Más de 11.000 gallegos con pensiones del
extranjero tuvieron que desembolsar una media de 3.000 euros en sanciones y
recargos por no haberlas declarado al fisco
r. prieto a
coruña 21.11.2014 | 01:07
Protesta de emigrantes retornados el año
pasado ante la Delegación de la Agencia Tributaria en A Coruña. c. pardellas
La unión hizo la fuerza. Las movilizaciones de los
retornados gallegos forzaron al Ministerio de Hacienda a anular las multas y
recargos a los que tuvieron que hacer frente por no haber declarado sus
prestaciones procedentes del exterior. En las próximas semanas, la Agencia
Tributaria tendrá listo el formulario para que los al menos 11.000 emigrantes
afectados en la comunidad puedan solicitar a partir del 1 de enero la
devolución de las sanciones que tuvieron que abonar por desconocer e incluso
recibir información errónea sobre la tributación de sus pensiones. Según la
Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados, Hacienda tendrá que
desembolsar entre 3.000 y 4.000 euros a cada gallego que en los dos últimos
años recibió un requerimiento del fisco emplazándole a hacer una declaración
voluntaria de su pensión del extranjero de los ejercicios no prescritos. Desde
las arcas de la Agencia Tributaria saldrán al menos 33 millones de euros a las
cuentas de los pensionistas gallegos sancionados.
Tras meses de protestas de los afectados, Hacienda anunció
el pasado mes de agosto que el próximo año se abrirá un proceso de
regularización sin sanción para que los retornados con pensiones del extranjero
declararen sus prestaciones, así como para tramitar la devolución de las
cantidades abonadas por los afectados en concepto de sanción. El proceso
comenzará el 1 de enero y concluirá el 30 de junio de 2015, en vísperas de las
elecciones generales.
Pero a los retornados gallegos no les basta con que Hacienda
anule los recargos y les devuelva los importes de las multas que ya pagaron por
no rendir cuentas al fisco por sus prestaciones del extranjero. Los afectados
reclaman al Gobierno que también les devuelvan todo. Es decir, también las cantidades
que pagaron por la tributación de sus pensiones -una media de 12.000 euros,
aunque en algunos casos supera los 15.000 euros-. El colectivo reclama a
Hacienda que no tenga carácter retroactivo la exigencia de declarar por las
pensiones que perciben del extranjero y que tenga que hacerse a partir del
próximo año porque, según alegan desde la Coordinadora Nacional Galega de
Emigrantes Retornados, miles de afectados no lo hicieron por desconocimiento y
porque desde las asesorías laborales de las embajadas y consulados españoles,
gestorías e incluso en delegaciones de la propia Agencia Tributaria les dijeron
que no tenían que presentar la declaración de la renta.
"Hacienda quiere seguir haciendo caja a costa nuestra.
Nosotros no somos defraudadores, no llevamos nuestras pensiones a bancos de
Suiza", se queja el portavoz de la Coordinadora Nacional Galega de
Emigrantes Retornados, Manuel Domínguez. Es por ello que los afectados seguirán
movilizándose para reclamar a Hacienda que se iguale la cantidad establecida
para la tributación por dos pagadores a la que se impone en España. La próxima
protesta está convocada para el 5 de diciembre en Ourense, que partirá del
pabellón de Deportes de Os Remedios y finalizará delante de la Diputación.
Pensiones de 11.200 euros
El rastreo de las pensiones de retornados por parte de la
Agencia Tributaria comenzó en marzo de 2013. Entonces inició el control de las
prestaciones de emigrantes superiores a 11.200 euros anuales. Es el importe
mínimo por regla general a partir del cual los perceptores tienen la obligación
de notificarla e incluirla en la declaración de la renta.
Pero por diversas razones, en su mayoría porque en las
gestorías que les tramitaban el papeleo les informaban de que no había
obligación legal de declarar los subsidios del extranjero, muchos emigrantes
que regresaron a España y tienen su domicilio fiscal en el país no han
declarado sus pensiones en el IRPF. Y es desde hace unos años, según defendió
en 2013 Hacienda porque se dispone de datos de los países de destino de la
emigración.
En sus primeros requerimientos, la Agencia Tributaria
reclamaba a los pensionistas retornados la acreditación de los subsidios
obtenidos de otros países desde el año 2008.
Nada decía ese requerimiento de la posibilidad de multa,
salvo que los perceptores no presentasen la declaración. "Le informamos
que la falta de atención de este requerimiento en el plazo y formas señalados
puede ser considerada como una infracción tributaria de las clasificadas como
graves, sancionable con una multa pecuniaria", rezaban las misivas de
Hacienda. Sin embargo, pese a que los pensionistas presentaron las
declaraciones complementarias correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y
2011 recibieron finalmente una segunda notificación de Hacienda que les
comunicaba la imposición de una multa
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/
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