La Monarquía, el establishment y la crisis
Artículo publicado por Vicenç Navarro en el diario PÚBLICO, 3 de
mayo de 2012
Este artículo señala que el enorme dominio que las fuerzas
conservadoras han tenido históricamente sobre los estados de España, Grecia y
Portugal explica las grandes insuficiencias que los sistemas democráticos
tienen en estos países, así como la profundidad de la recesión (que para las
clases populares es ya depresión) en la que se encuentran. Los poderes fácticos
financieros y económicos y su influencia sobre las instituciones políticas han
jugado un papel clave en la génesis de las crisis financieras y económicas. En
España, tales poderes fácticos han arropado a la monarquía como el sistema
político que mejor les protegía. Esto ha determinado una crisis profunda del
sistema político y del propio sistema monárquico.
Una de las respuestas que los partidarios de mantener la
Monarquía en España dan frecuentemente al argumento de aquellos que proponen el
establecimiento de una República es que en este momento de enorme crisis
financiera y económica tal tema es secundario frente a las enormes dificultades
que el país tiene para salir del enorme bache económico en el que se encuentra.
En mis discusiones con algunos amigos dirigentes de partidos políticos, sobre
todo de sensibilidad socialista, esta respuesta es una constante. Aunque
simpatizan con el proyecto republicano, creen que éste es un tema de interés
muy secundario en este momento.
Entiendo que tales amigos piensen así, pero creo que se
equivocan porque hay una relación clara entre la enorme crisis económica,
financiera y política del país y el dominio del establishment conservador sobre
los aparados del Estado, liderado por el Monarca. Veamos los datos.
A la vuelta de mi largo exilio indiqué que la transición de la
dictadura a la democracia no había sido “modélica” tal como la sabiduría
convencional la había definido. Antes al contrario, aunque hubo cambios muy
significativos permitiendo el establecimiento de una democracia, el enorme
dominio que las fuerzas conservadoras tenían sobre los aparatos del Estado (y
la mayoría de los mayores medios de información tanto públicos como privados)
la limitó enormemente, dando como resultado una democracia enormemente
empobrecida. Indicadores de ello hay miles. Por citar sólo uno: no existe hoy
en España ni un solo rotativo de izquierdas a nivel nacional. Ni que decir
tiene que existen voces de izquierda en los medios de mayor difusión, pero
siempre en una situación muy minoritaria y prácticamente marginal.
Una consecuencia de este enorme dominio conservador en la vida
mediática y política del país es el enorme retraso social de España y la
subfinanciación de su Estado del Bienestar. Treinta y cuatro años después de establecerse
democracia, España continúa a la cola de la Europa Social. El gasto público
social por habitante continúa siendo el más bajo de la UE-15 (el grupo de
países de la UE que tienen semejante nivel de desarrollo económico al nuestro).
Y los recortes actuales acentuarán todavía más este retraso social. He
documentado extensamente (ver mi libro El Subdesarrollo Social de España:
Causas y Consecuencias. Anagrama. 2006) que este subdesarrollo social se debe
al enorme poder que las fuerzas conservadoras (bien en su versión
cristianodemócrata, bien en su versión liberal, es decir, neoliberal) tienen
sobre la vida política y mediática en España. Es cierto que el partido
socialdemócrata ha gobernado España por amplios periodos de tiempo, conllevando
cambios substanciales en España. Pero su potencial de cambio ha venido muy
marcado por las limitaciones impuestas por los poderes fácticos económicos y
financieros a los cuales frecuentemente se ha adaptado, convirtiéndose,
paradójicamente, en su defensor.
¿Quiénes causaron la crisis económica y financiera?
Para responder a esta pregunta hay que observar que España
comparte con otros dos países del sur de Europa –Grecia y Portugal- este enorme
retraso social. Estos países, junto con España, son también países que están en
una profunda recesión (en realidad, como bien acentuó el Financial Times, en
una Gran Depresión). El hecho de que estos tres países sufran una gran crisis
económica y financiera no es por casualidad, pues todos ellos tienen en común
que en su historia las fuerzas ultraconservadoras han dominado los espacios
financieros, económicos y políticos del país. Su influencia sobre sus Estados
ha sido enorme. Esta enorme influencia explica que todos ellos tengan Estados
muy represivos (tienen el mayor número de policías por 10.000 habitantes de la
UE-15), con muy escasa sensibilidad social (tienen el porcentaje de la
población adulta que trabaja en el Estado del Bienestar más bajo de la UE-15),
y con limitadísimo impacto redistributivo. Son también los países que tienen
mayor fraude fiscal, la mayoría del cual es realizado por las grandes fortunas,
las grandes empresas (como Repsol) que facturan más de 150 millones de euros al
año, y la banca (como el Banco Santander, cuyo presidente Emilio Botín ha
evitado ser juzgado por fraude fiscal con la complicidad de los gobiernos de
turno, incluido el socialista). Los ingresos al Estado son los más bajos de la
UE-15, con la mayoría de ellos procedentes de la gravación de las rentas del
trabajo, que al disminuir, resultado de la explosión de desempleo, ha creado un
enorme agujero en las cuentas del Estado, llamado déficit público.
Las soluciones a la enorme crisis son relativamente fáciles de
ver (ver el libro que Juan Torres, Alberto Garzón y yo hemos escrito, Hay alternativas:
Propuestas para crear empleo y bienestar social en España). Todas ellas
consisten en dar un giro de 180 grados a las políticas que se han aplicado. Se
requieren políticas expansivas en lugar de restrictivas de gasto público con el
intento de crear empleo, y estimular la demanda y el crecimiento económico. La
financiación de tal estímulo debe basarse, no en los flujos de los famosos
mercados financieros, sino en una reforma fiscal profunda que genere tales
recursos. Si, por ejemplo, el fraude fiscal de las grandes fortunas, grandes
empresas y la banca (que cometen el 72% de todo el fraude fiscal en España) se
corrigiera, el Estado ingresaría 66.000 millones de euros, con los cuales,
entre otras medidas, se podrían crear cinco millones de puestos de trabajo,
eliminando el paro en España. Si España tuviera un adulto de cada cuatro
trabajando en sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios de atención a
la dependencia y otros (tal como tiene Suecia), en lugar de uno de cada diez
(como tenemos ahora), España no tendría desempleo. El argumento de que no
podríamos financiar tal expansión ignora u oculta deliberadamente que si los
impuestos como porcentaje del PIB en España fueran los mismos que Suecia,
España ingresaría 200.000 millones de euros más, cantidad más que suficiente
para reducir el déficit y crear aquellos cinco millones de nuevos puestos de
trabajo.
Hay alternativas a las políticas de austeridad
No es cierto que tales políticas no puedan realizarse y que no
se puedan hacer porque el Consejo Europeo, la Comisión Europea o el Banco
Central Europeo no lo tolerarían. Corregir el fraude fiscal o aumentar los
impuestos del capital, por ejemplo, no está prohibido en la Eurozona. La
externalización de responsabilidades a fin de imponer políticas altamente
impopulares es la práctica más frecuente utilizada por el establishment
financiero, económico y político español para promover el argumento de que no
hay alternativas, consiguiendo con ello lo que siempre han deseado: disminuir
la protección social y debilitar al mundo del trabajo. Hay que romper con la
visión generalizada, incluso entre las izquierdas, de que, a no ser que Europa
cambie (solía antes decirse a no ser que el capitalismo colapse), no hay nada
que pueda hacerse en España. He escrito extensamente criticando la manera como
las instituciones europeas citadas han dificultado el crecimiento económico
español. Pero no es cierto que España, incluso en la situación actual, no
pudiera seguir otras políticas, incluyendo políticas fiscales redistributivas y
creación de empleo.
Sabemos, por lo tanto, como se puede salir del agujero. Pero su
falta de consideración de tales posturas (cuando no su marginación en los
debates) se debe a causas políticas que tienen que ver con el enorme dominio de
aquel establishment ultra-conservador heredado del régimen dictatorial
anterior, establishment liderado por el Monarca. Véanse los continuos votos de
lealtad al Monarca por parte de la banca, de la gran patronal, de los mayores
medios, de la Iglesia, de la derecha política y un largo etcétera. Y este
Monarca es el Jefe del Ejército, de donde deriva en última instancia la
garantía de continuidad del sistema. Es un poder enorme que dificulta la puesta
en marcha de medidas que nos permitirían salir de la crisis. Ahora bien, España
no podrá salir de ella y corregir su enorme retraso social sin cambios muy
sustanciales en tal estructura de poder y el establishment que genera.
De ahí que en un momento como el actual, donde se ve con tanta
claridad que las instituciones llamadas representativas están captadas por los
intereses financieros y empresariales que imponen unas políticas que no estaban
en los programas electorales de los partidos gobernantes y que están causando
un enorme daño a las clases populares, España esté experimentando una crisis no
sólo financiera y económica, sino también política. La legitimidad del sistema
político español nunca ha sido tan baja. Y de ahí el enorme temor de tal
establishment, que explica su enorme represión, criminalizando la resistencia,
incluso pasiva, de la población que protesta, con razón, por la imposición de
tales políticas.
Pero el temor de las fuerzas conservadoras debería ser la
oportunidad de las fuerzas progresistas. Hay que cambiar este establishment
financiero, económico, político y mediático a fin de desarrollar la segunda
transición de una democracia incompleta a una democracia completa, que permita
que se tomen las medidas que cambien las políticas públicas que se están
desarrollando. Para ello es necesario cuestionar la pervivencia del centro de
aquel establishment, la Monarquía, que es un elemento clave de la estrategia de
permanencia de tal injusta distribución de poder. Sé que con un tono
condescendiente, algunos de mis amigos, principalmente socialistas, me dirán que
las posibilidades reales de que ello ocurra son casi nulas. Pero en esta
actitud reflejan más su constante y frustrante moderación y adaptación a la
estructura de poder que una lectura objetiva de la realidad. La Monarquía está
perdiendo rápidamente su artificialmente creada popularidad. Los movimientos
sociales de mayor composición juvenil están enarbolando más y más la bandera
republicana. Véanse las fotografías de las manifestaciones de protesta. La
historia, incluida la historia española, está llena de ejemplos de que cuando
las clases populares se movilizan pueden conseguir lo que desean. Desde la
caída del muro de Berlín hasta el fin de la dictadura en España (desde 1974 a
1976 España tuvo el mayor número de huelgas y movilizaciones políticas en Europa)
se ve que las movilizaciones populares y las agitaciones sociales tienen
impacto.
Una última observación. Algunos monárquicos utilizan el caso de
los países escandinavos mostrando que el sistema monárquico puede ser
compatible con sociedades avanzadas y progresistas. Tal argumento ignora, sin
embargo, el contexto político que determinó la existencia del sistema
monárquico en aquellos países y en el nuestro. Al Monarca español lo nombró el
dictador, y la función de la Monarquía era precisamente dejar bien atado todo
lo que pudiera haber quedado deshilachado. Y se consiguió. No debería olvidarse
que la misión de las fuerzas progresistas es precisamente deshilacharlo para
conseguir la democracia por la que millones de españoles lucharon sin nunca
conseguirlo. Hoy, sin una segunda transición a una mayor democracia en España,
no habrá salida de la horrible crisis que el país está viviendo. Un país en el
que el 50% de la juventud no encuentra trabajo no puede aceptar la continuidad
de unas instituciones tan poco representativas y sensibles a las necesidades de
las clases populares. De ahí que la demanda de una mayor y mejor democracia y
de resolución de los enormes problemas sociales sean idénticas hoy en nuestro
país.
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad
de Barcelona. Actualmente es Catedrático
de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra
(Barcelona, España).
Es también profesor de Políticas Públicas en The
Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante
35 años. Dirige el
Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado
conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University.
Dirige también el Observatorio
Social de España
Fuente: www.publico.es
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