El Gobierno sigue las
directrices de los sectores más retrógrados en su proyecto de ley del aborto
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El proyecto de ley del aborto que
ayer presentó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, liquida la ley
de plazos aprobada en 2010 y perfila una regulación más restrictiva que la ley
de supuestos de 1985. Con esta contrarreforma, que puede prosperar gracias a la
mayoría absoluta del PP, las mujeres españolas volverán a una situación de
excepción casi sin igual en Europa por la inaceptable sumisión del Gobierno a
los sectores más retrógrados de la Iglesia católica. Como ocurre en otros 20
países de la UE, con la actual ley las mujeres pueden abortar libremente hasta
las 14 semanas, y en determinados supuestos hasta las 22. El proyecto de ley
arrebata a la mujer la capacidad de decidir libremente. Solo se le permitirá
interrumpir el embarazo en dos supuestos: violación (hasta las 12 semanas) y
grave peligro para la salud física o psíquica de la madre (hasta las 22), algo
que en todo caso deberán acreditar dos especialistas ajenos a la clínica donde
se practique el aborto.
Tampoco se permitirá interrumpir el
embarazo, como ocurre ahora, en caso de grave malformación del feto. A tenor de
lo anunciado por el ministro, solo se contempla la posibilidad de abortar
cuando el feto sufra una anomalía incompatible con la vida y suponga además un
grave riesgo para la salud psíquica de la madre. El derecho a la vida del nasciturus
pasa así por delante, no solo de la libertad de la madre, sino de su propia
salud mental, pues solo podrá acogerse a la ley en los casos en que el bebé
morirá de todos modos. Esta restricción no solo supone una crueldad para la
mujer, sino para el propio nasciturus, al que se condena a llevar en
muchos casos una vida de penalidad y sufrimiento. Todo ello en aras de una
interpretación torticera de la convención de Naciones Unidas sobre
discapacidad, que lo único que exige es que no haya diferencias de trato —por
ejemplo, plazos de interrupción distintos— entre el feto con anomalías y el
feto normal. En ningún caso impide el aborto, si este se permite también para
un feto sin malformaciones.
Con este proyecto de ley, España
regresa a tiempos que creíamos superados y consagra un modelo de regulación
autoritaria que no solo impide a la mujer cualquier derecho a decidir sobre su
maternidad, sino que la coloca en posición de minoría de edad, de subordinación
a terceras personas que tendrán la potestad de decidir algo que condiciona el
resto de su vida. Pero no es solo una cuestión que afecte al derecho a decidir.
Afecta también a la libertad de conciencia.
Con esta regulación el Gobierno
confunde moral privada y moral pública. Concede al Estado la potestad de
decidir en qué casos una mujer puede abortar en función de unas creencias
religiosas que pertenecen al dominio de lo privado de una parte de la sociedad,
y que ni siquiera son compartidas por la mayoría. En aras de las creencias de
esa minoría, el Estado se arroga la potestad de obligar a dar a luz a todas las
mujeres que no cumplan los supuestos autorizados, incluidas las que no
comparten esas creencias. Con la ley de 2010, ninguna mujer está obligada a
abortar. Con la nueva regulación, muchas se verán obligadas a dar a luz. En una
sociedad plural, semejante imposición puede equivaler a un atentado a la
convivencia. Y aunque la nueva ley no sanciona penalmente a las mujeres que la
incumplan, sí se penalizará a los profesionales que intervengan. Se trata, de
una reforma innecesaria, hipócrita y socialmente discriminatoria: es evidente
que las mujeres que quieran abortar y tengan recursos, incluidas muchas
católicas, lo harán en otros países, mientras que las que no tienen esos medios
se verán abocadas a un aborto de riesgo, inseguro y clandestino, como en los
tiempos más oscuros de la historia de España.
Fuente: www.elpais.com
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