Alberto Garzón
13 de diciembre de 2013
Las
llamadas leyes del mercado no operan en el vacío sino que se
encuentran siempre institucionalizadas, es decir, sujetas a un conjunto de
reglas, normas, leyes, valores y costumbres que operan como su límite. En
consecuencia, hablar de tal cosa como el libre mercado es
tanto una exageración como una utopía. Es una exageración porque siempre hay,
aunque sea en grado reducido, algún tipo de regulación. Y es una utopía porque,
como advirtió K. Polanyi, cualquier avance de ese mercado autorregulado pone en
riesgo el orden social y genera un contramovimiento de protesta/protección que
acaba por neutralizarlo.
Afortunadamente,
en nuestras sociedades constitucionales la dinámica del mercado está limitada
por las normas jurídicas, siendo la Constitución la norma suprema. De no
organizarnos así estaríamos aún más expuestos a los caprichos irracionales del
mercado, que todo lo sacrifica en aras de una ganancia económica cortoplacista.
Las Constituciones, primero, y las leyes, después, moldean y constituyen el
diseño institucional en el que vivimos como sociedad. Dicho de otra forma,
constituyen las reglas de juego.
Y
es cierto que la lucha social, ejercida por los trabajadores, ha conseguido
históricamente modificar esas reglas de juego en su favor y consolidar en ellas
garantías constitucionales que en otro tiempo no existieron (tanto derechos
negativos, tales como el derecho a la libertad de expresión, como derechos
positivos, tales como el derecho a las prestaciones sociales). Lo que sucede es
que también el desarrollo capitalista requiere la permanente adecuación de
estas reglas de juego, las instituciones, a sus propias necesidades. La fuerza
salvaje de la lógica capitalista presiona constantemente sobre las
instituciones, convirtiéndolas enineficientes de facto. Este
fenómeno de «fuerzas encontradas» permite estudiar las constituciones, y las
leyes, como la cristalización de una determinada correlación de fuerzas, en un
momento histórico dado, entre trabajo y capital.
De
ahí que la reciente avalancha de reformas legislativas, e incluso
constitucionales, tenga que ser interpretada como parte de la ofensiva del
capital contra los derechos conquistados previamente, es decir, contra aquellos
que había logrado afianzar el movimiento obrero. Sólo en España se han aprobado
44 Reales Decreto-Ley en el año 2011, 29 en 2012 y 14 en 2013. La reforma
constitucional de 2011 fue, de hecho, una exigencia bastante clara del capital
al institucionalizar la prioridad de la devolución de la deuda pública a los
mercados por encima de cualquier cosa[1].
Algunas
de las nuevas leyes tienen que ver directamente con el proceso de circulación
del capital, como son la decena de leyes destinadas a rescatar el sistema
financiero o las distintas reformas laborales, y mantienen como objetivo servir
a la configuración de un nuevo modelo de crecimiento económico basado
fundamentalmente en la precariedad laboral y las ganancias de competitividad
derivadas de devaluaciones salariales. Otras leyes han sido aprobadas con
propósitos indirectos, como la ley de seguridad ciudadana y la reforma del
Código Penal, con objetivos que tienen que ver con la represión, en
un sentido amplio, de los movimientos de crítica y protesta social que emergen
en contextos como el actual. Un contexto que refleja, sin duda, la ruptura de
la paz social.
El obstáculo de la democracia
En
la situación actual, de agotamiento del modelo de crecimiento económico
español, las exigencias del capital se han radicalizado. Hasta tal punto que la
ofensiva es verdaderamente una agresión democrática en toda regla, no un simple
retoque menor de algunas leyes. Nos encontramos ante la primacía de lo
económico –la lógica capitalista- sobre lo político –la democracia-, de tal
forma que el poder político que ejecuta las reformas no renuncia ni a socavar
los cimientos democráticos en aras de satisfacer las implacables necesidades
del capital.
Un
ejemplo paradigmático es el reciente Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de
noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la
normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de
entidades financieras. En este decreto, de apariencia técnica, se esconde
una disposición adicional tercera que concede a los alcaldes un poder especial
para ignorar al Pleno en aquellos casos en los que pueda ejecutarse un plan de
ajuste y éste no cuente con la aprobación del Pleno municipal. Una medida
notoriamente antidemocrática que precisamente se justifica, en la memoria del
propio decreto, en los siguientes términos:
«el
objetivo de esta disposición es facilitar la mayor incorporación posible de municipios
a las medidas extraordinarias citadas eliminando obstáculos que
no deberían afectar al logro de la estabilidad y del reequilibrio de aquellas
entidades».
Obsérvese
que en un raro ejercicio de sinceridad se utiliza el explícito concepto deobstáculo para
hacer referencia, nada más y nada menos, que al Pleno Municipal, que es donde
reside la soberanía municipal.
La
otra cara de la moneda son las administraciones que han intentado frenar la
ofensiva del capital por medio de leyes que garantizaran derechos sociales. Un
ejemplo es el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para
asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda aprobado
por la Junta de Andalucía, que tuvo un eco legislativo en Navarra, y que ha
sido recurrido por el Gobierno del Estado precisamente ante el Tribunal
Constitucional[2]. Todas las voces críticas
con aquel decreto, que procuraba garantizar el derecho a una vivienda a todos
los ciudadanos, insistían en que ponía en riesgo el «proceso de recuperación
económica». La propia Comisión Europea envió una carta al Gobierno de España
asegurando que no descartaban «que la legislación tenga efectos negativos
significativos sobre los mercados financieros y las instituciones en España»
porque «eleva la incertidumbre sobre el mercado de la vivienda y puede reducir
el apetito inversor por los activos inmobiliarios españoles». Los llamados
mercados tampoco tardaron en reaccionar. De hecho, el periódico El
Mundo titulaba así una noticia del 3 de octubre de 2013: «Los fondos
extranjeros exigen que no haya más leyes antidesahucio».
Así,
los diferentes ámbitos democráticos del Estado, resquicios donde aún se
escuchan los susurros del pueblo como soberano, están enfrentados de facto con
las necesidades del capital. Y son las fuerzas políticas mercenarias de ese
capital las que ejecutan las políticas que profundizan la desdemocratización de
la sociedad. Mientras los representantes políticos se posicionan en línea con
los intereses del capital, la apariencia general es de normalidad. Sin embargo,
cuando los representantes políticos se posicionan en contra de dichos
intereses, y por ende a favor de la democracia, entonces estalla el conflicto.
Ocurre en los ayuntamientos, en los Gobiernos de Andalucía y Navarra, pero
también y sobre todo en países vecinos como Grecia y Portugal.
La Restauración Borbónica
Ese
papel de las fuerzas políticas ejecutoras es absolutamente necesario en el
proceso de transformación social que se está llevando a cabo. El propio Fondo
Monetario Internacional consideraba como riesgo el hecho de que «el contexto
económico ha reducido la popularidad de los dos principales partidos, lo que
podría hacer que el apoyo público a nuevas y difíciles reformas fuera más
complicado»[3].
La
dinámica del capitalismo necesita instituciones que engrasen el movimiento del
capital, y aquellas sólo pueden reformarse y crearse a través del sistema
político. De ahí que la batalla entre democracia y mercado encuentre un espejo
en el terreno de las organizaciones políticas. De un lado, aquellas fuerzas
políticas que suscriben la necesidad de acondicionar las instituciones a las
demandas del mercado y donde podríamos situar al Partido Popular pero también a
las organizaciones nacionalistas de derechas como CIU o PNV y a las
organizaciones de grandes empresarios. De otro lado, fuerzas políticas
izquierdistas y movimientos sociales que con diferente intensidad defienden
tanto las conquistas sociales históricas como la creación de otro tipo de
instituciones de representación popular.
Y
en medio se sitúa una socialdemocracia en trance, acompañada por los grandes
sindicatos desnortados. Una socialdemocracia que en la práctica ha formado
parte activa del modelo político y económico que se desploma y que además ha
abierto la puerta a la ofensiva del capital. Una socialdemocracia que, de
hecho, cogobierna con la derecha liberal en varios países de Europa. Esta
socialdemocracia, y los sindicatos mayoritarios, están viendo cómo el suelo se
desplaza bajo sus pies y cómo la realidad social y política los desborda.
Incapaces de proponer alternativas económicas factibles, debido a que la
socialdemocracia carece de espacio en el escenario de globalización financiera
que ellos mismos han construido y que sus propuestas son sencillamente
ignoradas por no existir ya pacto social[4], se posicionan a la
defensiva y se tornan conservadores.
Así,
mientras la legitimidad del régimen del 78 se evapora a golpe de reforma constitucional
y decretos leyes, la socialdemocracia paradójicamente sale en su defensa
mientras suscribe los puntos fundamentales de la ofensiva del capital. De tal
forma que en España tanto PP como PSOE han puesto en marcha el proyecto de la
Restauración Borbónica, con el que se intenta apuntalar un sistema político
caciquil, corrupto y perverso, que aspira a ser funcional para el nuevo modelo
de crecimiento económico precario, antisocial y volátil.
La recuperación de la soberanía: el proceso
constituyente
Algunos
pensadores consideran que estamos viviendo un momento de reflujo en la acción
de los movimientos sociales y organizaciones de izquierdas. Yo estoy de
acuerdo. Sin duda ese reflujo está vinculado al cansancio, al miedo y, por qué
no, a cierta desorganización o descoordinación. La travesía por el desierto que
recorrió la izquierda durante los años de espejismo inmobiliario todavía pesa
sobre nuestras capacidades efectivas. Y tristemente es así en el contexto en el
que más hace falta todo lo contrario, un fuerte proceso de resistencia y de
movilización social. Ante esta realidad, han resurgido proyectos teóricos que
reclaman un proceso constituyente. Incluso una organización como Izquierda
Unida, con un horizonte electoral que oscila entre el 10% y el 15% de los votos
según las encuestas, ha aprobado tal idea como un objetivo a conseguir.
Un
proceso constituyente no es más –ni menos– que un proceso de emancipación
política y social que parte desde las clases subalternas de una sociedad y que,
convertidas en sujeto constituyente, elaboran una nueva constitución que regirá
las reglas del juego político de ahí en adelante. Como tal, supone una ruptura
con el poder constituido hasta ese momento y al que se considera deslegitimado.
El
proceso de deslegitimación del régimen del 78 comenzó hace mucho tiempo, si
bien a raíz de la crisis económica se ha intensificado. El desplome del
bipartidismo es uno de sus rasgos, pero no el único. El desprestigio de la
política institucional –erróneamente reducida a política, sin más–
y la movilización social dirigida contra las políticas suscritas por los
gobiernos a instancias del poder, son factores a sumar también. Y todo ello
forma un magma que debilita el sistema político actual pero sin que
necesariamente suponga la legitimación de una alternativa.
Esa
doble tarea, la de deslegitimar el régimen del 78 y legitimar el proceso
constituyente, es aún más importante que cualquier otra tarea actual. Y lo es
porque, con independencia del medio por el cual ese proceso constituyente se
active –bien sea por la vía electoral o por la presión social–, el horizonte
programático debe estar suficientemente definido. La gente protesta muy biencontra algo,
pero lucha mucho mejor por algo.
En
esa tarea nos vamos a encontrar muchos. A saber, en la constitución de una
alternativa republicana radical, basada en la participación democrática y en un
cambio radical de la relación representante-representado, unida a la puesta en
marcha de una alternativa económica basada, fundamentalmente, en la activación
de las garantías constitucionales positivas (vivienda, agua, luz, salud,
educación…) que hoy son convertidas en papel mojado por la ofensiva del
capital. Ese es el horizonte, que debe ser debatido y concretado, en el marco
de una lucha incesante entre capital y trabajo y entre fuerzas políticas del
régimen y fuerzas emancipadoras.
[1] De hecho la reforma
constitucional de 2011 ha sido la excusa necesaria para iniciar la mayoría de
las reformas legislativas, que sistemáticamente se han justificado en aras de
aquella reforma constitucional. De este modo, la deuda pública y el dogma de la
consolidación fiscal se han convertido en las palancas económicas que
justifican el desmantelamiento de las conquistas sociales.
[2] Lo cual supuso la
suspensión temporal del decreto, levantada hace unos meses tras la aprobación
de una ley que superaba y derogaba el decreto anterior. La batalla sigue
abierta.
[3] FMI (2013): “IMF
Country Report, No. 13/244. Spain. IV Article Consultatiton”. Disponible en
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13244.pdf
[4] http://blogs.publico.es/economia-para-pobres/2013/11/14/el-dilema-imposible-de-la-socialdemocracia-europea/
Fuente: www.publico.es
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