Detrás del
TTIP hay una clara voluntad de crear una nueva área económica, en la que el
capital global pueda moverse sin límites.
Que nadie
haga lecturas apresuradas del título. No pretendo negar un proceso
económico, la globalización, que responde a factores y dinámicas muy potentes.
Pero sí planteo la necesidad de políticas que apuesten por ralentizar los
procesos de globalización económica y acelerar los de globalización política.
Se trata de
restituir el equilibrio entre mercados y sociedad que la globalización ha roto. El dilema no es nuevo, se trata de
evitar que una globalización económica sin reglas ni contrapoderes imponga una
sociedad gobernada por los mercados frente a una política incapaz de
desarrollar su función básica, la de civilizar las relaciones económicas.
Con la
crisis hemos comprobado que una UE sin musculatura política frente a un
mundo globalizado económicamente convierte la política en una suma de
impotencias.
Este debe
ser el enfoque determinante para analizar la propuesta de Tratado Trasatlántico
de Inversión y Comercio (TTIC) entre la Unión Europea y EEUU.
Si algo
deberíamos haber aprendido de esta última crisis son las graves consecuencias
sociales, en términos de aumento de la desigualdad y la pobreza, que provoca la
existencia de una gran desequilibrio de poder entre una economía global cada
vez más potente y unas estructuras sociales y políticas cada vez más
impotentes.
A pesar del
obscurantismo con el que la tecnocracia de la UE y de EEUU están llevando las
negociaciones, lo que en
una sociedad democrática debería ser motivo suficiente para su rechazo,
comienzan a conocerse algunos de sus contenidos. Y a través suyo se detecta
claramente el principal objetivo del TTIP: un paso más en la configuración
de grandes áreas económicas no gobernadas por la sociedad, sino por los
mercados y por las grandes corporaciones transnacionales. Y también comienzan a
vislumbrarse cuales pueden ser sus principales efectos indirectos y sus daños
colaterales.
Va a ser
difícil hacer llegar a la ciudadanía la trascendencia del TTIP. Sobre todo porque desde los
poderes económicos y sus voceros se nos va a vender sus bondades económicas, en
forma de creación de empleo. Y se va a explicar el debate en términos maniqueos
entre proteccionistas (los malos) y partidarios del libre comercio (los
buenos). Ya ha comenzado a hacerlo el Ministro Margallo en una de sus
“zaratrustianas” intervenciones en el Congreso de Diputados.
Detrás del
TTIP hay una clara voluntad de crear una nueva área económica, en la que el
capital global pueda moverse sin límites o con menos restricciones y
controles políticos que los actuales.
No
deberíamos olvidar que en estos procesos siempre suelen haber ganadores y
perdedores. No es solo
que las grandes corporaciones van a tener más posibilidades de copar mercados
en detrimento de las PYMES. O que las economías menos fuertes, las del Sur de
Europa, pueden ser las afectadas por la mayor penetración de empresas
norteamericanas. El conflicto central en el TTIP no se da en términos
nacionales, entre empresas europeas y estadounidenses. Lo determinante del
TTIP es que, de aprobarse, aumentaría aún más el desequilibrio entre mercados y
sociedad, en beneficio del poder político de los mercados.
Con el
mecanismo de “reconocimiento mutuo” de legislaciones, se pretende que las condiciones
regulatorias que afectan a un determinado sector deban ser aceptadas por todos
los países. Se trata de “armonizar competitivamente a la baja” las
regulaciones. Este factor es determinante en ámbitos como el de la salud
alimentaria, en el que la UE tiene unas condiciones más exigentes que los EEUU,
que según los lobbies de la industria norteamericana dificultan el libre
comercio y no mejoran la protección de los ciudadanos.
Otro factor
es el establecimiento de mecanismos privados de mediación y arbitraje en los
conflictos de intereses entre corporaciones privadas. Nada que objetar si
ello no supusiera una auto-exclusión de las grandes corporaciones del
sometimiento a los Tribunales de Justicia ordinarios. Y también que algunas de
estas decisiones arbitrales, en los conflictos entre empresas o de las empresas
con los Estados, puedan terminar con obligaciones o prohibiciones a actuar de
los Estados soberanos, impuestas por Tribunales privados.
En general,
con el TTIP pretenden establecer condiciones más favorables al movimiento de
capitales para invertir o comerciar entre UE y EEUU, sin que ello vaya parejo a
la creación o reforzamiento de espacios de regulación políticos. Y ello supone
un nuevo desplazamiento del poder político de regulación. De las
instituciones democráticas a los mercados. Y en consecuencia un debilitamiento
de la política, como sociedad organizada, frente los mercados.
Por eso, la prioridad
hoy es abordar las reformas necesarias para ampliar el poder político de la
Unión Europea en su dimensión comunitaria, no intergubernamental. Y
mientras, impedir la ampliación de nuevas áreas de comercio e inversión sin
gobierno político.
De eso, y no
de libre comercio, va el TTIP.
Fuente: www.nuevatribuna.es

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