Una
empresa construirá el nuevo el hospital quedándose con la gestión de lo que se
denomina “no sanitario” y recibiendo a cambio un canon anual, en este caso
durante 20 años.
nuevatribuna.es | 01 Marzo
2015 - 13:48 h.
Foto: Marea Blanca Alcañiz
Por Marciano Sánchez Bayle y Luisa Lores, Federación de Asociaciones para la Defensa de
la Sanidad Pública
El 28 de enero pasado el Gobierno
de Aragón, presidido por la 'popular' Luisa Fernanda Rudí, sacó a concurso
la adjudicación del nuevo hospital de Alcañiz utilizando la formula de
PFI (iniciativa de financiación privada) que consiste en que una empresas o
empresas (lo habitual es una UTE) construya el hospital y se quede con la
gestión de lo que se denomina “no sanitario” y que reciba a cambio un
canon anual, en este caso durante 20 años.
La experiencia sobre el modelo PFI es amplia tanto a nivel español como sobre todo
internacional, especialmente en el Reino Unido donde se implanto por primera
vez y donde por lo tanto ya ha pasado mucho tiempo desde su implantación
y se han visto sus principales problemas. Digamos que estos son de cuatro
tipos, el primero y principal es su elevado coste, puesto que dispara el
coste de los centros entre 5 y 7 veces, y en muchos casos con escaso control y
con muchas dificultades para saber el coste real porque los contratos iniciales
suelen ser incumplidos y se producen incrementos del canon anual (un buen ejemplo
es Madrid donde en 2010, 3 años después de la concesión de 7 hospitales PFI,
se incremento el canon en 2 millones € y se les dio 80 millones e adicionales)
aparte de que tienen cláusulas de actualización anuales, y en algunos casos hay
formulas de cálculo variables que pueden incrementar aún mas los costes de
manera incontrolada; el segundo es que estas formulas disminuyen de manera
notable el personal con una notable disminución de la calidad de la
atención sanitaria (en el Reino Unido hay casos como el del hospital de
Staffordshire donde entre 2005 y 2009 hubo un exceso de mortalidad entre
400-1200 personas debido a las insuficiencias del hospital) ; el tercero es que
las infraestructuras suelen tener deficiencias muy notables en comparación con
los centros públicos (véase los resultados de la inspección de la inspección de
trabajo en los centros PFI de Madrid); y por fin que aunque inicialmente se
producen las adjudicaciones en UTEs formadas por empresas nacionales finalmente
estas acaban vendiendo sus participaciones a empresas multinacionales de
capital-riego (en el caso de los hospitales madrileños, Lloyd Bank, Centene
Corporation y DIF) con las implicaciones que ello tiene en cuanto a que pueden
“desaparecer” en el momento en que dejen de tener una elevada rentabilidad. Por
eso existen informes desde la Organización Mundial de la Salud y del
Comité de Expertos sanitarios de la UE que cuestiona la eficiencia de la
denominada como “colaboración público- privada”.
El
despropósito del hospital de Alcañiz
El caso concreto del
proyecto del hospital de Alcañiz, ya se ha señalado en el Informo realizado por
la FADSP que el concurso permite la presencia de fondos de inversión,
aunque se encuentren en paraísos fiscales y no se garantiza la solvencia
económica de la UTE (ya ha habido un caso, el del hospital de Vigo en que la
UTE paralizo las obras por falta de crédito) y en el concurso no costa que haya
el Informe previo del Ministerio de Hacienda garantizando que el proyecto
privado es mas eficiente que el proyecto alternativo de gestión pública
El coste
del contrato es 5 veces superior al de construcción del centro, pero como ya se ha señalado antes es frecuente que
se produzcan desviaciones al alza muy notables (Madrid, Burgos, etc). Los
incumplimientos de la empresa, cuyas consecuencias pueden ser graves (limpieza
de UCI, transporte de muestras biológicas, seguridad etc) se deducen del canon
mediante una fórmula matemática, pero en ningún momento se plantea la
posibilidad de revertir la concesión ante infracciones muy graves o ante
incumplimientos por bajas temerarias sobre la rebaja ya autorizada por el
gobierno de Aragón, de 110 millones de euros (coste de partida: 561 M de euros
en 25 años) Según consta en los pliegos se permiten bajas sobre el precio actual
de hasta un 30%, (otros 135 millones menos) lo que con toda seguridad supondrá
una enorme merma en la calidad y/o un rescate de la empresa adjudicataria con
dinero público, más pronto que tarde, como ya ha ocurrido con los otros
hospitales PFI (Hospital de Alzira, nuevos hospitales de Madrid, hospital de
Vigo, hospital de Burgos).
Tampoco consta la
prohibición de adjudicar la obra a empresas imputadas o incursas en procesos
penales, muchas de las que se están quedando con los hospitales públicos
Se cede también
a las empresas privadas la gestión, además de servicios no sanitarios, de todos
los negocios posibles dentro del ámbito hospitalario: Servicios multimedia (TV, telefonía, Internet…) de
los pacientes, con dispositivos situados a la cabecera de la cama, financiados
por los usuarios mediante la compra de tarjetas en un quiosco del que dispondrá
la empresa en el hospital. La UTE podrá instalar una centralita propia de
telefonía, que es posible que pueda utilizarse para la cita previa y colocará
en todas las plantas máquinas de “vending” (zumos, dulces o chocolates),
e incluso si lo considera oportuno podrá construir un centro de día para
personas mayores válidas.
Como siempre la excusa
es la falta de fondos públicos para construir el hospital, pero es una
excusa que se cae por si sola. Primero el gobierno de Aragón ha recortado su
gasto sanitario desde 2012 en 900 millones € (el coste de 10 centros como el de
Alcañiz), luego hay una experiencia en Aragón de los problemas de la llamada “colaboración
público-privada” con el CASAR (centro aragonés de alta resolución) que ha
acabado siendo rescatado por la administración pública asumiendo una deuda de
20 millones €, y por último hay alternativas para la financiación de hospitales
mediante préstamos del fondo social europeo y el banco europeo de inversiones
que aunque suponen un pequeño incremento de los costes este es mínimo en
comparación con el modelo PFI (1,37 veces más frente a 5,30 veces del concurso
actual).
Estamos una vez mas ante
una demostración de que la llamada “colaboración público – privada” no es sino
destinar dinero público para beneficios privados, debemos de evitarlo, por eso
todos y todas tenemos que secundar las movilizaciones de la Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública de Alcañiz el próximo 7 de marzo, porque no
debemos dejar que nuestra salud se convierta en el negocio de unos pocos.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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