El
objetivo de la visita y la petición remitida a la Comisión de Peticiones es
“alzar la voz en el Parlamento Europeo y denunciar la impunidad que los
crímenes del estado fascista perpetrados en España no queden impunes".
nuevatribuna.es
| 05 Marzo 2015 - 11:20 h.
"La
Transición fue un proceso de condena a las víctimas y de perdón a los verdugos
y el Parlamento Europeo tiene que trabajar por la justicia y la reparación”
Con los
aniversarios de la masacre de Vitoria y la ejecución de Salvador Puig
Antich como telón de fondo, la portavoz de Izquierda Unida en el
Parlamento Europeo (PE), Marina Albiol, junto a eurodiputados integrantes del
Grupo de trabajo de Memoria, recibió en Bruselas a una delegación de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra
los crímenes del franquismo (CeAQUA), quienes reclamaron a la Eurocámara y
a la Comisión Europea (CE) que obliguen al Estado español a cumplir con las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas y exijan al Gobierno que ponga en marcha los
mecanismos necesarios para hacer justicia, si no quieren ser cómplices de la
impunidad.
Durante su paso
por el PE, los abogados Carlos Slepoy y Jacinto Lara, así como Paqui Maqueda,
Chato Galante, Merçona Puig Antich, Soledad Luque, Josu Ibargutxi, Luis
Suárez-Carreño e Irene de la Cuerda, todos ellos representantes de los
colectivos que forman parte de la querella argentina, entregaron en mano a la
comisaria Cecilia Wikström, una petición en la que denuncian la
vulneración por parte del Estado español “de los derechos que asisten a las
víctimas de la dictadura franquista" y solicitan que se constituya
"una comisión de investigación en relación con la vulneración de la
normativa europea que ampara los derechos de los ciudadanos víctimas de una
dictadura", así como que "la Comisión Europea investigue y detenga el
incumplimiento de la normativa comunitaria”.
Durante una
rueda de prensa, Albiol señaló que el objetivo de la visita y la
petición remitida a la Comisión de Peticiones es “alzar la voz en el Parlamento
Europeo y denunciar la impunidad de los crímenes del estado fascista porque la
Transición fue un proceso de condena a las víctimas y de perdón a los verdugos
y esta Cámara tiene que trabajar por la verdad, la justicia y la reparación”.
VIDEO:
Acto “La impunidad de los crímenes contra la humanidad en el estado español” https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BGd1AnEDVZY
José María
Galante, portavoz de la asociación de expresos del franquismo La
Comuna, denunció cómo “desde el final de la dictadura” todos los
gobiernos le han ido “cerrando todas las puertas” a las víctimas y se
les ha negado “el derecho a la Justicia, un derecho básico previo a la política
y que es uno de los pilares sobre los que se asienta un Estado de Derecho”.
“Este Gobierno
y los que le precedieron –continuó- han sido cómplices de la barbarie
franquista. Las víctimas nos hemos visto obligados a buscar justicia fuera y
gracias a la justicia universal hemos conseguido que se abra el proceso en
Argentina. Son cómplices del franquismo porque se niegan a juzgar los crímenes
en nuestro país y ahora se saltan toda la legislación internacional tratando de
impedir la extradición de aquellos que firmaron las condenas de muerte contra
nuestros compañeros, la extradición de torturadores, de médicos que han
colaborado en el robo de bebes y un largo, etc”.
Para el
representante de La Comuna, “Europa no puede seguir considerándose la
tierra de la libertades y de los derechos humanos, cuando se niegan a reconocer
esos derechos”, por eso reclamó resoluciones por parte del PE y de la CE “que
obliguen al Gobierno español a cumplir las peticiones y recomendaciones que
reiteradamente se les ha hecho desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y
reconozca el derecho a la justicia de las víctimas de la dictadura
franquista”. “Si esta UE no lo hace, consideraremos que también es cómplice
necesaria en el mantenimiento de la impunidad”, advirtió.
Slepoy,
siguiendo la línea de Galante, dijo que se preguntó “por qué por parte de
Europa no se exige a España de forma contundente que empiece a hacerse
justicia” y consideró “una verdadera vergüenza que por parte de las víctimas
se tenga que recurrir a la UE, a la ONU o a Argentina”.
“Queremos
solicitar que la CE y el PE que exija al Gobierno que remueva todo tipo de
obstáculos para identificar los crímenes, recuperar e identificar a los
muertos, que ponga fin a la apología de la dictadura, a los monumentos a la
memoria del franquismo, a las iglesias con menciones a José Antonio Primo de
Rivera y a Franco”, explicó, antes de señalar que la situación que se vive en
el Estado español sería “una vergüenza impensable en cualquier otro país
europeo”.
“A diferencia
del resto de países europeos, ¿van a seguir obviando esta impunidad, o van a
tomar medidas?” volvió a preguntar a las instituciones comunitarias. “España ha
decidido echar un manto absoluto sobre la Justicia. Se impide actuar a los
tribunales españoles y se impide que actúen los argentinos. Tenemos que dar más
pasos pero confiamos que este será eficaz”, sentenció.
Tras un
encuentro con el eurodiputado de Syriza, Manolis Glezos, símbolo de la
lucha del pueblo griego contra la ocupación nazi, la delegación de CeAQUA
participó en un emotivo acto en el que estuvieron Albiol y los miembros del
Grupo de Memoria del PE, Ernest Urtasun (ICV), Josu Juaristi (EH-Bildu) e
Izaskun Bilbao (PNV), además de Josep Maria Terricabras (ERC). En él, los
representantes de todos los colectivos pudieron relatar su experiencia
vital, sus reclamaciones y sus esperanzas y uno a uno fueron pidiendo verdad,
justicia y reparación.
VIDEO: Rueda de
prensa de CeAQUA en el Palamento Europeo
Paqui
Maqueda, de la Asociación para la memoria histórica y justicia en
Andalucía, habló de las desapariciones forzadas denunciando “la situación de
indefensión de cientos de familias que tienen desaparecidos a sus seres
queridos” y “la impunidad de un Estado que prefiere mirar a otro lado”. Tras
recordar que “aún hoy en el Estado español hay más de 114.000 personas desaparecidas
y 2.000 fosas comunes”, lanzó dos preguntas: “¿Qué pasó con nuestros
familiares? ¿Por qué los padres de la Constitución se dejaron a nuestros
familiares en las cunetas?”
A continuación
tomó la palabra Merçona Puig Antich, hermana de Salvador, ejecutado por
la dictadura franquista hace justo 41 años, quien explicó cómo la lucha de su
familia durante todo este tiempo “para que se revisara” el caso de su hermano
“y lo disolvieran” no ha tenido una respuesta pese a haber pasado “por
Estrasburgo, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional”. “Hemos
comprobado que no se puede hablar con ellos de lo que fue el franquismo y hemos
visto cómo continúan defendiéndolo porque son incapaces de dar la cara y acabar
con la impunidad”, dijo.
“He venido aquí
para que se sepa que mi hermano no es un asesino que disparó a un policía a
bocajarro sino que tenía una ideología política, que luchaba por ello y que por
ello lo mataron de una manera vil”, expresó.
Soledad
Luque, de la Asociación todos los niños robados son mis niños, reivindicó
que el robo de bebés “continuó más allá del año 52 en todo el territorio
español”, dejando “a un número incalculable de familias amputadas para
siempre”.
“En 2015 –dijo-
después de 38 años de democracia, la impunidad continúa porque los delitos de
lesa humanidad” de la dictadura franquista “no están siendo investigados de
manera exhaustiva”. “Las denuncias se archivan a ritmo escandaloso, no se están
buscando a esos niños y niñas, hoy hombres y mujeres, ni hay nadie en la cárcel
por todo lo ocurrido a pesar de las miles de denuncias presentadas. Es decir,
hoy no está Franco, pero la sombra del franquismo es tan larga que todavía nos
cubre y las víctimas seguimos sin saber la verdad, sin tener justicia y sin
obtener reparación”, afirmó.
Desde la Asociación
Goldatu, Josu Ibargutxi reclamó la importancia del 3 de marzo de 1976 para
Euskadi, día en que “se perpetró una de las masacres más
importantes contra trabajadores por parte de la dictadura
franquista” con cinco trabajadores asesinados y 100 heridos de bala y que
gracias a las grabaciones de la Policía sabemos que emplearon más de 1.000
cartuchos. “No hubo ningún responsable ni político ni militar”, pese a que
Goldatu haya estado denunciando constantemente aquello y que hubieran pasado
por el Parlamento Europeo en 2006 o en 2004 en la sede de la ONU de Ginebra.
Lamentó que
haya tenido que recurrirse a la Justicia argentina, pero se felicitó de que
“por lo menos se haya conseguido imputar a Martín Villa, uno de los
responsables” de la masacre de Vitoria.
Luis
Suárez-Carreño, de La Comuna, denunció que “se está enmascarando lo que
significó el tardofranquismo para convertirlo en algo más suave y más ambiguo y
nosotros queremos que quede claro que no hay ambigüedad alguna: la dictadura fue
la dictadura hasta el último día e incluso un poquito después”.
“Nuestro
testimonio como víctimas directas de la represión en las cárceles del
franquismo persigue la impunidad de los criminales, que tengan que presentarse
ante un tribunal y explicar lo que hicieron. Y queremos rescatar a las víctimas
que ya no están entre nosotros de la ofensa y del desprecio al que han sido
sometidos”, dijo.
Irene de la
Cuerda, de la CGT, fue la encargada de hablar de las más de 4.000
personas que fueron explotadas económicamente por la dictadura franquista y
que, para ella, son “los olvidados de los olvidados”. “Fueron sometidos a
trabajos forzados como mano de obra gratuita”, gracias a la cual “el
empresariado, generosamente recompensado, levantó sus imperios económicos”,
construyendo carreteras, pantanos y reconstruyendo ciudades devastadas.
Además, recordó
cómo en el caso del nazismo, “las empresas alemanas pagaron a las víctimas
contribuyendo con la mistad de las indemnizaciones, mientras que la otra mitad
la cubrió el Estado”. “Las empresas españolas, sin embargo, no reconocen el
lucro del trabajo esclavo”, dijo.
Por último,
José Luis Galán, familiar de víctima, leyó un texto preparado por Elsa
Osaba, de la Asociación de Descendientes del exilio español, que ayer no pudo
estar en Bruselas. Osaba definió en él el exilio como “un genocidio con
crímenes de lesa humanidad” y denunció la hipocresía de las autoridades
españolas, que han “celebrado 70 años de dolor judío, pero archivan el dolor de
víctimas y familiares españoles de la barbarie nazi, mientras dejan libres a
los verdugos”. Asimismo, se preguntó “cuál va a ser la postura de Europa frente
a nuestros dirigentes, que no asumen los acuerdos de juicio y la extradición de
los verdugos del franquismo”, el próximo 8 de mayo cuando se celebren los 70
años de la liberación.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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