Archivos secretos en poder de 'Público' demuestran que el
Ejecutivo de Adolfo Suárez conocía los planes de exterminio del régimen
argentino
DANILO ALBIN Bilbao
15/11/2014 23:30 Actualizado: 15/11/2014 23:43
El dictador
argentino, Jorge Rafael Videla, en una foto de archivo.
La Escuela de Mecánica
de la Armada (ESMA) de Argentina tenía poco de mecánica y mucho de armada.
Durante los terribles años de la dictadura de Jorge Rafael Videla, este
gigantesco predio militar -situado muy cerca del campo de fútbol de River
Plate- se convertiría en el Auschwitz argentino: por allí pasaron alrededor de
5.500 prisioneros del régimen. Torturas medievales, simulacros de fusilamiento,
fusilamientos de verdad... Muy pocos sobrevivieron al horror.
Actualmente, este campo
de concentración es un "Espacio para la Memoria y los Derechos
Humanos", en el que víctimas y familiares de desaparecidos desarrollan
diferentes actividades a favor de la verdad y la justicia. En uno de sus
edificios funciona el "Archivo de la Memoria", un centro documental
que actúa como garantía contra el olvido. Hace algo más de un año, allí fueron
depositados los soportes informáticos que contienen alrededor de 600
archivos digitalizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
En lenguaje informático, 17 gigas sobre las denuncias y gestiones realizadas
por los desaparecidos españoles.
La desclasificación de
estos documentos por parte del gobierno de Rajoy -e incluso por su antecesor,
José Luis Rodríguez Zapatero- no fue sencilla ni rápida. Durante 30 años, los
familiares de las víctimas se dieron una y otra vez contra las herméticas
puertas del Estado español, que se negaba a abrir sus archivos en Argentina.
Los reclamos de los familiares de desaparecidos llegaron a la Audiencia
Nacional, que hasta en tres ocasiones tuvo que pedir al Ministerio de
Exteriores la entrega de estos documentos.
Los archivos
desclasificados por el ejecutivo del PP no incluyen toda la verdadEl día tan
esperado llegó el 8 de abril de 2013, cuando el subsecretario de Asuntos
Exteriores, Rafael Mendivil Peydro, remitió a la Audiencia Nacional, "tan
pronto como ha sido posible", dos soportes informáticos con
"documentación digitalizada obrante en la Embajada y Consulados generales
de España en Argentina (sitos en Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza,
Rosario) relativa a los desaparecidos entre los años 1970 y 1980".
Suárez, al corriente
de los planes
Sin embargo, Público ha podido confirmar que los
archivos desclasificados por el ejecutivo del PP no incluyen toda la verdad:
entre la documentación aportada faltan varios telegramas e informes elaborados
por la delegación diplomática, en los cuales quedaría demostrado que el
gobierno de Adolfo Suárez estaba al corriente de los planes de exterminio
impulsados por Videla. Se trata de papeles en perfecto estado de conservación, muchos
de ellos con el membrete de "reservado" en su parte superior, que
revelan las conexiones de la embajada española con las más altas esferas del
régimen.
En uno de estos
documentos, enviado a Madrid el 16 de marzo de 1976 -ocho días antes del golpe
de estado en Argentina-, la embajada explicaba al ministerio de Exteriores
español que los militares esperaban el "momento táctico favorable para
poner en marcha el dispositivo preparado para la toma del poder".
"Informaciones confidenciales me señalan que ideólogos peronistas, ante
eventualidad del golpe militar, se preparan para restablecer en Madrid un
centro rector de la maquinaria justicialista", añadía el encargado de
negocios de la misión española, un funcionario de apellido Vidal.
El
"dispositivo" que anunciaba la embajada no era más que un detallado
plan de asesinatos: inmediatamente después de acabar con la democracia, la
dictadura sacó a sus hombres más fieles a la calle y asesinó a cientos de
personas. El embajador español Gregorio Marañón -hijo del famoso médico
que dio nombre al hospital madrileño- pudo confirmar estos aspectos con altos
mandos de Inteligencia. En un telegrama cifrado del 30 de marzo de 1976, el
diplomático relataba que un coronel del Servicio de Informaciones del Estado le
había revelado que la Junta Militar "espera y desea una violenta reacción
extremista" para emprender entonces su "campaña definitiva contra la
subversión". El saldo sería de 30.000 desaparecidos.
"No podemos
bajar la guardia"
Durante aquel trágico
1976, Marañón mantendría frecuentes contactos con los responsables de la
represión. De hecho, el embajador hablaba con frecuencia con agentes de la
temible Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para intercambiar datos
sobre lo que ocurría en el país y en el mundo. Tal como demuestran otros
documentos en poder de Público, el diplomático español llegó a
recibir informes elaborados por los servicios argentinos sobre lo que ocurría,
por ejemplo, en la URSS.
La documentación
desclasificada por el Gobierno español omite los informes de sobre sus
encuentros con los principales jefes de la dictadura argentina
Su sucesor, Enrique
Pérez-Hernández -un diplomático algo más moderado que el franquista Marañón-,
también mantuvo habituales contactos con represores argentinos, a quienes en
reiteradas ocasiones pidió la liberación de los españoles detenidos en cárceles
de ese país. Sin embargo, la documentación desclasificada por el gobierno de
Rajoy omite los informes de Pérez-Hernández sobre sus encuentros con los
principales jefes de la dictadura.
Una de esas reuniones
tuvo lugar el 8 de marzo de 1978. Mientras miles de argentinos pasaban a
engrosar las listas de desaparecidos, el embajador se reunió con el almirante Emilio
Eduardo Massera, máximo responsable de la Armada y, por ende, del campo de
concentración que funcionaba en la ESMA. De acuerdo a un informe reservado,
Massera intentó desligarse de los crímenes cometidos por sus agentes y acusó
directamente a los otros cuerpos represivos.
"La guerrilla está prácticamente vencida pero no podemos bajar la
guardia -afirmó el almirante-. La marina tiene más bajas en la lucha
antiguerrillera que el Ejército y la Fuerza Aérea, pero es absolutamente falso
que nuestra acción haya sido salpicada -salvo en algún caso excepcional- por torturas
o vejámenes inhumanos. No puedo decir lo mismo -añadió- de los comandantes de
cuerpo del ejército (capitanes generales) que son verdaderos caciques en
sus demarcaciones y que no rinden cuenta al gobierno de su manera de conducir
la lucha".
En aquella reunión,
Massera aseguró al embajador que promovería "la publicación íntegra de la
lista de desaparecidos con lugares de detención", aunque sólo daría
"noticias vagas sobre el enfrentamiento en que murieron".
Pérez-Hernández insistió sobre este punto, "explicándole que este tema
preocupaba enormemente al Rey, al gobierno y al pueblo español -heridos en su
propia carne- sin que la justicia actuase con las garantías mínimas procesales
existentes en todo país civilizado". El almirante ni siquiera gastó saliva
en responderle.
Los
"excesos" de Videla
Asimismo, los archivos
revelan que el embajador español también mantuvo una reunión secreta con el
dictador Videla. Ocurrió el 1 de agosto de 1979 en la residencia presidencial
de Olivos, ocupada por los militares desde 1976. "La audiencia se prolongó
por más de una hora, y en ella hicimos una panorámica de los temas
internacionales actuales", señaló Pérez Hernández en un informe reservado.
La dictadura advirtió a
los diplomáticos españoles sobre un nuevo plan represivo contra militantes de
izquierda
Durante la charla,
Videla mostró su "convicción de que el futuro político argentino debe
encaminarse a través de una democracia sólida, pluralista y estable, con
participación de las Fuerzas Armadas, y buscando en los partidos nuevas
personas no comprometidas con el pasado y deseosas de llegar a un sincero
acuerdo nacional". De acuerdo a este documento, el dictador habló de
"excesos en la lucha antiterrorista de épocas pasadas", al tiempo que
volvió a mostrar su interés por cultivar las relaciones con España, asegurando
que la embajada de Argentina en Madrid "revestía la mayor
importancia" para su régimen.
Algunas semanas después
de esta reunión, la dictadura advirtió a los diplomáticos españoles sobre un
nuevo plan represivo contra militantes de izquierda. "Los Servicios de
Inteligencia argentinos tenían conocimiento de la entrada en el país, con
documentación falsa, de delincuentes subversivos -según su clasificación-
procedentes de España, en donde habrían recibido instrucción y directivas de
actuación con la finalidad de lograr un golpe de efecto coincidente con la
visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)",
explicaba el agregado militar de España en un informe enviado a Madrid el 20 de
septiembre de 1979.
La nota en cuestión
hacía referencia a la "contraofensiva", un plan del grupo Montoneros
que consistía en el regreso de sus exiliados al país para pelear contra el
régimen. Tal como confirmaba el informe del agregado español, la Junta Militar
conocía las intenciones de los guerrilleros, que serían asesinados a medida que
retornaban al país. "Los 16 desaparecidos desde el 3 de agosto podrían
estar relacionados con estos hechos o con algún otro de mayor gravedad que haya
podido ser abortado por los servicios de Inteligencia", explicaba el
informe de la embajada. Actualmente, este caso es objeto de un proceso judicial
en Argentina, un país que sigue juzgando a sus verdugos.
Fuente: www.publico.es
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