Antonio Gutierrez
Publicado en 2013/12/19
[de gran interés este análisis. Que el autor sea
co-rresponsable de la deriva que denuncia no le quita nada] [Sociología
crítica]
eldiario.es 18/12/2014 // A los 25 años de
aquella Huelga General, la desigualdad y el autoritarismo vuelven a componer el
binomio que instala en el fracaso a todo un país, abocándolo al conflicto
social y a la degradación política.
Obviamente, los contextos son muy diferentes pero los
paradigmas socio-económicos que hoy están extremando la inequidad y el
cesarismo con el que se decretan tienen reconocibles precedentes en las
políticas gubernamentales de entonces. Aquel Gobierno de Felipe González se
dejó persuadir por la simpleza del esquema ideológico de la derecha según el
cual se debía acrecentar la tarta primero para poder repartirla después.
Pero los modelos de crecimiento nunca han sido
independientes de sus pilares. Si con uno de ellos se fragua la recomposición
del beneficio reduciendo salarios y derechos socio-laborales y con el otro se
restringe la capacidad redistributiva del Estado con políticas fiscales
regresivas, cuando se alcance el deseado crecimiento no se podrá imprimir un
cambio de 180 grados en la política económica para repartirlo equitativamente.
Si acaso podrán elevarse ocasionalmente algunas
partidas de gasto público al disponer de mayores ingresos, pero la desigualdad
relativa se mantendrá cuando no se agrande, porque también suelen aprovecharse
las etapas iniciales de los ciclos expansivos para implementar reformas
fiscales que las más de las veces ensanchan la brecha tributaria entre las
rentas del trabajo y las de capital. Así ocurrió en España con los Gobiernos de
González, lamentablemente volvería a suceder con los de Zapatero y está
constatándose en grado sumo con Rajoy.
En tal dirección se estrenó el Gobierno socialista en
1983 con el “Decreto Boyer”, que provocó una caída de 4,7 puntos porcentuales
de los costes laborales unitarios en 1984 y continuaron bajando en los cuatro
ejercicios siguientes. Si las remuneraciones de los asalariados equivalían al
53% de la Renta Nacional en 1.982, seis años después apenas suponían el 48%, en
contraste con el alza correspondiente de los excedentes netos de explotación.
Mientras los salarios perdían poder de compra año tras
año, los beneficios empresariales se duplicaban y los de la banca (tras haber
sido rescatada en 1982 de su descomunal crisis con dos billones de pesetas)
crecieron un 45%.
Simultáneamente, diseñaron los primeros artilugios,
como las SICAV, que catalizan la elusión fiscal de los más pudientes e
introdujo la desgravación en la compra de viviendas (no sólo de la habitual) y,
de paso, alentó la especulación inmobiliaria. Y sí, la tarta había crecido
desde un exiguo 1,2% en 1982 (la recesión había durado hasta el año anterior
con una tasa del -0,2%) hasta el 5,8% con que cerró 1988, gracias sobre todo a
la afluencia desde 1985 de flujos de inversión directa extranjera hacia
sectores especulativos como el inmobiliario y activos financieros.
Pero tan desequilibrado crecimiento no favoreció la
creación de empleo, ya que de 1,1 millones de parados en 1982 se pasó a
3.023.646 al cerrar el 87 (la gran promesa electoral del PSOE fue la creación
de 800.000 empleos en su primera legislatura); ni mucho menos mejoró el gasto
social, puesto que de un incremento de siete puntos porcentuales en términos de
PIB entre 1.977-1981 (gobernado por la UCD) contrajo su ritmo hasta elevarse
tan sólo 1,64 p.p. en el intervalo 82-87 (del 36,74% al 38,38% del PIB).
Entre las partidas más significativas, cabría recordar
que la cobertura al desempleo descendió desde el 33,64% en el 82 al 28,8%
durante el 88 (la más baja hasta el presente en toda la historia del seguro de
paro), segunda derivada de la reforma laboral impuesta en 1.984, por la que se
legisló la panoplia de contratos temporales (que seguimos padeciendo), y que en
poco tiempo triplicó la tasa de temporalidad, afectando al 30% de los
asalariados cuyos contratos duraban en el 90% de los casos menos de seis meses
(EUROSTAT, 1.989), periodo mínimo de cotización que devengaba derecho a la
prestación.
Las pensiones tampoco siguieron mejor evolución y el
70% de ellas seguía estando por debajo del salario mínimo en 1988, sin que
ninguna de las revalorizaciones habidas desde 1983 llegase siquiera al nivel
del coste de la vida, y el gasto sanitario permaneció estancado desde su
llegada al Gobierno, a pesar de haberse incrementado el número de usuarios en
seis millones de personas.
Pese a los incumplimientos de programas electorales y
aun de acuerdos anteriores, CCOO y UGT elevaron al Gobierno de Felipe González
una propuesta para renovar la concertación social en su continente: negociar
asuntos concretos por separado superando el esquema generalista que abocaba al
acuerdo total o al rifirrafe; y en los contenidos, tratando de imprimir un giro
social a la política económica, para que la dura contención salarial dejase de
ser exclusivamente la compañera de viaje de la pura ortodoxia monetarista.
Pero el presidente González, que en los prolegómenos
del Acuerdo Económico y Social (9/10/84) quería de los sindicatos “los mismos
sacrificios para mi Gobierno que los que habéis hecho para los Gobiernos de la
derecha”, no había entendido que los esfuerzos realizados desde los Pactos de
la Moncloa respondieron a los intereses generales y, sobre todo, al más
compartido por todos los demócratas, el de consolidar la democracia.
En lugar de acordar, quiso imponer desde una raquítica
subida de las pensiones y de los sueldos públicos hasta el mal llamado Plan de
Empleo Juvenil. Y la respuesta fue la convocatoria del 14D, forjándose así la
unidad de acción entre UGT y CCOO, que decidió en su Ejecutiva del 8/11/88
proponer una huelga general pero, aprendiendo de su error cometido unos años
antes cuando convocó otro paro unilateralmente, la condicionó a que fuese una
decisión unitaria de ambos sindicatos.
Entonces se enfrentaron a un Gobierno socialista que,
llevando las ideas de la derecha al Consejo de Ministros, terminó por cederle
las carteras ministeriales en 1996 y ahora, tras otra oportunidad frustrada en
2011 que franqueó el acceso del PP al poder absoluto en el Parlamento, además
de haberle facilitado copar casi todos los ámbitos locales y autonómicos,
tienen enfrente al Gobierno con mayor carga ideológica reaccionaria de cuantos
ha habido en democracia y más involucionista en el campo de los derechos
sociolaborales y civiles.
Fuente: www.eldiario.es
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