La asociación
FACUA-Consumidores en Acción denuncia que el Ejecutivo siga nacionalizando las
pérdidas y privatizando las ganancias de las empresas.
nuevatribuna.es | 06
Agosto 2014 - 18:13 h.
El acuerdo previsto para septiembre
entre Hacienda, Fomento, la banca y las constructoras implica que los
ciudadanos asuman de nuevo una deuda privada, como ya ocurrió en 1984
El
acuerdo previsto para septiembre entre Hacienda, Fomento, la banca y las
constructoras implica que los ciudadanos asuman de nuevo una deuda privada,
como ya ocurrió en 1984. La asociación denuncia que el Ejecutivo siga
nacionalizando las pérdidas y privatizando las ganancias de las empresas.
FACUA-Consumidores
en Acción rechaza el acuerdo entre el Gobierno, los seis principales bancos y
las constructoras acreedoras de la decena de autopistas en quiebra para su
nacionalización. El pacto, que implica que los ciudadanos tengan que
asumir, al menos, 2.300 millones de euros de deuda, se hará efectivo
previsiblemente en septiembre, cuando se vuelva a crear la Empresa Nacional de
Autopistas (que ya funcionó en similares condiciones entre 1984 y 2003),
empresa 100% pública cuyo objetivo será, otra vez, sanear las cuentas de estas
carreteras para volver a privatizarlas cuando sean rentables.
La
asociación denuncia que el Gobierno vuelva a priorizar la salvaguarda de los
intereses económicos privados de grandes empresas frente a las necesidades de
la mayoría de los ciudadanos, atrapados en situaciones de desempleo o trabajos
precarios y con créditos hipotecarios abusivos o ante la imposibilidad de pagar
servicios básicos como la luz.
FACUA pide que no se repita la
operación de nacionalización, saneamiento y privatización
De
nuevo, se trata de nacionalizar las pérdidas de empresas que han tomado malas
decisiones de gestión, mientras se privatizan las ganancias cuando tengan
nuevamente cuentas saneadas.
El
Gobierno ha aceptado emitir un bono a 30 años por la deuda de las
concesionarias de las diez autopistas en quiebra que asciende a 4.600 millones
de euros, tras una quita del 50%, esto es, por 2.300 millones. Los títulos
rendirán a un interés fijo del 2% más una variable en función del tráfico.
FACUA
muestra su total rechazo a que el Ejecutivo asuma las pérdidas de estas
carreteras en quiebra porque los seis bancos más importantes y las principales
constructoras las hicieron sobreestimando su tráfico, que ha caído en más del
50% en los últimos años, así como por sobrecostes derivados de las
expropiaciones de los terrenos que atraviesan las vías y debido a obras
inesperadas.
La
asociación recuerda que es la segunda vez que el Estado acude al rescate de las
autopistas de peaje. La Empresa Nacional de Autopistas que se creará en
septiembre será la segunda de este tipo. En 1984 se hizo una privatización
similar para salvar prácticamente a los mismos concesionarios que ahora piden
ayuda: bancos y constructoras. Una vez que se sanearon las cuentas y se
actualizaron las infraestructuras, en 2003, cuando las autopistas volvían a dar
beneficios, se ofrecieron en concesión.
FACUA
pide que no se repita la operación de nacionalización, saneamiento y
privatización. Asimismo la asociación denuncia que desde la patronal de las
constructoras se hable de traspasar tráfico de las carreteras libres a las de
peaje cobrando por el uso de la mayor parte de las vías para que vuelvan a la
rentabilidad rápidamente. FACUA demanda que no se vuelva a cargar la nefasta
gestión y decisiones empresariales sobre los hombros de los ciudadanos.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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