domingo, 1 de marzo de 2015

¿PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE ES MÁS EFICAZ CONCIENCIAR O DELATAR?




Una práctica que se está extendiendo en Estados Unidos y otros países, sobre todo anglosajones, es utilizar la figura del delator del fraude fiscal, potenciando las denuncias y proponiendo el pago a confidentes.
nuevatribuna.es | Contesta Carlos Cruzado | Presidente de Gestha | 01 Marzo 2015 - 15:29 h.
Tal y como venimos planteando desde hace tiempo en Gestha, es conveniente que desde las primeras etapas del sistema educativo se enseñe que los impuestos son “el precio” de los servicios públicos y que cumplen una función redistributiva, y que “quien defrauda, defrauda a todos”.

Por este motivo, estamos a favor de -al igual que hizo la DGT con la seguridad vial- concienciar sobre la necesidad de pagar impuestos y alertar sobre los efectos del fraude, entre los que se encuentran la distorsión de la renta per cápita de los ciudadanos, la competencia desleal entre empresarios y el debilitamiento de ingresos del Estado, con su consiguiente efecto negativo en la educación, la sanidad  y las pensiones, subsidios y ayudas sociales.
Sin embargo, estamos en contra de crear un estado en el que imperen los delatores del fraude fiscal cometido por terceras personas, una práctica que se está extendiendo en Estados Unidos y otros países, sobre todo anglosajones, y que la Organización de inspectores pretende importar a nuestro país, potenciando las denuncias y proponiendo el pago a confidentes. Incluso el gobierno de Canarias ha estudiado dar incentivos a aquellos contribuyentes que delaten posibles fraudes fiscales. Pero esta posibilidad, aunque hoy en día no se aplica, sí estuvo en vigor entre 1964 y 1987, a través del artículo 103 de la antigua Ley General Tributaria.
De hecho, el premio al delator oscilaba entre el 20% y 30% del importe de la sanción impuesta al denunciado. Sin embargo, esta medida desapareció a partir del 1 de enero de 1987 porque se identificaron situaciones anómalas de empresas o personas dedicadas profesionalmente a detectar fraudes y que querían intervenir en los procedimientos de la Hacienda pública. Todos sabemos que la ‘picaresca’ es bien común en nuestro país. 
Por aquel entonces, el Ministerio de Hacienda tenía poca capacidad para atender todas la denuncias, por lo que hubo contribuyentes que se dedicaron a pedir directamente dinero a los empresarios o particulares que iban a denunciar por supuesto fraude, a modo de extorsión o chantaje con el que conseguían dinero rápido a cambio de no poner la denuncia. Y fue este uno de los motivos que llevó al Gobierno a derogar la ley.
Por tanto, aunque este tipo de medidas delatoras puede parecer un buen estímulo para la lucha contra el fraude, los Técnicos de Hacienda creemos que no es una solución adecuada, ya que si el denunciante se mueve por un interés legítimo, debería hacerlo sin esperar ninguna compensación económica. Por eso, creemos que la concienciación es el mejor camino, junto con una eficaz actividad de control del fraude por la AEAT.



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