nuevatribuna.es
|Oscar
Iglesias | Sistema Digital 05 Marzo
2015 - 15:02 h.
Más de 77.000
personas en lista de espera en la sanidad madrileña, 20.330 trabajadores menos
en el Servicio Madrileño de Salud entre 2011 y 2013, privatizaciones, y pagos y
repagos, no han impedido que el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de
Madrid siga con su estrategia de engaño masivo a los madrileños, a través de
campañas de autobombo que salen de un dinero público que debería gastarse en
mejorar la vida de los ciudadanos.
Me refiero, en
esta ocasión, al nuevo acto de infamia que supone el gasto de 1,4 millones de
euros en una campaña de publicidad que bajo el eslogan “La mejor sanidad y
los mejores servicios hacen de Madrid una gran Comunidad”, está realizando el
Gobierno del PP con el objetivo de decir que Madrid tiene la mejor sanidad.
Toda persona de
bien, independientemente de su afinidad ideológica, entiende que es una
vergüenza que se destine dinero público para hacer este tipo de campañas
partidistas en época preelectoral, cuando el PP ha decido realizar tantos
recortes, y además se ponen obstáculos para que personas enfermas puedan
acceder a determinados fármacos para curarse, como ocurre con los enfermos de
hepatitis C.
Pero aparte de
vergonzoso e indignante, es que es ilegal. Sí, ILEGAL, como se puede constatar
con dos ejemplos. El primero, es que como señala el artículo cuarto de la ley
estatal de publicidad, las administraciones no podrán promover o contratar
campañas institucionales de publicidad o de comunicación que tengan por
finalidad destacar los logros de gestión o de objetivos alcanzados. Y el
segundo, es que el Tribunal de Cuentas también le ha dicho al Gobierno del PP
de Madrid que “la Administración no puede valerse de la publicidad
institucional como instrumento para dar a conocer que presta servicios o para
referirse a los logros que consigue”.
La pregunta que
se hacen muchos ciudadanos es si estas campañas de autobombo son algo
excepcional o, por el contrario, forman parte de una estrategia que desde que
llegó el PP al gobierno han estado desarrollando. La respuesta es fácil. De
manera sistemática los distintos gobiernos del PP han utilizado ingentes
cantidades de dinero público para intentar engañar a los madrileños.
Concretamente, en torno a 1.323 millones de euros, de los cuales 630.839.435
euros se han gastado en el periodo de gobierno Aguirre-González que es cuando
más recortes han tenido que sufrir los madrileños.
Es fácil
imaginarse cuantas políticas sociales se podrían haber realizado con esta
cantidad de dinero, es fácil imaginarse cuanto sufrimiento se hubiera ahorrado
cientos de miles de madrileños. Pero ahora, lo importante es acabar con estas
prácticas en los gobiernos. Porque además, como va a comprobar dentro de poco
el PP ya ni le sirven para tapar los escándalos y la corrupción que un día sí y
otro también les salpica.
El argumento
que se utiliza desde el PP, es que este dinero público se gasta en campañas que
son un servicio público. Y ante esta afirmación hay que decirles que la ley es
muy explícita. Claro que hay campañas institucionales son un servicio público y
sirven para informar a los ciudadanos, pero lo que no es un servicio público es
engañar y robar.
Y hoy ya se
sabe, y está el informe en la Audiencia Nacional, que un consejero del gobierno
de Esperanza Aguirre cobro comisiones por 248.872 euros de campañas realizadas
por ese gobierno, y ese dinero salió de las Consejerías, organismos y entes de
la Comunidad de Madrid.
Hoy se sabe y
no es tolerable ni un servicio público, hacer propaganda en materia de vivienda
y regalar 2.935 viviendas del IVIMA a Golman Sachs. Por ese motivo, hay que
decir alto y claro que lo que no es un servicio público y además es ilegal es
utilizar el dinero de todos los madrileños para intentar tener ventaja
electoral, y de manera persistente, saltarse la ley en provecho propio.
Lo que no es un
servicio público es utilizar 1.323 millones de euros para acabar con la
libertad de información en la Comunidad de Madrid y castigar o premiar a los
medios de comunicación en función si sacan o no información relacionada con la
corrupción en los gobiernos de Esperanza Aguirre y González.
Lo que no es un
servicio público es gastarse 1.323 millones de euros mientras se recortan en
becas de comedor, en ayudas de libros, en políticas sociales, en dependencia,
en mayores, en políticas de empleo…
Lo que no es un
servicio público es la falta de trasparencia en el gasto, la falta de
transparencia en la asignación de cantidades a los distintos medios de
comunicación e impedir a los grupos de la oposición el acceso a los contratos
públicos que tienen derecho a fiscalizar y controlar.
Los madrileños
se merecen un gobierno decente, y en tres meses lo tendrán.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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