismo, al gasto innecesario y a la violencia. Parece
que el acceso real a la cultura depende de cerrar oídos y ojos a la radio y a
la televisión. Ser cultos podría significar no acceder a esos medios. Y esto
sólo es un aspecto de los efectos nocivos de ese monopolio, hay otros igual de
graves como el hecho de acostumbrarnos a los hechos violentos y hacer creer que
es algo natural la muerte, el robo, la impunidad, la corrupción, el despilfarro
y las relaciones entre esos medios con los grandes negocios, con el chantaje y
el lucro excesivo. Todos los actos violentos los muestran como algo normal.
Es de
esperarse que los sicarios de la comunicación pongan en marcha todas más
herramientas para desacreditar la ley que regula las comunicaciones y dirijan
sus dardos venenosos contra los que han promovido esta discusión. Y es que
están de por medio poderosos intereses, presentes y futuros negocios en donde
se combinan banqueros, empresas farmacéuticas, jerarquías eclesiásticas, contratos
con el Estado, en fin, una colusión de intereses vinculados directamente con
los que financiaron, planificaron y ejecutaron el golpe de Estado.
Un dato
final, que no es un pequeño grano de sal, para mostrar qué es lo que está en
juego, qué tipo de intereses, de donde vienen la protesta y que empresas pueden
sentirse afectadas. Según datos oficiales y dados a conocer por el Comité por
la Libre Expresión las iglesias, entre evangélicas y católicas, tienen en su
poder 38 frecuencias de radio en AM y 45 en FM; entre los dos grandes
monopolios como ser Emisoras Unidas y Audio Video, controlan 53 frecuencias de
AM y 31 en FM. Es bueno decir que en estas dos últimas empresas existen
accionistas que participan en las juntas directivas de los dos negocios. Igual
ocurre en la televisión. Es decir, las familias Andonie, Villeda, Ferrari,
entre otros, son propietarios y accionistas de ambos consorcios radiales.
En el campo
de los canales de televisión la iglesia católica tiene adjudicados 18 canales,
VICATV opera 20 canales y tres empresas que funcionan bajo el mismo techo, que
tienen los mismos dueños , como ser Telecadena, Canal 5 y Telesistema Hondureño
tienen el control de 75 canales de televisión. Es decir, entre tres grandes
conglomerados de la comunicación se manipulan 113 canales de televisión, de 136
que aparecen en los registros de C-Libre y que funcionan a nivel nacional. Todo
esto permite entender la escala de molestia y de las rabietas que los empleados
de estos medios han desprendido y siguen haciéndolo contra cualquier intento de
democratizar el espectro radioelectrónico y estarán cualquier esfuerzo futuro
por democratizar y lograr la soberanía nacional sobre las comunicaciones.
21 de
febrero de 2013.
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