Por qué privatizar la gestión de la sanidad pública es una mala idea
Artículos de
Opinión | Madrilonia | 30-11-2012 |
El gobierno
de la Comunidad de Madrid quiere pasar la gestión de hospitales y centros de
salud a empresas privadas. Así queda expuesto en el “Plan de Medidas de
Garantía de La Sostenibilidad Del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de
Madrid. Presupuestos 2013″, es decir, justifican esta medida como algo
necesario para mantener el sistema público. Sin embargo, cientos de miles de
profesionales y usuarios no creen que sea una buena idea. La salud es demasiado
importante.
1. Porque no
nos fiamos de las grandes empresas
Los nuevos
hospitales y un 10% de los centros de salud adscritos pasarían a manos de
constructoras y multinacionales: Acciona, Sacyr, Dragados, Begar, Ploder,
Hispánica, Capio-Apax Partners y FCC.
Conocemos
bien estas constructoras, son las que se han enriquecido con el boom inmobiliario,
origen de la actual crisis, es decir, ya han demostrado que no tienen la más
mínima preocupación social. Capio-Apax Partners es un fondo de inversiones de
los que mucho ha tenido que ver también en el crash económico del país.
Ahora se pretende transferir recursos de los impuestos de todos para que sigan
obteniendo beneficios a nuestra costa.
Estas
empresas obtendrán beneficios reduciendo costes:
1-
Contratando sin las exigencias del sistema público; las oposiciones son un
sistema meritocrático que asegura que el personal contratado por todos tiene
los conocimientos suficientes para ejercer ciertas funciones y evita todo tipo
de “enchufe”, es decir, la colocación por amistad o cercanía con los
directivos. La contratación pública garantiza la calidad de los profesionales.
2-
Contratando menos profesionales; la ratio de médico, enfermera y limpiadora por
paciente es un indicador importante de la calidad de la atención. Hay investigaciones que prueban que al reducir el número de
estos profesionales, aumenta la mortalidad, el reingreso y la morbilidad
hospitalaria.
3- Trampeando
en lo posible los mismos acuerdos; por ejemplo, en el hospital de Alzira en Valencia,
se ha comprobado que dan prioridad a enfermos de otras áreas sanitarias no
incluidas en el concierto porque por estos pacientes pasan un cobro superior a
la administración pública; en Alzira también se ha comprobado que desvían a
pacientes con enfermedades caras a los centros 100% públicos con la excusa de
no tener capacidad.
Las empresas
buscan beneficios y el campo sanitario no será una excepción. Aprovecharán al
máximo las posibilidades de ahorro y eso incluirá una peor calidad asistencial.
2. Porque no
nos fiamos de los partidos políticos
Los partidos
políticos han demostrado en los últimos años que su pricipal preocupación no es
la población. Alimentaron la burbuja inmobiliaria con las cajas de ahorro, con
la dejadez de sus funciones de supervisión y con medidas pro-compra de
vivienda. Disminuyeron los impuestos a los ricos y permitieron que los salarios
decrecieran. En la gestión de la crisis no están velando por los intereses de
la mayoría, sino de los acreedores y las grandes empresas. De forma más que
sospechosa, estas medidas de privatización benefician a los mismos.
Es habitual
que los políticos de las consejerías de sanidad pasen a las empresas privadas
del sector cuando salen de sus puestos. Pasó así en Catalunya con el consejero Boi Ruiz, acusado
por otra parte, junto con su predecesora Marina Geli, de cuatro casos directos de corrupción. Y a la
inversa, los directivos de las empresas de la salud pasan a puestos en las
administraciones; es el caso del actual Director General de Hospitales, Antonio Burgueño,
que ha trabajado en Adeslas y Ribera Salud. Su hijo trabaja en esta última
empresa, que vive de los conciertos con la sanidad pública.
La
privatización de la gestión de la sanidad púbica favorecerá la corrupción.
Políticos que no deciden según los intereses de la población, sino según sus
intereses profesionales y económicos. La misma corrupción de la “comisión
del 3%” que existe en la obra pública se extenderá a la sanidad. Qué
empresa se lleva el concierto, qué profesionales se contratan y qué supervisión
se ejerce estarán atravesadas por amiguismos y sobornos.
3. Porque
no se ha demostrado que sea más eficiente
Si fuera
así, lo primero que habían mostrado los partidarios de la privatización serían
los informes y las investigaciones que así lo demuestran. Esta medida se
justifica en la necesidad, no en la virtud. Las empresas ahorrarán, sí, pero no
a igualdad de calidad asistencial; no hay ninguna investigación seria que haya
demostrado que con igual población e igual atención, las empresas de la sanidad
sean más eficientes.
Lo que se ha
demostrado por el momento es que la construcción de los hospitales ha resultado
más cara de lo que hubiera costado si los hubiera construido la administración
pública. Los hospitales de la fórmula PFI simplemente cambian “deuda” por
“transferencia” y así no computan como deuda pública, pero el costo total de
las cuotas que la CAM les paga cada año (tan obligatoria como el pago de un
préstamo) suma una cantidad mayor que lo que ha costado a gobiernos
regionales construir hospitales de semejante tamaño y prestaciones.
Por si no
fuera suficiente, el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas
sacó a la luz que el gobierno regional de Madrid modificó al alza, en
septiembre de 2010, la cantidad máxima anual (canon) que reciben el hospital
Infanta Cristina, el Infanta Leonor, el Infanta Sofía, el Henares, el Tajo y el
Sureste: dos millones al año más de lo que constaba en la oferta económica
inicial de 2005. Además, el informe destacaba que la empresa pública del
hospital Infanta Cristina inició 12 expedientes entre 2008 y 2009 por
“infracciones” cometidas por las empresas que se resolvieron sin imponer penas
“a pesar de que en cuatro de ellos los hechos se califican como graves”.
Las empresas
de la salud pueden amenazar con dejar de prestar el servicio si no se atiende a
sus demandas o si se las penaliza por las infracciones cometidas, es decir, la
necesidad del servicio que prestan funciona como un chantaje para imponer su
beneficio.
4. Porque no
es necesario
La voz de
mando, como en toda la gestión de la crisis, es: “No podemos hacer otra cosa”.
Respecto a la sanidad: “Si queremos mantener el sistema público, debemos
externalizar la gestión para reducir costes”. Pero el problema no es de costes,
la sanidad madrileña y española es más barata que
las europeas para el nivel de prestaciones y la calidad de las mismas. El
problema es de ingresos y de a dónde se destinan.
Respecto a
los ingresos, una reforma fiscal en profundidad podría proporcionar ingresos
suficientes. Los partidos políticos han derogado impuestos tradicionales como
el de sucesiones y donaciones que podrían reimplantarse. Se podrían gravar las
rentas del capital como las del trabajo; recordemos que las SICAV, fondos de
inversión, tributan al 1%. Se podrían revisar los tipos impuestos por tramos
del IRPF. Se podría combatir la evasión fiscal de fortunas y grandes empresas, como vienen reclamando los inspectores de hacienda.
Respecto al
destino de los ingresos, es de todos conocido que son los intereses de la deuda
los que se comen las partidas del gasto social. Una deuda que es privada, de
las empresas y cajas, y no pública. Una deuda que crece por especulación
de los capitales globales y europeos, no por la situación económica del país.
Una deuda que no dejará de crecer solo con políticas de austeridad. La deuda
devorará todo el país si no se le pone freno. Quizá nuestra salud sea lo
suficientemente importante como para que digamos “No debemos, no pagamos”.
5. Porque
queremos una sanidad más pública, no menos
La sanidad
pública puede mejorar. Lo sabemos profesionales y usuarios; pero esta no es una
propuesta de mejora de la calidad y del uso racional de los recursos. Si algo
falla en la sanidad pública, es la participación de lo “público” en la sanidad;
la hemos dejado demasiado tiempo en manos de los políticos y a veces nos
resulta ajena, como si fuera del Estado y no nuestra.
Conocer
mejor y debatir los problemas, las potencias y los límites de nuestro sistema
público podría acercar a los usuarios la realidad, muchas veces solitaria, de
los profesionales; también nos haría valorar los recursos invertidos, inmensos,
y ejercer un uso más equilibrado de pruebas y medicamentos. Pensar otra forma
de relacionarnos en los hospitales (a veces tan despersonalizados), maneras de
colaborar en la extensión de la medicina preventiva, pasos para convertir los
centros de salud en espacios de reflexión sobre la salud pública… no es algo
“bueno”, es algo imprescindible para mantener la salud y la cordura en los
tiempos que vivimos.
Necesitamos
que el sistema de salud sea público para poder decidir cómo es. Supone la base
democrática de algo tan importante como la salud. No dejaremos que nos lo
roben.
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