Solo Gambia, Guinea, Malí y Libia han
empeorado tanto, según Transparencia Internacional
Siria es el país que refleja una mayor
pérdida de transparencia de sus instituciones
Mapa mundial de la percepción de la
corrupción 2013. / TRANSPARENCIA INTERNACIONAL
El estallido del escándalo de los papeles de Bárcenas que reflejan
la contabilidad del PP, los últimos episodios del caso Urdangarin, la sentencia
del caso Malaya o el caso de los ERE, que pone
bajo sospecha la gestión del sindicato UGT en Andalucía, entre otros muchos
asuntos, tienen un gran impacto en la percepción de la corrupción en
España. Según el ranking global que publica la ONG Transparencia Internacional, España ha caído
10 puestos (de la posición 30 a la 40 en tan solo un año), por detrás de Brunei
y Polonia, y justo delante de Cabo Verde. En este indicador, realizado a
partir de una macroencuesta realizada a expertos, España cede seis puntos con respecto
al año pasado, de los 65 (sobre un máximo de 100) a los 59.
Se trata de la peor calificación en el Índice sobre Percepciones de la
Corrupción en 15 años. Desde 1997, España no bajaba de los 60 puntos, y se
convierte en el segundo país que pierde más puntos, junto a Gambia, Malí,
Guinea y Libia. Solo Siria, envuelta desde hace más de dos años en una cruenta
guerra civil, ha perdido más puntos.
En la Unión Europea, Grecia se mantiene como el país con un mayor nivel de
percepción de corrupción, aunque ha ganado cuatro puntos respecto al año
anterior y ha subido al puesto 80 frente al 94 que ocupó en 2012. En el listado
de la organización, Dinamarca y Nueva Zelanda comparten el primer puesto,
seguidos de cerca por Finlandia. En cambio, Somalia, Corea del Norte y
Afganistán cierran la tabla, al igual que en 2012.
En la presentación del informe, los portavoces de la organización han
distinguido la corrupción política de la administrativa, que consideran
prácticamente inexistente. "En España a nadie se le ocurre sobornar a un
policía, porque sabe que le denuncia", ha aseverado la catedrática de
derecho penal Silvina Bacigalupo, quien ha apuntado a dos ámbitos "muy
localizados" que explican la avalancha de escándalos: la financiación
municipal y de los partidos políticos. Según Bacigalupo, la Ley del suelo
aprobada en el año 1998 y el crédito fácil que impulsó la burbuja inmobiliaria
derivaron en una "situación de alegalidad" que favoreció la
corrupción política y urbanística. "¿Por qué España no castiga la corrupción
con los resultados electorales?", se ha preguntado.
"Los expertos consultados ven que España se desliza por la pendiente
de la corrupción", ha declarado Manuel Villoria, catedrático de la
Universidad Rey Juan Carlos, quien ha asegurado que "no se persigue
suficientemente la corrupción". "En Polonia -situado un puesto por
encima que España en el indicador- hubo 3.000 sentencias por corrupción el año
pasado. Aquí hubo unas 90. Hay impunidad". Villoria ha explicado que la
percepción de la corrupción en España es más notoria ahora por la magnitud de
los escándalos. "El partido en el Gobierno está atrapado por el caso
Gürtel y el caso Bárcenas", ha opinado.
Jesús Sánchez Lambás, abogado y vicepresidente segundo de la Fundación
Ortega y Gasset-Marañón, ha alertado de las consecuencias de la percepción de
la corrupción en España para la recuperación económica y la inversión
extranjera. "Los países que presentan mayores índices de corrupción
representan mayor riesgo país". Sánchez Lambás también ha criticado que la
tras la aprobación de la Ley de Transparencia no se hayan puesto en marcha
"acciones de formación y capacitación a funcionarios", quienes
deberán incorporar la ley a sus funciones, y ha parafraseado al Conde de
Romanones para mostrar su desconfianza hacia el desarrollo administrativo de la
Ley de Transparencia: "Haga usted la ley, que yo hago el reglamento".
Sobre esta norma, Villoria ha destacado que el Consejo de Transparencia que
contempla no es un órgano independiente. Sin embargo, el presidente de
Transparencia Internacional en España, Jesús Lizcano, ha pedido
"explotar" la ley "pidiendo información" y ha sido
optimista dado que "ahora tenemos jueces más beligerantes" con la
corrupción y el trabajo de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Económica y
Fiscal).
"En España, todos los sectores, incluyendo los partidos políticos, la
Familia Real y las empresas, estaban implicados en casos de corrupción en un
momento en el que el país está sufriendo", explica Anne Kock, directora
para Europa y Asia Central de Transparencia Internacional. "Lo que la
crisis económica ha hecho es permitir un mayor debate público sobre la
corrupción. La situación está más expuesta y eso afecta a las
percepciones".
En el ranking global,
Dinamarca y Nueva Zelanda comparten el primer lugar, con 91 puntos. Las últimas
posiciones corresponden a Afganistán, Corea del Norte y Somalia.
Fuente: www.elpais.com
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