nuevatribuna.es | Contesta Carlos Cruzado | Presidente
de Gestha | 01 Marzo 2015 - 15:29 h.
Tal y como venimos planteando desde hace tiempo en
Gestha, es conveniente que desde las primeras etapas del sistema educativo
se enseñe que los impuestos son “el precio” de los servicios públicos y que
cumplen una función redistributiva, y que “quien defrauda, defrauda a
todos”.
Por este motivo, estamos a favor de -al igual que hizo
la DGT con la seguridad vial- concienciar sobre la necesidad de pagar impuestos
y alertar sobre los efectos del fraude, entre los que se
encuentran la distorsión de la renta per cápita de los ciudadanos, la
competencia desleal entre empresarios y el debilitamiento de ingresos del
Estado, con su consiguiente efecto negativo en la educación, la
sanidad y las pensiones, subsidios y ayudas sociales.
Sin embargo, estamos en contra de crear un estado en
el que imperen los delatores del fraude fiscal cometido por terceras
personas, una práctica que se está extendiendo en Estados Unidos y otros
países, sobre todo anglosajones, y que la Organización de inspectores pretende
importar a nuestro país, potenciando las denuncias y proponiendo el pago a
confidentes. Incluso el gobierno de Canarias ha estudiado dar incentivos a
aquellos contribuyentes que delaten posibles fraudes fiscales. Pero esta
posibilidad, aunque hoy en día no se aplica, sí estuvo en vigor entre 1964 y
1987, a través del artículo 103 de la antigua Ley General Tributaria.
De hecho, el premio al delator oscilaba entre el
20% y 30% del importe de la sanción impuesta al denunciado. Sin embargo,
esta medida desapareció a partir del 1 de enero de 1987 porque se identificaron
situaciones anómalas de empresas o personas dedicadas profesionalmente a
detectar fraudes y que querían intervenir en los procedimientos de la Hacienda
pública. Todos sabemos que la ‘picaresca’ es bien común en nuestro país.
Por aquel entonces, el Ministerio de Hacienda tenía
poca capacidad para atender todas la denuncias, por lo que hubo contribuyentes
que se dedicaron a pedir directamente dinero a los empresarios o particulares
que iban a denunciar por supuesto fraude, a modo de extorsión o chantaje con el
que conseguían dinero rápido a cambio de no poner la denuncia. Y fue este uno
de los motivos que llevó al Gobierno a derogar la ley.
Por tanto, aunque este tipo de medidas delatoras
puede parecer un buen estímulo para la lucha contra el fraude, los Técnicos de Hacienda creemos
que no es una solución adecuada, ya que si el denunciante se mueve por un
interés legítimo, debería hacerlo sin esperar ninguna compensación económica.
Por eso, creemos que la concienciación es el mejor camino, junto con una eficaz
actividad de control del fraude por la AEAT.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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