Las
concentraciones forman parte de la campaña ¡No nos callarán!, con la que los
sindicatos quieren denunciar la ofensiva penal contra el derecho de huelga y
los sindicatos.
nuevatribuna.es | 09 Julio 2014 - 18:11 h.
Multitudinarias
concentraciones y manifestaciones se celebraron este miércoles ante las
delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de todo el país para reclamar a
los poderes públicos, y especialmente al Gobierno central, que respeten
el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho de huelga, y cesen en su intento de criminalizar
la respuesta social y laboral.
Las
concentraciones, que se suman a las ya celebradas con anterioridad en
Madrid, Navarra y Galicia, han querido también mostrar el apoyo a los más
de 265 trabajadores y sindicalistas encausados, para los que el Ministerio Fiscal
pide en conjunto un total de 120 años de cárcel por su participación en
huelgas.
Las
concentraciones forman parte de la campaña
¡No nos callarán!, con la que
los sindicatos quieren denunciar la ofensiva penal contra el derecho de huelga
y los sindicatos. Con este objetivo, los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio
Fernández Toxo y Cándido Méndez, se
reunieron con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y el presidente del
Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, e igualmente se han dirigido
a la Fiscalía, reclamando que se cambie el Código Penal y se repongan los
derechos fundamentales que se están socavando.
CCOO y UGT
han aprovechado las concentraciones para hacer entrega de un escrito en las
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en el que denuncian que “la acusación penal que
acarrea la imputación de delitos para los que se piden hasta 8 años de cárcel a
representantes sindicales constituye una injerencia de los poderes públicos en
el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima
de derechos democráticos y de manera singular, del derecho de huelga”.
La
imputación más frecuente es la de carácter exclusivamente administrativo, y no
representan en la mayoría de los casos importes relevantes, excepción hecha de
la infracción muy grave aplicada al caso de Huelva que supera la
cantidad de 60.000 euros, informa CCOO. En el ámbito penal, la mayor gravedad
de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de
coacciones a la huelga. En algunos casos se ha constatado que las peticiones de
la Fiscalía exceden notablemente de la pena mínima, lo que además tiene lugar
cuando solicita igualmente pena de prisión por otros delitos concurrentes como
los de atentado o lesiones, como es el caso
de Airbus, en el que se pide 8 años de prisión para cada uno de los 8
sindicalistas de CCOO y UGT imputados, 7 años de prisión para cada uno de los dos
sindicalistas de hostelería de Madrid también imputados o cuatro años y medio,
como se pide a la secretaria general de de Baleares.
Para CCOO,
las prácticas
sancionadoras contra sindicalistas han ido aumentando hasta límites intolerables, por lo
que, según señalan en el escrito, “se dirigen a las delegadas y delegados del
Gobierno para que los poderes públicos, y al frente de ellos el Gobierno de
España, respeten el ejercicio pleno de la libertad sindical y del derecho
de huelga y cesen en su intento de criminalizar la respuesta social y
laboral
Fuente: www.nuevatribuna.es
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