Caídos por Dios, por España… y por el dinero
Entre 1936 y 1945,
el bando franquista realizó, sólo en Andalucía, 61.958 expedientes de
incautación de bienes y responsabilidades políticas y recaudó solamente en
multas políticas 115 millones de pesetas de la época. A esta cifra hay que
sumarle el valor de las fincas y las más de 9.500 incautaciones de bienes
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ALEJANDRO TORRÚSMadrid30/12/2012 08:00 Actualizado: 30/12/2012
10:15
José Castilla, hijo de fusilado. Fotograma del documental
'El precio de la derrota' editado por la asociación Rocamar.
José Enciso Amat murió en 1938 en el campo de batalla en
Murcia. En 1940, en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, fue
condenado a pagar 12.000 pesetas de multa. Poco importaba que él ya estuviera
muerto. Su familia debía pagar por él. Su viuda no pudo pagar la sanción y la
farmacia que regentaba fue intervenida por el Estado franquista, quien
colocó un administrador al frente del negocio familiar, que pasó a cobrar 10
pesetas diarias. La familia estuvo pagando la multa hasta el año 1951 en pagos
fraccionados de 3.000 pesetas. Hasta entonces las cuentas bancarias, créditos y
demás pertenencias estuvieron inmovilizados.
El caso de José Encino se repitió por toda la península. Más
de 200.000 familias sufrieron en España la investigación, retención o expolio
de sus bienes en un país que en 1940 rondaba los 26 millones de habitantes. La
región que más daño sufrió en este aspecto fue Andalucía. Un grupo de 32
investigadores de ocho universidades andaluzas, financiado por la Junta de
Andalucía, ha rescatado de los comités de incautación y los tribunales de
responsabilidades políticas de Andalucía 61.958 expedientes personales de
incautación y expropiación de bienes.
Sólo en Andalucía hay registrados 57.801 fusilamientos desde
1936 a 1945
Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad de Almería y coordinador del macroproyecto, cifra la cantidad
que los vencidos andaluces de la guerra tuvieron que pagar en 115 millones de
pesetas de la época. "El volumen de multas alcanza los 115 millones de
pesetas de la época y supera las 9.500 incautaciones cuyo valor no se puede
calcular al no haber sido estimado en la época. La represalia fue de tal
envergadura y afectó a tanta gente que la Administración franquista se colapsó y
en 1945 se tuvo que nombrar una comisión liquidadora que dio carpetazo a 45.000
expedientes", explica a Público el historiador, quien asegura
que 115 millones de pesetas serían en la actualidad alrededor de 345 millones
de euros. "Con 200 pesetas se podía comprar un campesino una casa en
aquella época", asegura.
La investigación, liderada por Martínez, supone la primera
averiguación que arroja luz sobre la dimensión de uno de los pilares de la
represión franquista: el expolio de los vencidos. El otro gran pilar, más
conocido por el gran público, fue el fusilamiento directo de los sospechosos
con curas, falangistas, guardias civiles y alcaldes como delatores. Sólo en
Andalucía hay registrados 57.801 fusilamientos desde 1936 a 1945. De ellos,
49.718 fueron fusilados republicanos y 8.083 del bando franquista.
"No fue suficiente con la represión física, es decir,
matar, encarcelar, mandar a la gente a los campos de concentración ni con la
depuración profesional, es decir, apartar de su trabajo a todos los
profesionales no afines sino que paralelamente se puso en funcionamiento una
ley y una incautación de bienes que fundamentalmente buscó legitimar el golpe
de Estado, controlar a los enemigos del alzamiento y financiar el golpe",
explica Martínez.
Los primeros saqueos
Al inicio el saqueo y las incautaciones se produjeron de
manera espontánea. Las tropas africanistas estaban acostumbradas al saqueo de
bienes en Marruecos y cuando llegaron a España procedieron de la misma manera a
la par que se iniciaron los primeros fusilamientos sin ningún tipo de
control. Este ritual se repitió hasta que comenzaron a incautar bienes a
familias de derechas que denunciaron estos saqueos y provocó que el cabecilla
sublevado Queipo de Llano interviniera en la cuestión.
Queipo de Llano impuso a quien se podía incautar y a quien
no
El 18 agosto de 1936, Queipo de Llano lanzó el bando de
incautaciones en el que se decía a quien se puede incautar y a quien no con el
"fin de reparar en lo posible los daños y perjuicios ocasionados en los
servicios públicos". Así, se disponía que se podía incautar bienes a
las personas que "pertenecieran a partidos políticos" del Frente
Popular, los que propugnaran la necesidad de la "desaparición o
debilitamiento de la nación española", los que se opusieran al
levantamiento militar y los periodistas que hubieran publicado a favor de la
República.
De esta manera, y según los datos del estudio, los más
afectados por ocupación fueron los trabajadores del sector primario
(jornaleros, labradores, agricultores, campesinos, mineros), con un 58,5%%
de los encausamientos; después el secundario (panaderos, electricistas,
carpinteros, obreros, albañiles, etcétera), el 22,1%; y, por último, el
terciario (empleados, comerciantes, maestros, militares, etcétera, abogados),
con el 19,1% de los expedientes.
El delito de ser político
El bando de Queipo de Llano pasó a ser ley antes incluso del
final de la guerra civil, en febrero de 1939. La Ley de Responsabilidades
Políticas significó el encarcelamiento, la represión e incluso la muerte para
aquellos que durante la primera experiencia democrática en España, la II
República, ejercitaron el derecho constitucional de pertenecer a sindicatos
o partidos políticos.
Azaña fue multado con 100 millones de pesetas y todos sus
bienes fueron incautados
Muestra de ello, es la brutal represión que sufrieron los
cargos políticos desafectos. Cayeron todos, la mayoría alcaldes y concejales.
Entre los diputados a Cortes las multas fueron descomunales. Manuel Azaña fue
multado con 100 millones de pesetas y todos sus bienes fueron incautados. En
Andalucía, la mayor multa fue para el diputado Vicente Uribe que fue
castigado con 25 millones de pesetas, que nunca pudo pagar. No obstante, todos
sus bienes fueron incautados por el nuevo Estado franquista.
En 1945 la histeria represora del nuevo régimen era
imposible de continuar, pero la represión política no decayó. Todas las penas
impuestas debían cumplirse hasta el último día de cárcel o hasta la última
peseta de multa.
"Había 17 supuestos delictivos por los que se abría
expediente, entre ellos tener abierta una causa militar o haber representado a
los partidos del Frente Popular, haber permanecido en el extranjero más de
dos meses durante la Guerra Civil, o la excitación o inducción a la
comisión de actos que indujeran la responsabilidad política", explica a Público
Martínez.
Los políticos más afectados por las incautaciones fueron los
afiliados a PSOE y UGT
Los políticos más afectados por las incautaciones, según la
investigación coordinada por Martínez, fueron los afiliados a PSOE y UGT. Un
51% de los políticos que perdieron todas sus posesiones pertenecían a este
partido o al sindicato. El 15,18% estaban afiliados a la CNT; el 9,77 al
Partidos Republicanos y el 8,88% al PCE.
La naturaleza de los bienes incautados oscila entre la
expropiación de fincas rústicas y/o urbanas, el mobiliario de las viviendas,
los ajuares domésticos, los bienes semovientes, es decir, los animales de
corral, carga y tracción o las cooperativas de casas de obreros. El valor de
estas incautaciones es imposible de determinar.
El nuevo Estado se apoderó también de inmediato de los
haberes de los partidos, sindicatos y organizaciones opuestas a la rebelión
militar. Una vez restituida la democracia, tras la muerte de Franco, estos
bienes fueron devueltos a los partidos políticos y sindicatos. A los
particulares, sin embargo, nunca.
Una vida incautada
Este es el caso de Virgilio Castilla, presidente de la
Diputación de Granada en 1936. Apenas dos días después del golpe de Estado de
julio fue detenido el día 20. El 1 de agosto, fue juzgado por un consejo de
guerra sumarísimo y condenado a dos penas de muerte por "rebelión militar,
provocación, inducción e instigación a la rebelión", y por insultos a la
fuerza armada, considerando la sentencia que preparaba "un amplio
movimiento subversivo para implantar en la ciudad las doctrinas ruso-marxistas
más avanzadas y por medio del terror". Unas horas después, en la
madrugada del 2 fue llevado al cementerio y fue fusilado.
"Poco después de la muerte de mi padre, las fuerzas de
Franco fueron a mi casa y nos embargaron todo"
"Tras enterarse de la condena, lo único que me dijo mi
padre es que con una condena a muerte hubiese bastado", recuerda para Público
José Castilla, de 83 años, hijo de Virgilio. Tras el asesinato de Virgilio, la
familia recibió una nueva notificación del Gobierno de Franco. Acorde con la
Ley de Responsabilidades Políticas, la familia debía pagar 250.000 pesetas
al Estado de sanción por pertenencia a un partido político. La muerte, una vez
más, no era suficiente.
"Recuerdo como poco después de la muerte de mi padre,
las fuerzas de Franco fueron a mi casa y nos embargaron todo. Desde el
frigorífico a las sillas del despacho de mi padre. Nos dejaron a mi madre, a mi
hermana y a mí absolutamente sin nada. Pudimos sobrevivir gracias al padre
de mi madre que nos daba un dinero semanal para comer", apunta José
Castilla.
Finalmente, la familia de Virgilio pudo satisfacer la multa
de 250.000 pesetas. Para ello, el hermano de Virgilio liquidó la empresa de
textiles que regentaba junto a su hermano fusilado. "Mi padre, junto a su
hermano, era el creador de lo que después fue el negocio de Galerías
Preciado o El Corte Inglés. Hacíamos trajes a medida. El negocio era
fantástico y ya tenían sucursales en Murcia, Córdoba y Almería", explica
José, hijo de Virgilio y catedrático de Medicina legal y Forense.
Lo incautado a la familia de Virgilio Castilla está valorado
en 262.832 euros
La familia consiguió la reparación de la memoria de Virgilio
por resolución del Ministerio de Justicia en 2007. En 2010, reclamaron al
Estado la devolución de los bienes incautados a su familia por el Estado
franquista valorado en 262.832 euros según informe pericial. Sin embargo, el Gobierno socialista negó el derecho de la familia a
la indemnización por daños y perjuicios en resolución firme del 15 de julio de
2011 al considerar que los hechos delictivos ya habían prescrito. "La ley
de Memoria Histórica no ha servido para nada", resume José.
La Ley de Responsabilidades Políticas se justifica mediante
la afirmación de que "los causantes de los males de la patria han de pagar
con sus pertenencias". Los llamados rojos pagaron con sus bienes e incluso
con su vida. La democracia, sin embargo, no les ha devuelto nada. Ni
siquiera un simple y gratuito perdón.
Fuente: www.publico.es
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