miércoles, 24 de abril de 2013

EL PRESIDENTE DEL SUPREMO DICE QUE LOS ESCRACHES SON ‘UN EJEMPLO DE LA LIBERTAD DE MANIFESTACIÓN’


Gonzalo Moliner, también presidente del CGPJ, da un revolcón al PP y destaca que las protestas de los ciudadanos junto a las viviendas de políticos no están siendo violentas

PÚBLICO / EUROPA PRESS Madrid 24/04/2013 11:16 Actualizado: 24/04/2013 13:25



El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner.EP

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, dio este miércoles un serio revolcón al discurso del PP y del Gobierno sobre los escraches.

Moliner afirmó que las protestas que han llevado a cabo algunos ciudadanos junto a viviendas de políticos y cargos públicos, los famosos escraches, no están siendo violentas y, por lo tanto, constituyen un ejemplo de la libertad de manifestación.

"Los escraches, en tanto en cuanto no sean violentos, y como no lo son, son un ejemplo de la libertad de manifestación", declaró en una entrevista en la cadena SER. Sin embargo, "en tanto en cuanto ofendan o atenten contra la intimidad de las personas u otros derechos fundamentales, me parecen rechazables", añadió.

Esta tesis es absolutamente contraria a la mantenida por el ministerio del Interior, del que el lunes se supo que había ordenado a los agentes de Policía definir los escraches como "acoso y amenazas". Además, a lo largo de las últimas semanas los dirigentes del PP no se han cansado de arremeter contra los manifestantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) calificando los escreches de "nazismo", "filoetarras" y descalificaciones parecidas.

Posteriormente, Moliner, durante la inauguración de las jornadas de puertas abiertas del Supremo, ha insistido en que los escraches pacíficos son, en principio, un reflejo del derecho a la libertad de expresión y manifestación y ha añadido que no se pueden "condenar de manera general" puesto que dependen de las circunstancias en que se desarrolle cada uno.

Moliner ha sido preguntado sobre el recorrido que pueden tener las denuncias interpuestas por dirigentes del Partido Popular que han sufrido el acoso en su domicilio por parte de activistas antidesahucios.

"La manifestación es un principio de derecho constitucional, pero si no se realizan de acuerdo a las normas legales pueden ser sancionadas administrativamente o penalmente. Pero eso depede de cada una y, por lo tanto, no se puede decir en definitiva que es lo que va a ocurrir con cada manifestación", ha respondido.

De esta forma, el presidente del Supremo ha insistido que si el acto no es violento es "en principio" una muestra de la libertad de expresión y manifestación, aunque "depende de cómo se desarrolle". "No se puede opinar de manera general sobre los mismos condenándolos o aceptándolos. Depende de las circunstancias", ha agregado.

En cuanto a la convocatoria que anima a "asediar" el Congreso de los Diputados este jueves hasta conseguir que se disuelvan las Cortes Generales, Moliner dijo que siempre ha luchado por la libertad de expresión y de manifestación. "Por lo tanto, no me importan estos actos", indicó.

No obstante, reconoció que no se siente "nada cómodo con esa "actitud" de algunos ciudadanos respecto al Parlamento y expresó su deseo de que entre el Parlamento y la ciudadanía hubiera "una mejor conexión".

Aplicar la ley

Por otro lado, el magistrado señaló que, en el contexto actual de crisis socioeconómica, el poder judicial puede "tratar de acomodar la legislación" vigente a las "situaciones reales" que afectan a los ciudadanos, pero "siempre partiendo de su respeto a las normas".

Así, puso como ejemplo el problema de los desahucios, ante el cual los jueces están "aplicando la doctrina" que emana de la sentencia, "muy interesante" en su opinión, dictada el pasado marzo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que critica la normativa española sobre préstamos hipotecarios y desahucios.

El próximo 8 de mayo, se celebrará una reunión de alto nivel en la que los jueces españoles analizarán la solución que dio el tribunal europeo con el fin de interpretarla de una manera uniforme. Pero "no será más que un criterio orientativo", aclaró Moliner.


 

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