A principios de año, los responsables del Ministerio
de Empleo propusieron a los sindicatos dar una solución al atasco de
expedientes en el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que es el
organismo encargado de abonar a los trabajadores el importe de los salarios
pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario.
El pasado año, el Fogasa abonó estas prestaciones a
254.931 trabajadores pertenecientes a 84.257 empresas afectadas de una u otra
forma por impagos a sus empleados, por valor de 1.530 millones de euros. En
concreto, se reconocieron 568 millones a trabajadores afectados por insolvencia
en sus empresas, 647 millones a empleados en empresas en concurso y otros 314
millones al pago directo de 8 días de indemnización por despido a pymes de
menos de 25 trabajadores.
Si bien ya el pasado año cerró con alrededor de
130.000 expedientes sin solventar y cuya tramitación estaba atascada, esta
cantidad ha aumentado hasta los 181.000, según los datos oficiales facilitados
a los sindicatos. Así, al menos un número similar a este de prestaciones sigue
sin cobrarse por parte de otros tantos trabajadores (algunas empresas en
concurso abren un solo expediente que afecta a varios trabajadores y en otras
ocasiones un mismo trabajador tiene más de un expediente, por salarios y por
indemnización). Las prestaciones del Fogasa tardan en cobrarse algo más de
seis meses de media, pero en las provincias que acumulan la inmensa mayoría del
gasto (Valencia, Madrid y Barcelona) estos plazos superan el año de media.
Por ello, Empleo propuso a los sindicatos a principios
de año un plan –que denominó Greta– para privatizar temporalmente la gestión de
estos expedientes atrasados. Finalmente, ante las quejas sindicales que
planteaban que la solución era reforzar la plantilla, Empleo optó por una vía
intermedia: hacer una encomienda de gestión en lugar de un concurso público
abierto a empresas privadas y entregarle la gestión de los expedientes
atascados a la empresa pública Tragsatec, filial de Tragsa.
Hasta ahora, las cifras facilitadas por los sindicatos
indican que el Fogasa ya ha trasladado 150.000 expedientes a los trabajadores
de Tragsatec. Pero “dada la inexperiencia de estos empleados en la tramitación
de este tipo de solicitudes, a pesar de que empezaron sus trabajos en
septiembre pasado, se calcula que, como pronto, los trabajadores afectados
empezarán a cobrar a partir del 15 de enero”, aseguran fuentes sindicales.
Estas mismas fuentes denuncian que
además de los expedientes que restan hasta los 181.000 que reconoce Empleo, “hay
una bolsa de volumen desconocido de expedientes atrasados que aún no se ha
digitalizado, por algún tipo de orden del ministerio, y que podría elevar
sustancialmente la cantidad de trabajadores afectados.”
Sin embargo, en Empleo niegan esta circunstancia.
Aseguran que “la gestión de Tragsatec está funcionando bien” y recuerdan que
esta encomienda de gestión “será temporal”, por lo que desaparecerá cuando
terminen de gestionar los casos atrasados, algo que calculan podría suceder a
finales de 2014.
La pasada semana el PP introdujo en el Senado una
enmienda a los Presupuestos Generales de 2014 por la que eliminó la
financiación a cargo del Fogasa de 8 días de la indemnización por despido
objetivo en las pymes, que solo debían costear los 12 días restantes que
establece la ley para estos casos.
Esto fue duramente criticado por los sindicatos. Las
centrales sindicales consideran que el Gobierno, con esta decisión, encarece el
despido en las pymes y, por tanto, dificulta las negociaciones en los procesos
de ajuste y puede frenar las contrataciones.
Con esta medida el Ejecutivo se ahorrará poco más de
300 millones de euros en 2014. Los agentes sociales aseguran que la decisión de
tomar esta medida obedece exclusivamente a su contribución a reducir el déficit
público.
Sin embargo, desde Empleo niegan este punto e indican
que la retirada de esta financiación de parte de los despidos objetivos en las
pymes se debe a que “había llegado el momento de dejar de subvencionar los
despidos”. Según sus argumentos, no es compatible establecer una serie de
incentivos destinados exclusivamente a la contratación por parte de las pymes y
a la vez estimular sus despidos. Por ello aseguran que esta decisión es
irreversible de cara a próximos ejercicios.
En cualquier caso, el ahorro que supondrá esta medida
se sumará al freno del gasto del Fogasa que en los primeros nueve meses del año
se ha recortado un 19% en comparación con el mismo periodo de 2012. El Fogasa
tenía cuando arrancó la crisis en 2008 un remanente de unos 5.000 millones, del
que al terminar 2013 le quedarán solo 1.100 millones, lo que “da cierta
tranquilidad” a los responsables de este fondo.
cincodias
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