"Son
anticonstitucionales", dice una de las instituciones más conservadoras de
la judicatura
Viernes, 3 de abril de 2015
POR
ADAY QUESADA /CANARIAS SEMANAL.- En el Estado español se están
produciendo situaciones realmente insólitas que nos están aproximando de manera
alarmante a los perfiles propios de un Estado fuertemente autoritario.
Las actuaciones del Ejecutivo ultraconservador en lo que a recortes de
libertades y garantías jurídicas se refiere, está llevando a extremos hasta
ahora insospechados.
Incluso desde instancias institucionales que se han caracterizado
tradicionalmente por un pertinaz conservadurismo, se están produciendo protestas
y amonestaciones contra la mutilación de derechos por parte del gobierno de
Mariano Rajoy.
Eso fue justamente lo que ocurrió este martes en el seno de una reunión
celebrada por el Consejo Fiscal, presidido ahora por la nueva
Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal. El órgano representativo de la
Fiscalía española aprobó un dictamen en el que se critica el
Anteproyecto de Reforma de Ley de enjuiciamiento criminal. La reunión del
Consejo fiscal mostró su desacuerdo con el sistema de plazos en la instrucción
previsto en la nueva norma, pidiendo su supresión por ser contrario
a la Constitución. Asimismo, el Consejo Fiscal crítica duramente el
artículo que prevé que determinadas intervenciones telefónicas puedan
ser directamente autorizadas por el Ministerio del Interior, o por el
Secretario de Estado de Seguridad.
El órgano representativo de los fiscales españoles expresó igualmente que la
posibilidad de que las intervenciones telefónicas y las interceptaciones de las
comunicaciones puedan ser concedidas por el Ministro del Interior o, en
su defecto, por el Secretario de Estado de Seguridad, fuera de los supuestos de
terrorismo. El Consejo de la Fiscalía pidió su supresión por resultar contraria
a la Constitución.
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