LA PARÁLISIS COMO POLÍTICA

Daniel Molina Jiménez | Investigador de Historia Contemporánea

nuevatribuna.es | 08 Diciembre 2013 - 17:31 h.

El pasado día 6 de diciembre se celebró el acostumbrado acto de homenaje a la Constitución donde el Presidente del Congreso  pronuncia un discurso que es escrutado con interés y detalle por el resto de líderes – que también realizan declaraciones – y los partidos políticos. Cualquiera que no esté al corriente de la actualidad en España pero que haya presenciado ese acto, puede sacar la conclusión clara de que a España le sucede algo, pero no existe el modo de saber cómo solucionar lo que sucede.

En tiempos de fuertes controversias, probablemente estemos asistiendo a un cambio en el significado de la Constitución, según el grupo político al que se refiera. Hasta no hace muchos años, el discurso oficial – compartido por todos los partidos políticos – estribaba en que la Carta Magna era un marco que había posibilitado la pluralidad del Estado y la convivencia de todos los ciudadanos además un progreso material inédito hasta entonces en nuestra historia contemporánea.

Hoy sin embargo, las cosas han cambiado mucho y la Constitución ha dejado de ser la clave de bóveda de las distintas ideologías. Además, la corrupción y la crisis han destapado debilidades del sistema político y los ciudadanos están  cada vez están más desilusionados por el régimen democrático nacido en 1978. Así las cosas, los partidos políticos han ido adaptando su discurso constitucional según sus intereses  tratando de conectar con sus votantes. Para el PP la Constitución sigue teniendo plena vigencia y el reto soberanista solo se solucionaría cumpliendo la Constitución puesto que todo se debe a una deslealtad de los partidos nacionalistas en Cataluña. La Constitución sería así la solución y cauce natural para integrar las distintas sensibilidades. Y esto es así, porque la Carta Magna permite el pacto, la transacción, el acuerdo en materias sensibles que disipen las disidencias. Para el PSOE, estamos ante una crisis de Estado que tiene que ver con la desafección política y social de las nacionalidades en la Constitución (especialmente en Cataluña). La única solución a esta desafección – que es mayoritaria en esas nacionalidades – es ofrecer una oferta del Estado, articulando un nuevo reparto del poder con el único límite de la soberanía nacional que es indivisible. Para los nacionalistas, la Constitución es un dique que impide el desarrollo de su soberanía y oscilan entre romper con el Estado o articular una propuesta de máximos que permita a las nacionalidades algún tipo de soberanía y estructura estatal.

Las posiciones analizadas están muy distanciadas entre sí y no parece vislumbrarse una vía de solución de la articulación y vigencia del Estado en la medida en que las propuestas del  nacionalismo soberanista desbordan cualquier marco constitucional posible. La imposibilidad, por el momento, de articular una solución, pone de manifiesto la gravedad de la crisis. La Constitución, signifique lo que signifique para cada partido, ha dejado de ser el modo  de integrar la diversidad y por este motivo la desafección en las nacionalidades es cada vez mayor. Así las cosas, la conmemoración de la Constitución se ha convertido en un acto donde algunos partidos aparecen, otros como Izquierda Unida desertan de manera incomprensible por reclamar un proceso constituyente, manifestando su falta de respeto a los ciudadanos  y la incoherencia de una protesta que si fuera sensata se haría también en el día a día parlamentario, y otros, directamente, organizan actos alternativos o frentes soberanistas. La Constitución es motivo de división y lo más importante, ha dejado de ser operativa para integrar la diversidad.  La crisis, gravísima, exigiría una negociación de todos los partidos para poner en común los problemas y articular soluciones, que seguro existen. Sin embargo, parece que estemos viviendo en medio de una desgracia puesto que no solo los principales partidos no se reúnen para abordar la crisis sino que se tiran excusas a la cabeza sobre la propia Constitución, el PSOE porque acusa al PP de inmobilismo y el PP porque no quiere abrir la reforma sin tener claros los objetivos. En realidad, el problema está el PP, no consigo mismo, sino con sus bases y sus poderes fácticos-mediáticos que se oponen radicalmente a cualquier reforma. Ésta es la tragedia de la España actual: que en medio de una crisis de consecuencias imprevisibles, la única política posible es la parálisis.