Desde
el inicio de la presente legislatura el Gobierno del PP está llevando a cabo un
ataque sistemático contra el sindicalismo confederal.
nuevatribuna.es
| Por Manel García Biel | 07 Julio 2014 - 19:04 h.
Desde el
inicio de la presente legislatura el Gobierno del PP está llevando a cabo un
ataque sistemático contra el sindicalismo confederal.
El ataque no
es gratuito. Sin duda el PP recuerda como en el tiempo más álgido de poder del
Gobierno Aznar y su mayoría parlamentaria, los sindicatos lo derrotaron con la
Huelga General contra "El Decretazo". Esta derrota significó el inicio
de la caida de Aznar y el PP, que continuó con los movimientos contra la guerra
de Irak y con los hechos del 11M..
El PP no ha
olvidado aquella situación y el papel de oposición real de los sindicatos,
cuando prácticamente la oposición política estaba desaparecida, y está dejando
claro que aprendió la lección.
El PP está
empeñado en limitar al mínimo la influencia y la capacidad del sindicalismo de
clase, en la línea que marcó Margaret Tatcher. Se trata de debilitar las
principales organizaciones estructuradas de la izquierda social.
El primer
objetivo del Gobierno del PP ha sido finiquitar el sistema de
"concertación social" que se ha construido a lo largo de los años de
democracia y que ha sido señalado como una de las principales conquistas
positivas de la España democrática. Durante muchos años la negociación y los
acuerdos entre sindicatos, empresarios y gobierno permitió establecer una
estructura consensuada respecto a las normas laborales y sociales, desde la
negociación colectiva a las reformas de los sistemas de previsión social.
Ahora el
Gobierno del PP ha dinamitado este sistema que tan buenos resultados ha dado en
las relaciones laborales. La Reforma Laboral del PP, con el apoyo de CiU, ha
significado un ataque a la línea de flotación del movimiento sindical. La
liquidación del sistema de negociación colectiva existente durante todos estos
años, la potenciación de la unilateralidad del empresario en las relaciones
laborales, ha significado un ataque en toda regla a lo que es el principal
fundamento y la razón de ser del sindicalismo. La negociación colectiva, en su
sentido amplio de negociación de las condiciones laborales, económicas y
sociales de los trabajadores, es sin ningún género de duda la razón clave de la
existencia del movimiento sindical.
El segundo
objetivo del Gobierno del PP ha sido el ataque material y mediático a las bases
de los instrumentos del sindicalismo, los sindicalistas y especialmente los
liberados sindicales. Se ha provocado una reducción drástica de los liberados
sindicales en los organismos públicos, pasando por alto los acuerdos
anteriormente firmados, a la vez se han reducido de forma sustancial las
subvenciones institucionales y las subvenciones finalistas, para realizar
actuaciones sociales como son información a parados, inmigrantes, etc. Se ha
tratado de reducir el capital económico y humano de los sindicatos con el fin
de debilitar su relación con la sociedad, todo ello acompañado de una amplia
campaña mediática desde los medios públicos y privados de la derecha.
No hay duda
de que el Gobierno del PP ha aprovechado la mejor coyuntura para sus intereses,
como ha sido la crisis económica. Los momentos de crisis económica son los
peores momentos para la lucha sindical. Y más en el caso de una crisis de la
envergadura de ésta donde el paro masivo desmoviliza a los trabajadores
por miedo a las consecuencias de la pérdida de sus puestos de trabajo. Asimismo
el paro masivo también tiene repercusiones en el sindicalismo organizado ya que
se da una baja con respecto a la afiliación y por tanto los recursos ingresados
por los sindicatos en concepto de cuota.
Por último
el Gobierno del PP de forma directa a través de la Ley de Seguridad Ciudadana,
e indirecta a través de las actuaciones de la fiscalía y determinados jueces
está llevando a cabo una campaña de criminalización contra la base sindical y
los trabajadores mediante los procesos con petición de penas desproporcionadas
contra trabajadores / as que han participado en piquetes sindicales en procesos
de huelgas.
Nunca como hasta
ahora, y la ley siempre ha sido la misma, se había visto una situación parecida
donde hay más de 260 personas trabajadoras procesadas por participación en
"piquetes de huelga" y para las que el Ministerio Fiscal pide 125
años de cárcel.
Esta
ofensiva antisindical es una más de las actuaciones de restricción de derechos
democráticos llevada a cabo por el PP en la actual legislatura y que
corresponde a un momento de fuerte involución antidemocrática por parte de la
derecha política y económica aprovechándose de la crisis. Ofensiva que si no ha
ido a más es debido a que la función sindical está recogida en la Constitución.
Para
conseguir sus objetivos de recorte de derechos sociales el PP precisa eliminar
o reducir la fuerza de aquellos que se le oponen. Y los sindicatos figuran en
primer término. En tanto que fuerza social organizada, el sindicalismo ha
estado en primera línea en la lucha por oponerse a los objetivos del Gobierno.
Luchando y planteando alternativas a las actuaciones del gobierno. No hay duda
de que no se pueden explicar las múltiples movilizaciones sociales sin tener en
cuenta el papel de los sindicatos, del sindicalismo y de los sindicalistas.
Detrás de las diversas "mareas", detrás de los diversos movimientos
como la ILP de la PAH, siempre ha estado presente el sindicalismo confederal. Y el Gobierno lo sabe y no perdona.
Estamos en
un momento difícil para el sindicalismo, pero los momentos difíciles también
posibilitan el salir reforzados. El momento puede servir para depurarse de
aspectos relacionados con el burocratismo, especialmente en el caso de sectores
de algún sindicato demasiado vinculado a algún partido en el poder en alguna
comunidad. No hay duda de que la falta de recursos obligará a ser mucho más
cuidadosos en cuanto a la utilización de los mismos. El retorno a los orígenes,
la profundización en la autonomía sindical y aspectos como el límite de
mandatos, hacia donde está moviéndose por ejemplo CCOO, no hay duda de que
puede ser su garantía de futuro.
Los
sindicatos deben ser la una pieza clave para que cuando llegue una posible
recuperación ésta permita un mejor reparto de sus beneficios, que permita que
no salgamos de la crisis con muchas más diferencias sociales y mucha más falta
de cohesión social que a la entrada.
No hay duda
de que el sindicalismo confederal sigue siendo el principal instrumento,
imprescindible, para la defensa de los intereses de la clase trabajadora, que
quieran o no continúa existiendo. Y es una función de los sectores progresistas
de la sociedad y de los partidos que se reivindican de la izquierda no
olvidarlo y defender a fondo la función de un sindicalismo que por su parte no
puede olvidar seguir el camino de la renovación.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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