viernes, 20 de marzo de 2015

MANIFIESTO DE LAS ASOCIACIONES MEMORIALISTAS AGRUPADAS EN TORNO A LA PLATAFORMA DE LA MEMORIA DE ARAGÓN A LOS PARTIDOS POLÍTICOS







Es un imperativo  categórico  moral para una sociedad  verdaderamente  democrática,  reparar  el dolor que, en el seno de la misma, provocaron los decenios de infamia y oprobio del franquismo.

Resulta  inaceptable  que  se  haya  querido  mantener  el  velo  del  olvido  con  el  que  el  régimen dictatorial intentó ocultar sus crímenes.

Ampararse en una ley preconstitucional  de auténtico "punto final", como fue la Ley de Amnistía, para exonerar a los agentes de la represión del régimen ,es un hecho que se da conmente en los tribunales españoles y que ha sido duramente criticado en reiteradas ocasiones por organismos internacionales de Derechos Humanos.

Pretender que un "crimen de lesa humanidad" prescribe, es atentar contra todos los principios de derecho internacional que nuestro estado dice defender.

Incumplir  órdenes  internacionales  de  búsqueda,  captura  y extradición  es  un  hecho  gravísimo, indefendible  en  una  sociedad  que  se  pretende  moderna  y  democrática  en  el  seno  de  una comunidad internacional defensora de los Derechos Humanos.

Acabar con el principio de Justicia Universal para seguir amparando, tambn, al franquismo, es un hecho que está provocando, además, gravísimas consecuencias de derecho penal.

No perseguir,  como  si se hace  internacionalmente,  a los nazis  que torturaron  durante  os  a millones de seres humanos, incluyendo miles de españoles, es hacer continuismo con un régimen que negó la "españolidad"  de esas personas cuando fueron capturados por sus aliados de dos guerras.


Las asociaciones memorialistas aragonesas denunciamos estos actos del estado.

Se nos ha amparado internacionalmente, pero en nuestro propio país se nos ha dado la espalda por parte de las autoridades reiteradamente.

Una sociedad que niega Verdad, Justicia y Reparación a unas víctimas aplastadas por el peso de una injusticia histórica y que, sin embargo, rinde homenajes a otras, prolonga una situación que, inevitablemente se manifiesta como una enfermedad en el seno de la misma.

Pedimos pues, a las formaciones políticas, que se pronuncien públicamente y denuncien estos hechos asumiendo en sus programas electorales las reivindicaciones por las que las asociaciones memorialistas llevamos luchando os.

Y para ello planteamos los siguientes puntos:

-Relanzar  el proyecto  de Amarga  Memoria,  u otro similar,  para que exista,  por fin, un órgano institucional  que apoye a las víctimas  e investigue  los hechos para que, a través de un cabal conocimiento de los mismos, exhume, dignifique y palie, en la medida de lo posible, el daño hecho a la sociedad por este abandono institucional

-Elevar al ejecutivo central proyectos para conseguir un punto de partida irrenunciable, es decir, una COMISIÓN DE LA VERDAD, que también podría desarrollarse a nivel autonómico, con cuyas conclusiones se podría elaborar un plan de políticas efectivas de rehabilitación social.

-Retomar los expedientes de todos los funcionarios públicos expulsados de sus puestos por su "desafección" al régimen golpista, debería procederse a su rehabilitación, homenaje y la aceptación de las consecuencias de estos actos a todos los niveles.

-Dignificar TODAS las fosas conocidas, convirtiéndolas en auténticos "lugares de la memoria" con las consecuencias sociales y pedagógicas que este hecho lleva implícito. Exhumar aquellas   que los familiares soliciten con la colaboración de expertos y asociaciones de memoria histórica.

-Incorporar al currículo la enseñanza de la Historia de esos años haciendo hincapié en los hechos sucedidos y durante tantos os tergiversados y ocultados por el régimen vencedor y obviados por la sociedad democrática.

-Realizar acciones políticas y judiciales encaminadas a la derogación de los juicios franquistas y la Ley de Amnistía, cumpliendo con las obligaciones que en materia de Derechos Humanos ha de satisfacer el estado en el contexto internacional.

-Desarrollar la Ley de Memoria Histórica, incluso a nivel autonómico, con un apoyo explícito de discriminación positiva en defensa de las personas y colectivos perseguidos durante años por el franquismo, con su rehabilitación y la reparación a que el desarrollo de estas norma jurídica les diera derecho.

-En aplicación de esta misma norma jurídica, eliminar todos los restos de símbolos y nombres franquistas de nuestras calles a nivel local, autonómico y estatal. Exigiendo a la Iglesia Católica y otras personas jurídicas la misma aplicación de esta norma a la que estarían obligados como toda la ciudadanía.

   Cierto es que los ciudadanos que vivieron oprimidos durante los decenios que duró el franquismo, esperaban una vuelta a un sistema político que, en primer lugar diera a la sociedad la  Verdad, Justicia y Reparación, a la que tenía derecho a aspirar tras tan largo y tenebroso episodio de nuestra Historia.
Las circunstancias políticas del momento obligaron a realizar un pacto no escrito para prolongar el silencio.
Dicho pacto no debe durar ni un día más y es en manos de la voluntad de las organizaciones políticas representativas el que así sea.


"DAD PALABRA AL DOLOR,

EL DOLOR QUE NO SE EXPRESA,

ACABA PUDRIENDO EL CORAZÓN"

(William Shakespeare).

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