Libre Publicacion | Juan Torres López | 18-05-2011 |
Hace unas semanas, justo
cuando Izquierda Unida hacía público su compromiso de no presentar como
candidatos en las elecciones municipales a personas imputadas por la justicia,
se filtraba desde el juzgado que instruye el llamado caso Mercasevilla la
noticia de que el candidato de esa coalición, Antonio Torrijos, estaba
imputado.
Naturalmente, eso provocó
la polémica pues con esa filtración se podía poner de manifiesto que Izquierda
Unida no cumplía sus promesas si Torrijos no dejaba de ser candidato, lo que
obviamente suponía un coste electoral muy grande para esa formación de
izquierdas de cuyos resultados en gran parte depende que la derecha no vuelva a
gobernar el codiciado ayuntamiento sevillano.
La filtración simplemente
se limitaba a señalar que se imputaba a Torrijos porque habría tenido una
directa responsabilidad y activa participación como vicepresidente y miembro de
la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla en el proceso de adjudicación de la
totalidad de sus terrenos a la constructora Sanma, dándose así a entender que
se trataba de un caso más de corrupción municipal que habría comportado un
grave perjuicio a la ciudad.
A nuestro juicio, lo que
está ocurriendo es una nueva prueba de que la administración de justicia no es
objetiva a la hora de resolver los casos que tiene en sus manos y que utiliza
una vara de medir muy diferente según quienes sean los encausados. No podemos
pensar otra cosa cuando constantemente conocemos que los procesos a grandes
directivos empresariales o líderes políticos de la derecha (Alierta, Ana Mato,
Fabra...) quedan en nada porque sorprendentemente prescriben las actuaciones,
mientras que en otros casos, como en el de Baltasar Garzón o ahora en el de
Torrijos, los juzgados incluso fuerzan los márgenes de lo procesalmente
permitido para actuar con una severidad a todas luces injustificada y
desmedida.
Eso es lo que nos parece
que está ocurriendo cuando después de un mes de haberse producido la filtración
la jueza que lleva el caso no ha comunicado aún la supuesta imputación al
candidato de Izquierda Unida. Una circunstancia que evidentemente lo deja
indefenso y que le provoca un daño político y personal gravísimo por los que la
jueza debiera haber respondido ya.
Además, al permitir la
filtración y mantener silencio durante tanto tiempo desde la propia
administración de justicia se esté dando lugar a que se lleve a cabo un
auténtico juicio público, o casi mejor, un verdadero linchamiento, al no poder
quedar evidentes con la necesaria transparencia algunas cuestiones esenciales.
Cabe recordar, en primer
lugar, que lo que al parecer se imputa a Torrijos no es su enriquecimiento sino
que se procediera a la venta de los terrenos por un procedimiento de concurso
en lugar de subasta. Una decisión permitida por la ley y que Torrijos defendió
por mandato de Izquierda Unida que la ha justificado porque de esa manera se
podían tener en cuenta contraprestaciones no solo monetarios. Algo que puede
ser discutible, como toda propuesta política, pero que en ningún caso tiene por
qué implicar un perjuicio para la ciudad sino que, por el contrario, quizá sea
la única forma de conseguir rendimientos sociales que por su naturaleza no
pueden tener una pura expresión en términos monetarios. Y, en segundo lugar, es
igualmente sorprendente que se impute la decisión a título personal a Antonio
Torrijos cuando en realidad, y tal y como establece la ley que debe ser, lo
puesto en cuestión no puede tratarse sino de la decisión de un órgano
colegiado, tomada después de la correspondiente deliberación y votación entre
todos sus miembros. Y, por cierto, adoptada al parecer por unanimidad de todos
los partidos políticos allí representados.
Es obligado recordar así
mismo que la jueza responsable de la filtración, dado que ella es quien debe
custodiar los documentos de su oficina, y por tanto del daño que se está
produciendo al candidato, fue recusada en su día por ser esposa de una persona
hace tiempo despedida de la empresa en cuestión. No afirmamos que se esté
produciendo de esta manera una venganza pero sí podemos afirmar con rotundidad
que la jueza actúa con una severidad moral frente a Antonio Torrijos que no
aplica a su propio comportamiento.
Finalmente, queremos
expresar que afirmamos lo que antecede no solo porque estimamos que se ha
producido un daño personal, y con independencia de la mayor o menor simpatía
que podamos tener hacia el candidato, sino porque creemos que cuando la
justicia funciona de esta manera tan anómala se produce un perjuicio
escandaloso a toda la sociedad y porque tenemos la convicción de que ya es hora
de que la ciudadanía reaccione y comience a pedir responsabilidades a quienes
de una u otra manera lo vienen provocando.
Fuente: www.tercerainformacion.es
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