El
Tribunal Supremo ratifica la irregularidad de los permisos otorgados por el
Gobierno de Fraga en funciones para instalar una piscifactoría en Cabo
Touriñán.
El
bipartito de PSdeG y BNG anuló el permiso y Feijóo clamó desde la oposición por
la "legalidad" de la granja acuícola.
El PP se
alió con la empresa contra la Xunta, a la que acusaba de quebrantar
"derechos constitucionales".
"Debería
ser Feijóo el que pagase el millón", dice ahora la oposición.
Feijóo le entrega un premio al ex presidente de
Pescanova en 2010 / Ana Varela
El Tribunal Supremo acaba de
escribir lo que, a priori, tendría que ser el último capítulo del
contencioso en torno a la no nata piscifactoría de Pescanova en el cabo
Touriñán (Muxía), en plena Red Natura. Como ya había hecho el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia (TSXG) el alto tribunal español certifica que la luz
verde a la factoría, otorgada en el verano de 2005 por el Gobierno de Manuel
Fraga en funciones, adolecía de "vicios de nulidad de pleno derecho"
y avala, además, la paralización decidida en 2006 por el Ejecutivo de
coalición de PSdeG y BNG. Así, el Supremo ratifica la condena a pagarle un millón
de euros a la empresa por la no construcción de una planta que en su momento
generó una amplia controversia económica y ambiental pero que, sobre todo,
constituyó toda una cruzada para lo PPdeG, que la convirtió en uno de los
grandes argumentos de su oposición al bipartito.
La alianza de los
conservadores y la empresa contra el Gobierno fue escenificada en
diversas ocasiones y tuvo uno de los episodios más singulares en enero de 2007.
Apenas seis meses después de la paralización del proyecto un Alberto Núñez
Feijóo que todavía estaba asentándose en el liderazgo del PPdeG
visitaba la sede de Pescanova en compañía de su presidente, Manuel
Fernández de Sousa. Mientras la multinacional se jactaba de trasladar a la
localidad portuguesa de Mira la inversión "bloqueada" por la Xunta
Feijóo instaba a Emilio Pérez Touriño y Anxo Quintana a
"reflexionar". "Aún estamos a tiempo de tener la primera planta
acuícola del mundo en Galicia", clamaba, mientras lamentaba que Fernández
de Sousa tuviera "dificultades para ejercer sus derechos
constitucionales" en Galicia. "La ecología comienza por las
personas", ilustraba.
Las apelaciones políticas e
incluso sentimentales se combinaban en el argumentario del PPdeG con alusiones
a la legalidad. En su condición de líder de la oposición, pero también de ex
conselleiro de Política Territorial y vicepresidente del gabinete Fraga
que había dado las autorizaciones, Feijóo reiteraba las peticiones de
"rectificación". "La Xunta paralizó un proyecto legal y lo que
es ilegal es paralizar un proyecto legal", señalaba en un acto político en
Lugo en mayo de ese mismo año. El Gobierno gallego, y más concretamente su
presidente, les deberían "pedir disculpas a los habitantes de la Costa da
Morte" y trabajar para evitar la "fuga de Pescanova".
"Acepte, facilite y permita" la puesta en marcha de la piscifactoría,
le pedía a Touriño y al entonces conselleiro de Medio Ambiente, Pachi
Vázquez.
Herramienta
de campaña electoral
Como era de esperar, la
frustrada y, según el TSXG y el Supremo, "en modo alguno conforme a la
legalidad" planta de Pescanova fue también una de las herramientas de la
campaña electoral que, hace este domingo seis años, finalizó con el
triunfo de los populares. Así, durante la carrera electoral Feijóo prometió en
innumerables ocasiones el "desbloqueo" de la inversión de la
multinacional en Touriñán y, paralelalmente, tanto él como otros miembros del
partido culpaban a la Xunta de impedir la generación de "cientos de
puestos de trabajo directos e indirectos" en la Costa da Morte. Este fue
el caso, por ejemplo, del secretario general del PPdeG y actual vicepresidente
del Ejecutivo, Alfonso Rueda, que en un acto de campaña
deslegitimó cualquier propuesta que el BNG pudiera hacer en materia
pesquera, porque Anxo Quintana, decía, también era responsable de
"expulsar a Pescanova de Galicia al vetar la granja acuícola" en Red
Natura.
Una vez retornados al
poder la insistencia por la piscifactoría de Touriñán no cesó. De
este modo, ya en 2009 el Gobierno anunciaba que autorizaría de nuevo la
construcción y el PP señalaba en el Parlamento que Feijóo no estaba haciendo
más que "recuperar un proyecto demandado" en la zona y que
"contaba con todos los permisos", además de "con el aplauso de
la población". Mientras Fernández de Sousa se prodigaba en en la prensa
los populares consideraban que el presidente de la empresa estaba "dejando
en evidencia las mentiras del bipartito", que no había hecho "nada
por aprovechar los intereses" de Pescanova "por invertir en nuestra
comunidad". "El PSOE le negó una oportunidad histórica a la Costa da
Morte", aseguraba el portavoz conservador de Pesca, José Manuel Balseiro,
quien lamentaba que el bipartito hubiese ido "en contra de la lógica,
de la legalidad y de los intereses de los ciudadanos".
Cambio
normativo y quiebra
Con este telón de
fondo en 2012 la Xunta culminaba
el cambio del marco normativo para permitir factorías acuícolas en
cualquier punto de la costa gallega, también en Red Natura. No obstante, el
guión quedó definitivamente truncado cuando, en 2013, comenzó
a salir a la luz que las cuentas de Pescanova habían sido, durante los últimos
años, un enorme fraude. En abril de ese año la multinacional entró en
un concurso de acreedores que duró más de un año y Sousa
fue apartado de la dirección de la empresa. La planta portuguesa de Mira,
que vino a sustituir a la de Touriñán, sobrevive gracias a un "acuerdo
transitorio" con la banca -a la que le debe más de cien millones de euros-
y está pendiente de contactos con "posibles compradores", según
ha publicado recientemente Faro de Vigo.
En la actualidad a
Audiencia Nacional sigue
investigando lo sucedido en la quiebra de la empresa, con un
maremagnum de cuentas y facturas falsas y la imputación de Fernández de Sousa y
otros antiguos dirigentes, como Alfonso Paz-Andrade. En 2010 Pescanova era
todavía para la Xunta un "ejemplo de galleguismo" que "nos ayuda
a ser un pueblo ganador" y Sousa, "uno de esos hombres que
supieron transformar deseos en realidades e ideas en hechos", como dejó
escrito Castelao.
"Debería
ser Feijóo quien pagase"
A sentencia del Supremo
sobre la factoría de Touriñán está generando ya reacciones políticas en
Galicia. La primera ha llegado desde el PSdeG, cuyo portavoz en materia de
Pesca, José Ramón Valle, cree que "debería ser Feijóo, y no la Xunta
con dinero de todos los gallegos" quien "pagara el millón de
euros" de indemnización, toda vez que la condena es fruto de la
"absoluta irresponsabilidad" del actual presidente.
Feijóo, acusa, fue un irresponsable
por "impulsar este proyecto cuando era conselleiro de Política
Territorial con Fraga contra la normativa de la Red Natura y el cumplimiento de
la Ley del Suelo". También lo fue en la oposición, dice, en este caso por
"arengar al empresario contra el Gobierno e intentar torpedear la
paralización del proyecto". "Esta sentencia -afirma el socialista-
pone en evidencia la especulación del PP con el territorio y su falta de
escrúpulos por encima de cualquier protección de Galicia", todo
lo contrario, a su juicio, a la "sensatez, rigor y respeto a la
tierra que ahora se demuestra que tuvo el gobierno presidido por el socialista
Emilio Pérez Touriño".
También el portavoz
nacional del BNG, Xavier Vence, ha salido al paso de la condena a la Xunta
y de la constatación de la irregularidad de la decisión de 2005. En su caso, el
líder del Bloque lamenta que "las ilegalidades de Feijóo y del PP" a
"favor de sus amigos y sponsors" le cuesten un millón" al
erario.
Fuente: www.eldiario.es
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