El 63% de los
ciudadanos preferirían un Gobierno de expertos sin filiación política
El 62,8% cree que las cosas irían mejor con el poder en manos de expertos
sin filiación | Los ciudadanos creen mejor que el poder lo tengan
"expertos independientes" en lugar de los políticos o la gente | Un 43,2% ve positivo que la gente
decidiera directamente, pero un 41,9 lo juzga negativo | Sólo un 25% muestra interés por la
política; el 23%, "algo", y más del 50%, "poco o nada"
Política | 29/07/2012 - 00:00h
Barcelona Analista
La crisis económica y sus terribles efectos pueden acabar
poniendo sobre el tapete algunos remedios capaces de adulterar la democracia.
Todo vale con tal de salir del túnel: un gobierno de
tecnócratas, un técnico de prestigio, una personalidad independiente... La
desesperación social y la desconfianza en la clase política son
de tal magnitud que los ciudadanos han acabado viviendo en una profunda
contradicción. Por un lado, quieren ser consultados y participar en las
decisiones políticas; pero, por otro, casi un 63% confiesa que las cosas
funcionarían mejor si "fueran expertos independientes quienes tomaran las
decisiones y no los políticos o la gente". ¿Una renuncia al pluralismo y a
la alternancia democrática? ¿Una democracia sin partidos? ¿Otra vez el recurso
al líder providencial?
La respuesta a estas y otras inquietantes preguntas aparece en un sondeo encomendado por varias instituciones al CIS y que se ha hecho público ahora, aunque el trabajo de campo fue realizado en el año 2011 (es decir, cuando la crisis aún no había alcanzado su estadio actual). En este estudio, la incapacidad de los gobiernos frente a la recesión económica se proyecta sobre las actitudes de los ciudadanos ante la cuestión nuclear: ¿quiénes deben tomar las decisiones? Y la respuesta a esa pregunta refleja una sociedad tan desconcertada como dividida.
La mejor prueba de ese desconcierto es que el estudio registra el mismo apoyo a tres fórmulas casi antagónicas de tomar decisiones políticas. Por un lado, en una escala de 0 a 10 (en la que diez supone el máximo respaldo), la opción de "consultar con frecuencia a los ciudadanos" obtiene la misma nota (un 7,2) que la de "facilitar que la gente participe y debata las grandes decisiones". El problema es que la tercera opción -"dejar que las personas expertas tomen las decisiones"- suscita también un apoyo similar: un 7,1.
Eso sí, el estigma que sufren los políticos a raíz de la crisis económica se extiende también a la clase empresarial, de manera que al preguntar si las cosas irían mejor "si se dejara tomar las decisiones a empresarios de éxito", el rechazo es mayoritario: casi el 50% está en contra y sólo un 37% a favor.
La división social aflora en toda su magnitud cuando se pregunta abiertamente si "el país iría mucho mejor si la gente decidiera directamente en vez de depender de los políticos": un 43,2% se muestra convencido de que las cosas irían mejor con una mayor participación, mientras que un 42% cree que irían peor.
De hecho, la posición global de los españoles se sitúa en una zona media, aunque distorsionada por la sombría situación económica. Así, en una escala que situara en un extremo (0) un régimen político en el que los ciudadanos tomaran directamente todas las decisiones, y en el otro (10) un modelo en el que los políticos monopolizaran el poder de decisión, la ciudadanía se sitúa en el 4,45. Es decir, los ciudadanos quieren ser consultados en mayor medida, pero con un margen de delegación en los políticos. Y además, con sensibles matices. Así, por ejemplo, si se trata de decidir sobre la regulación del aborto, la nota resultante (un 3,71) indica que los ciudadanos quieren tener el principal protagonismo. En cambio, cuando se trata de la inmigración (un 5,08) o de la política económica (un 5,56) la nota resultante se desplaza hacia una mayor delegación a favor de la clase política. Ahora bien, la frustración de los ciudadanos se aprecia en la nota que registra la manera efectiva "en que se toman realmente las decisiones políticas en España": un 8,26, muy cerca de lo que sería un poder que apenas escucha a la ciudadanía.
La división ciudadana se aprecia también a la hora de juzgar los efectos de una mayor participación. Un 45% anticipa sólo consecuencia negativas (más influencia de los grupos organizados, procesos de decisión más lentos y costosos...), frente a un 40% que vislumbra un impacto positivo (mejores servicios, más control...). Y en el trasfondo un bajo interés por la política. Sólo un 25% de los consultados muestra mucho o bastante interés por la política, frente a un 23% que siente "algo" de interés y más del 50% que no tiene ninguno.
Finalmente, el estudio refleja la mala imagen de una clase política percibida como bastante corrupta, muy dividida y más bien incapaz de llegar a acuerdos, frente a una ciudadanía que tiene una visión más benevolente de sí misma en todos esos capítulos.
La respuesta a estas y otras inquietantes preguntas aparece en un sondeo encomendado por varias instituciones al CIS y que se ha hecho público ahora, aunque el trabajo de campo fue realizado en el año 2011 (es decir, cuando la crisis aún no había alcanzado su estadio actual). En este estudio, la incapacidad de los gobiernos frente a la recesión económica se proyecta sobre las actitudes de los ciudadanos ante la cuestión nuclear: ¿quiénes deben tomar las decisiones? Y la respuesta a esa pregunta refleja una sociedad tan desconcertada como dividida.
La mejor prueba de ese desconcierto es que el estudio registra el mismo apoyo a tres fórmulas casi antagónicas de tomar decisiones políticas. Por un lado, en una escala de 0 a 10 (en la que diez supone el máximo respaldo), la opción de "consultar con frecuencia a los ciudadanos" obtiene la misma nota (un 7,2) que la de "facilitar que la gente participe y debata las grandes decisiones". El problema es que la tercera opción -"dejar que las personas expertas tomen las decisiones"- suscita también un apoyo similar: un 7,1.
Eso sí, el estigma que sufren los políticos a raíz de la crisis económica se extiende también a la clase empresarial, de manera que al preguntar si las cosas irían mejor "si se dejara tomar las decisiones a empresarios de éxito", el rechazo es mayoritario: casi el 50% está en contra y sólo un 37% a favor.
La división social aflora en toda su magnitud cuando se pregunta abiertamente si "el país iría mucho mejor si la gente decidiera directamente en vez de depender de los políticos": un 43,2% se muestra convencido de que las cosas irían mejor con una mayor participación, mientras que un 42% cree que irían peor.
De hecho, la posición global de los españoles se sitúa en una zona media, aunque distorsionada por la sombría situación económica. Así, en una escala que situara en un extremo (0) un régimen político en el que los ciudadanos tomaran directamente todas las decisiones, y en el otro (10) un modelo en el que los políticos monopolizaran el poder de decisión, la ciudadanía se sitúa en el 4,45. Es decir, los ciudadanos quieren ser consultados en mayor medida, pero con un margen de delegación en los políticos. Y además, con sensibles matices. Así, por ejemplo, si se trata de decidir sobre la regulación del aborto, la nota resultante (un 3,71) indica que los ciudadanos quieren tener el principal protagonismo. En cambio, cuando se trata de la inmigración (un 5,08) o de la política económica (un 5,56) la nota resultante se desplaza hacia una mayor delegación a favor de la clase política. Ahora bien, la frustración de los ciudadanos se aprecia en la nota que registra la manera efectiva "en que se toman realmente las decisiones políticas en España": un 8,26, muy cerca de lo que sería un poder que apenas escucha a la ciudadanía.
La división ciudadana se aprecia también a la hora de juzgar los efectos de una mayor participación. Un 45% anticipa sólo consecuencia negativas (más influencia de los grupos organizados, procesos de decisión más lentos y costosos...), frente a un 40% que vislumbra un impacto positivo (mejores servicios, más control...). Y en el trasfondo un bajo interés por la política. Sólo un 25% de los consultados muestra mucho o bastante interés por la política, frente a un 23% que siente "algo" de interés y más del 50% que no tiene ninguno.
Finalmente, el estudio refleja la mala imagen de una clase política percibida como bastante corrupta, muy dividida y más bien incapaz de llegar a acuerdos, frente a una ciudadanía que tiene una visión más benevolente de sí misma en todos esos capítulos.
Fuente: http://www.lavanguardia.com/
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