¿Por qué no lo hicieron en la sede de Génova, en el
caso Nos, Gürtel – Barcenas etc que afectan a la corona o al PP?
La juez envía a los agentes a buscar
información del supuesto mal uso de dinero público
Agentes de la Guardia Civil, entra
en la sede de la UGT Andalucía. / Julián Rojas
Medio centenar de agentes de la Unidad
Central Operativa de la Guardia Civil ha registrado la sede de UGT en Andalucía
en la capital sevillana, en el marco de una actuación policial denominada
Operación Cirene. Un portavoz de los investigadores descartó que haya detenidos
en esta actuación, que se ha extendido a otras tres sociedades vinculadas a
UGT.
Dos de estas
empresas son Proyectos Inmobiliarios Novasur y Soralpe. Esta última figura
constituida en verano de 1995 y se dedica al asesoramiento jurídico, fiscal,
contable, laboral, económico y urbanístico. También detalla trabajos de
comercialización, importación y exportación. La otra es Geosur Arquitectura y
Urbanismo y se encuentra en la céntrica avenida San Francisco Javier del barrio
de Nervión.
Los guardias
se han presentado a las once menos cuarto de esta mañana en la sede principal
de la central sindical, que está siendo investigada por la juez Mercedes Alaya
por el supuesto desvío de fondos públicos a fines distintos de los aprobados.
Se trata de dinero de formación, entre otras partidas, que fue gastada en
publicidad, organización y otros eventos, para los que se encargaron bolsos
falsos o comidas. Por estos hechos dimitió hace unas semanas el entonces secretario general del sindicato en
Andalucía, Francisco Fernández Sevilla.
Una decena
de agentes mantuvo bloqueados los accesos a la calle Antonio Salado, donde se
encuentra la sede sindical y no dejaron entrar ni salir a los trabajadores,
muchos de los cuales habían salido a desayunar.
"Todo
el que no sea de la casa, fuera", han ordenado los agentes al comienzo del
registro, según la versión aportada por un sindicalista que se ha quedado fuera
del edificio. Rodrigo Salguero, de la Federación de Servicios Públicos de UGT
en Huelva, tenía una reunión con sus compañeros en Sevilla esta mañana. Pero no
ha podido entrar, al haber comenzado el registro. "No dejan salir tampoco
a los que se han quedado dentro", ha indicado.
Los agentes
han preguntado por el secretario de Organización, Manuel Ferrer, quien se ha
hecho cargo de la dirección del sindicato tras la marcha de Fernández Sevilla.
El ahora máximo responsable no se encuentraba en la capital andaluza, por lo
que el registro se produjo sin su presencia.
Ferrer llegó
pasadas las dos, aseguró que no le habían avisado previamente de dicho registro
y lamentó que la central se encuentra en situación de "indefensión".
Pasadas las tres, los agentes dejaron salir a los trabajadores, aunque les
pidió los números de DNI, las claves de todos los ordenadores y los números de
teléfono móvil para que estén localizados.
Entre las
irregularidades detectadas, la Junta andaluza ya ha reclamado la devolución de
1,8 millones gastados en conceptos que no se correspondían con los
subvencionados. Estos 1,8 millones podrían elevarse a 7,5 millones si se
repiten las irregularidades en los 17 expedientes de reintegro que analiza el
Ejecutivo autónomo.
La cúpula de
UGT Andalucía ha justificado el retraso en aclarar la veracidad de las facturas
falsas en el supuesto borrado de 1.756 archivos informáticos, del que culparon
a Laureano Conde, exsecretario general de la sección sindical de Sevilla. Conde
fue despedido y acusó a la dirección del sindicato de mentir y convertirle en
"el chivo expiatorio" de las irregularidades cometidas durante años
para aumentar sus beneficios gracias a los fondos públicos de la Junta.
La dirección
de la organización ha intentado dejar en Fernández Sevilla el coste de las
denuncias y mantenerse hasta la celebración de un comité extraordinario el
próximo 9 de enero. Pero la juez ha acelerado la investigación, tras el goteo
de informaciones
sobre facturas endosadas al Ejecutivo autónomo con las que se
pagaron actividades privadas del sindicato.
La juez
Mercedes Alaya ya ha señalado a los sindicatos y, en concreto a UGT, en
relación con otro caso, distinto al de las facturas falsas, pero igual de
mediático: caso ERE.
La magistrada investiga en este asunto si los representantes de los
trabajadores se enriquecieron u obtuvieron fondos de forma ilícita a través de
la tramitación de expedientes de regulación de empleo.
El Gobierno
andaluz ha conocido la actuación policial en pleno debate final de los
Presupuestos de la Junta de Andalucía en el Parlamento. El consejero de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha mostrado
"el máximo respeto a la actuación de las fuerzas de seguridad".
"Estaremos a ver lo que ocurre", ha afirmado.
Maldonado ha comentado que el
registro "no puede acelerar" la revisión de oficio que está llevando
a cabo su consejería sobre los expedientes de UGT, aunque ha precisado que,
"si la Guardia Civil descubre determinadas irregularidades, obligará a
tomar determinadas decisiones".
Fuente: www.elpais.com
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