¿Qué nos ocultará en el futuro google de Miguel
Zerolo, j. Miguel bravo de Laguna o Arcadio Díaz?
Por Máximo Relti -
Canarias-semanal.org
Lunes, 11 de agosto de 2014
Hace apenas cuatro meses, el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea pronunciaba una sentencia relacionada con
el ya famoso caso de Google Spain SL y Google Inc. contra la
Agencia Española de Protección de Datos. El fallo del Tribunal Europeo determinó
que el catalán Mario Costeja González tenía derecho a que Google
no indexara la información existente sobre un impago suyo en una subasta
de la que dio cuenta en su día el diario La Vanguardia.
Desde
que la jurisdicción europea pronunció aquella sentencia favorable a Mario
Costeja hasta hoy, el buscador Google ha recibido nada menos que 91.100
peticiones para que fueran retiradas igual número de
referencias. Estas afectan al respetable número de alrededor de 328.000
direcciones de páginas webs. Según diferentes fuentes, el buscador ha
accedido a satisfacer el 53% de estas reclamaciones. Una buena parte de las informaciones
que Google se ha visto obligada a retirar habían aparecido años atrás en
diversos periódicos españoles en artículos y noticias diarias.
Resulta preciso puntualizar que
las reclamaciones de borrado que se están solicitando a Google no se refieren a
presuntas difamaciones sino que los demandantes, respaldados por la
sentencia del Tribunal europeo, exigen que el relato de determinadas secuencias
de sus biografías sean borradas de la memoria del buscador, por estimar ahora "inconveniente"
que se recuerden. Es decir, que si usted en el pasado tuvo la "flaqueza"
de participar en una operación especulativa con trazos de ilegalidad,
transcurrido un cierto cierto tiempo contará con la posibilidad de borrar de la
memoria colectiva que un determinado día intentó burlar a la justicia y estafar
a sus conciudadanos comportándose como un miserable chorizo.
Tratando de desarrollar los hipotéticos
vericuetos por los que podrá transcurrir en el futuro esta sentencia europea,
uno empieza a preguntarse si en unos meses o años Google nos continuará
permitiendo acceder a los archivos históricos en los
que todavía figuran los nombres de quienes protagonizaron la
represión política durante el régimen de Franco, o entrar en las
hemerotecas digitales donde conocer los miles de casos en los que se han
visto involucrados concejales, altos cargos y políticos que durante décadas
trataron de convertir sus respectivos cargos públicos en sustanciosas
bicocas destinadas su enriquecimiento personal.
¿Constará en el año
2020 años en Google que la princesa Cristina Borbón,
además de ser la hermana del rey, estuvo un día imputada - o condenada -
por delitos económicos? ¿Podremos localizar dentro de 10 años en el
buscador Google, por ejemplo, los detalles del affaire de la
fraudulenta urbanizacion de "Las Teresitas" y su
relación con el ex alcalde de Sta. Cruz de Tenerife Miguel Zerolo? ¿Figurarán
en la próxima década en las referencias de Google que el hoy flamante
presidente del Cabildo de Las Palmas, Jose Miguel Bravo de Laguna, robó un
pijama en unos grandes almacenes londinenses,
pretendiendo eludir la acción de la justicia con la celtibérica frase "¡usted
no sabe quien soy yo!"? ¿Veremos reclamar algún dia al barbado
senador socialdemócrata Arcadio Díaz Tejera ante los
tribunales europeos que desaparezcan de las busquedas de Google su
antigua pertenencia a la organizacion juvenil franquista o sus
llamamientos a la "revolución social" unos años después,
por estimar que tales recuerdos son hoy gravemente lesivos para su honor?
Puestos ya a borrar el "pasado incoveniente", alguien debería exigir al insigne Tribunal Europeo que fueran arrancadas la páginas de las hemerotecas, depurados los libros que describan los escándalos de nuestras clases pudientes y depositados en la hoguera los panfletos, proclamas y octavillas que un día se atrevieron a denunciar la impudicia, el atropello o el latrocinio de los poderosos.
Sin embargo, les confieso que, en realidad, no me resulta nada extraño que la demanda mentada haya tenido su origen en España. Lo que me mosquea es el silencio letal que ante la sentencia europea ha observado la izquierda institucional que así misma se pretende transformadora. ¿O también existirán razones que expliquen tan hermetico mutismo?
Puestos ya a borrar el "pasado incoveniente", alguien debería exigir al insigne Tribunal Europeo que fueran arrancadas la páginas de las hemerotecas, depurados los libros que describan los escándalos de nuestras clases pudientes y depositados en la hoguera los panfletos, proclamas y octavillas que un día se atrevieron a denunciar la impudicia, el atropello o el latrocinio de los poderosos.
Sin embargo, les confieso que, en realidad, no me resulta nada extraño que la demanda mentada haya tenido su origen en España. Lo que me mosquea es el silencio letal que ante la sentencia europea ha observado la izquierda institucional que así misma se pretende transformadora. ¿O también existirán razones que expliquen tan hermetico mutismo?
El obstinado propósito de
las clases dominantes de este país por intentar borrar, como sea, el
"disco duro" de la memoria colectiva no es inocente. Han estado
perseverando en ello nada menos que durante los últimos catorce lustros. Así de
enmierdada está su trayectoria histórica.
Fuente: http://canarias-semanal.org/
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