En los locales
investigados se encontraban trabajando ciudadanos extranjeros que carecían de
los oportunos permisos de residencia y trabajo.
nuevatribuna.es | 16
Diciembre 2013 - 18:19 h.
Agentes
de la Policía Nacional han detenido a un total de 12 personas, imputadas por
delitos contra los derechos de los trabajadores, usurpación de estado civil e
infracción a la Ley de Extranjería, todo ello en un operativo policial contra
la explotación laboral en varios locales de comida rápida de la capital
cordobesa, donde se han inspeccionado cinco establecimientos de restauración.
Según
informa el Cuerpo Nacional de Policía, la operación se inició en el mes de
octubre tras alertar a los agentes sobre una posible situación irregular de los
trabajadores de diversos locales de comida rápida de la ciudad, los cuales
supuestamente carecían de permiso de residencia, y por tanto, no tenían en su
haber los oportunos permisos de trabajo, realizando su actividad sin mediar
contrato laboral alguno.
En
concreto, en los cinco locales investigados se encontraban trabajando
ciudadanos extranjeros que carecían de los oportunos permisos de residencia, y,
por ende, de trabajo, razón por la cual fueron detenidos los cinco propietarios
de los referidos locales, todos ellos de nacionalidad pakistaní, al demostrarse
su participación en delitos contra los derechos de los trabajadores.
Al
respecto, la Policía detalla que algunos de los empleados no percibía salario
alguno y recibía únicamente comida a cambio de su trabajo. Igualmente, en las
inspecciones se detuvo a una persona por usurpación del estado civil, al tratar
de identificarse ante los agentes con documentación perteneciente a otro
compatriota suyo, así como de otras seis personas por encontrarse en situación
irregular en el país.
Mientras,
los agentes se incautaron de diversa documentación de interés policial, tales
como contratos de trabajo, solicitudes de autorización de residencia y trabajo.
Esta operación se enmarca en el convenio firmado el pasado mes de marzo entre
el Ministerio del Interior y el de Empleo y Seguridad Social para luchar contra
el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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