Actualmente
hay unas 3100 SICAVs censadas que aglutinan unos 27.500 millones de euros.
Lejos de estar abiertos a cualquier inversor, son instrumentos reservados para
grandes patrimonios...
nuevatribuna.es | Por Carlos
Justicia Diaz | 01 Agosto 2014 - 12:44 h.
Las Sociedades de
Inversión de Capital Variable (SICAV), son un instrumento concebido
inicialmente para canalizar el ahorro hacia aquellos nichos de inversión que de
acuerdo con su propia política de inversiones, decida en cada momento. Aparentemente
se trata de facilitar el ahorro mediante sociedades que deben estar abiertas a
cualquier inversor que se decante por esta figura.
La realidad es bien
distinta. Actualmente hay unas 3100 SICAVs censadas que aglutinan unos 27.500
millones de euros. Lejos de estar abiertos a cualquier inversor, son
instrumentos reservados para grandes patrimonios pues ya para su constitución
se exige un patrimonio mínimo de 2.8 millones de euros.
Habitualmente se suele
criticar el tratamiento fiscal favorable que tienen estas instituciones
centrando la crítica en el tipo impositivo del 1% que tienen establecido en el
impuesto sobre sociedades. Desde el punto de vista de la teoría de la
doble imposición dicho tipo responde a la necesidad de no volver a gravar beneficios que ya tributaron en las empresas que han sido
objeto de inversión por parte de la SICAV.
Esa es la justificación
del 1% que tanto preocupa. Es más el socio de las Sicav en el momento de
recuperar su inversión deberá tributar como renta del ahorro las plusvalías
obtenidas, al tipo del 21, 23 o 27 % según corresponda lo cual equipara
su tributación a la de cualquier otro ahorrador.
Sin embargo la verdadera
preocupación que debe pesar sobre estos instrumentos es la total ausencia de
control que pesa sobre ellos. Actualmente el control del cumplimiento de
los requisitos para constituir una SICAV está en manos de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CVMV) la cual se limita básicamente a comprobar que, en
el momento de su constitución la SICAV cumple con los requisitos formales y de
capital para autorizar su constitución. Una vez autorizada, su control se
limita a constatar que dichos requisitos se siguen cumpliendo en el
tiempo. La CNMV no controla el origen de los fondos que constituyen
la SICAV. Tampoco controla a los verdaderos titulares del patrimonio que
se materializa en la SICAV, el cual suele estar conectado con paraísos fiscales.
En definitiva la CNMV no tiene capacidad para determinar si se está utilizando
o no fraudulentamente esta institución sencillamente porque ni dispone de
medios ni dispone de la información necesaria.
Baste señalar como
ejemplo el siguiente cuadro, analizando los datos de las Sicav`s de 2012
realizado por CCOO para ver esta realidad:
Al cierre de 2012
existían 2.924 sicav’s con actividad también en 2011. El número total de
accionistas ascendía a 387.085 lo que suponía una participación media del 0,76%
por accionista. En ese mismo ejercicio 1.135 sicav`s, 38,8% del total, tenian
un accionista que controlaba más del 80% de las acciones.
Los medios y la
información o, la posibilidad de obtenerla está en manos de la Agencia
Tributaria, la cual paradójicamente no tiene competencia para poder investigar
la utilización fraudulenta de una SICAV. Solamente puede centrarse en
determinar si su liquidación de impuesto de sociedades al 1% es correcta o no.
Por tanto el único organismo capaz de poder destapar la verdadera realidad que
hay detrás de una SICAV sencillamente no puede hacerlo porque la
normativa no le ampara.
Esta falta de control
sobre ellas es lo que ha motivado que el número de SICAV se haya incrementado
de manera notable en los últimos años. Es decir lejos de producirse un efecto
deslocalización acorde con la fuga de capitales tan importante que ha sufrido
este país desde el inicio de la crisis, las SICAV han crecido tanto en número
como en patrimonio gestionado.
Parece paradójico que en
un país con un nivel de fraude fiscal situado en el entorno del 20%
se pueda permitir que 27.500 millones de euros escapen al control de Hacienda.
Se desconoce el origen de esos fondos, la verdadera estructura patrimonial que
hay detrás y sobre todo, es imposible determinar si la SICAV es fraudulenta o
no y, si se han cometido delitos como blanqueo de capitales o
delito fiscal.
El verdadero problema de
las SICAV no es el 1%, sino la absoluta falta de control que hay sobre ellas.
Ese y no otro, es su verdadero privilegio del que carece cualquier asalariado
de este país.
Carlos Justicia Diaz | Inspector de Hacienda. Miembro del Grupo de
fiscalidad de la CS de CCOO
Fuente: www.nuevatribuna.es
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