REPRESIÓN ANTIDEMOCRÁTICO
30 de Abril 2012
Una de las
características de la escasa conciencia democrática de las instituciones
llamadas representativas en España es la manera cómo responden a la legítima
protesta y agitación social que está ocurriendo frente a las políticas
sumamente impopulares impuestas a la población y, muy en especial, a las clases
populares. Y digo impuestas, porque ninguna de las políticas llevadas a cabo
por los partidos gobernantes en España (y en Catalunya) que están generando
tales protestas estuvieron en sus programas electorales.
Un tanto semejante
ocurrió durante el gobierno Zapatero anterior, aunque éste no recurrió a la
represión que están ahora desarrollando los gobiernos PP y CiU en España (y Catalunya).
Según las últimas noticias, el gobierno del Partido Popular está preparando una
propuesta legislativa considerando como delito cualquier forma de resistencia,
incluyendo la pasiva, tal como una sentada. Estas medidas están orientadas a
atemorizar a los colectivos, sean éstos el naciente movimiento 15-M, sea el
movimiento sindical, sean los movimientos de protesta frente a los desahucios,
o sean lo que fuera, que critican y denuncian las medidas impopulares. Tales
delitos serán castigados con penas largas de prisión. Tales medidas son
antidemocráticas y reflejan el tic autoritario y represivo de las derechas
españolas (y catalanas) herederas del régimen dictatorial anterior en el que
era práctica común este tipo de represión.
En realidad, la
resistencia pasiva es un comportamiento democrático que ha hecho progresar la
propia democracia. Cuando la anciana negra, Rosa Parks, se resistió en EEUU a
moverse y desplazarse al asiento posterior del autobús, en un Estado del sur
segregacionista, inició un proceso de resistencia pasiva que cambió, para
mejor, la calidad de la democracia estadounidense, estableciéndose así el
movimiento de los derechos civiles, liderado por Martin Luther King, hoy
considerado un héroe nacional en aquel país. Tal movimiento estaba basado en la
resistencia pasiva y en la desobediencia civil. Su coherencia, su ejemplaridad,
la razón de su causa y su comportamiento no violento, jugaron un papel
determinante en conquistar la simpatía y el apoyo popular, forzando así una
respuesta y un cambio de enormes proporciones. Y hoy continúan en EEUU, casi en
bases diarias, gran número de movilizaciones, basadas en resistencia pasiva,
para defender causas que merecen una protesta a instituciones, leyes o
comportamientos antidemocráticos que son rechazados por las clases populares.
Uno de los últimos casos es el movimiento de los sindicatos, apoyados por
amplios sectores de las clases populares que rodearon el Parlamento del Estado
de Wisconsin para protestar las leyes del gobernador Scott Walker, perteneciente
al Tea Party que, en sus medidas represivas antagonizó a la gran mayoría de la
ciudadanía de aquel Estado, hasta tal punto que en un referéndum se está
pidiendo la dimisión de tal gobernador. Todos estos movimientos son
comportamientos democráticos y parte del proceso de participación popular.
Ni que decir tiene que
la ultraderecha estadounidense que controla el Partido Republicano –el Tea
Party- quiere criminalizar estos actos, como también ocurre en España. Pero lo
que en realidad se intenta con estas prohibiciones es estimular la violencia
que desacredite a tales movimientos. La prohibición y criminalización de actos
de resistencia pasiva, como sentadas, deja como única alternativa la
resistencia activa, lo cual es lo que se intenta al prohibir la resistencia
pasiva. Los movimientos de protesta, sin embargo, no deben caer en esta trampa.
La violencia es profundamente reaccionaria en este contexto, pues rompe la
simpatía popular hacia los movimientos de protesta, como el 15-M. Es la mejor
manera de desacreditar el movimiento de protesta. En cualquier movimiento de
protesta, ésta gana si cuenta con la simpatía primero, y con el apoyo y
complicidad después, de la mayoría de la ciudadanía, hecho que está ocurriendo
en España, y del que las derechas son plenamente conscientes, pues lo que
desean antes que nada es desacreditar tal movimiento, y para conseguirlo
llegarán a extremos que recordarán la dictadura, que también criminalizó tales
actos.
Frente a este ataque a
los derechos civiles, existe la necesidad, por mera salud democrática, de
movilizarse. Muestra de la enorme incoherencia (algunos la llamarán, con razón,
hipocresía) de los llamados liberales en España (que se autodefinen como los
grandes defensores de los derechos individuales), es que están ahora callados
frente a la enorme violación de los derechos civiles de los ciudadanos que
representan las propuestas del Ministro del Interior de España, Jorge Fernández
Díaz, y del Conseller de Interior responsable de la policía autonómica catalana,
Felip Puig.
Ahora bien, toda la
experiencia histórica muestra que fracasarán. Su intento de represión no es la
supuesta violencia de los manifestantes, sino las ideas y causas que éstos
representan. Indicador de ello es que su propio lenguaje, que define a sus
adversarios (“enemigos”) como “anti-sistema” (considerándose a sí mismos como
los defensores del sistema democrático) ignora que es el establishment (al cual
sirven el Ministro Fernández Díaz y el Conseller Puig) el que está mostrando
claramente que no se adhiere a las reglas democráticas, pues impone políticas
que no estaban en sus programas electorales. En realidad, son tales
manifestantes (paradójicamente llamados anti-sistema) los que están defendiendo
a la democracia. Si el intento del establishment fuera el de controlar la
violencia, utilizarían, al menos, el término “anti-violentos”. En lugar de
ello, hablan de los elementos “anti-sistema” como el enemigo a eliminar. Es un
indicador más de su nula conciencia democrática. Hoy, en una situación económica
y social intolerable, el ciudadano que no está indignado es que es parte del
problema y no de la solución. Y el que no está en la calles es que no tiene
conciencia democrática.
Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad
de Barcelona. Actualmente es Catedrático
de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra
(Barcelona, España).
Es también profesor de Políticas Públicas en The
Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante
35 años. Dirige el
Programa en Políticas Públicas y Sociales patrocinado
conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University.
Dirige también el Observatorio
Social de España
Fuente: www.publico.es
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