Un nuevo Gobierno progresista y de izquierdas debe asegurar a la ciudadanía
que los costes se distribuirán de forma justa
Construir una alternativa progresista a las políticas de austeridad no es
una tarea fácil. No equivale a recolectar aquí y allá diferentes
reivindicaciones, someterlas al voto de los seguidores de la correspondiente
formación política para conocer los apoyos que suscitan y establecer una
prelación en función de las simpatías que despiertan o, en su caso, descartar
las que generen excesivos rechazos o dudas.
Andan las fuerzas políticas que propugnan una ruptura consecuente con las
políticas de austeridad intentando precisar qué medidas económicas acogen en
sus programas electorales y ofrecen a la ciudadanía. No faltan ideas y
propuestas sobre lo que hay que hacer, pero aún hay tarea pendiente. Por lo que
se ve, prosiguen los últimos retoques encaminados a cribar las propuestas,
priorizar, ordenar cómo se realizará su puesta en marcha y, eso espero,
presentar un todo coherente que respete la propia biología de las reformas que
se proponen (algunas tendrán efectos inmediatos mientras otras, tanto o más
necesarias que las anteriores, madurarán y darán frutos al cabo de meses o
años) y no oculte a la ciudadanía los contradictorios efectos de cada medida ni
sus inevitables impactos negativos.
Los costes que exige modernizar estructuras productivas, cambiar instituciones
y sustituir modelos de crecimiento son inevitables, pero se puede aspirar a
lograr que el pago de las correspondientes facturas no sea tan desigual e
injusto como el provocado por las políticas de austeridad. Más aún, un nuevo
Gobierno progresista y de izquierdas debe asegurar a la ciudadanía que los
costes se distribuirán de forma justa: a los más pobres no les faltará lo
necesario para vivir en condiciones dignas y los más ricos, en rentas o
patrimonios, deberán aportar más a las arcas comunes. Pueden llamarlo
populismo; se trata, simplemente, de solidaridad y de justicia. Será posible,
en todo caso, si la decisión democrática de una mayoría social que quiere vivir
en un país decente así lo aprueba.
Intentaré analizar en lo que sigue algunas de las bases que sirven de
inspiración a las propuestas económicas que están en proceso de definición por
parte de IU y de Podemos. En lo que conozco, las medidas económicas que barajan
ambas fuerzas políticas tienen muchas coincidencias y un sustrato común: el rechazo
consecuente de las medidas y reformas económicas basadas en la austeridad
adoptadas por el Gobierno Rajoy y, antes, desde mayo de 2010, por el último
Gobierno Zapatero.
Tiempo habrá de conocer y analizar de forma más concreta las diferencias y
los matices que aporten sus respectivos programas económicos, una vez que sean
dados a conocer a la opinión pública. Por ahora, además de las entrevistas y
declaraciones realizadas por sus dirigentes y las notas de prensa aparecidas
sobre tal o cual aspecto, solo hemos tenido ocasión de leer las bases y líneas
estratégicas elaboradas por Navarro y Torres para Podemos, Democratizar la
economía para salir de la crisis mejorando la equidad, el bienestar y la
calidad de vida, y algunos de los documentos elaborados con parecidos
propósitos por IU, entre los que cabe destacar el debatido en sus III Jornadas
sobre un nuevo modelo productivo, 50 medidas de Gobierno sobre economía y
empleo para 50 Consejos de Ministros, y el más reciente e interesante, Programa
Marco Municipales y Autonómicas 2015.
Como era de esperar, los documentos de IU han pasado bastante
desapercibidos, mientras el de Navarro y Torres ha concentrado todas las
críticas imaginables, atinadas algunas, desatinadas y sectarias la mayoría. Sin
embargo, ambas fuerzas coinciden en muchos de los diagnósticos, temas y
soluciones que ofrecen. La diferencia esencial que explica parte de la desigual
atención recibida no está en lo que plantean, sino en la capacidad que muestra
Podemos (no tanto sus propuestas) de arrebatar votos al PSOE (y de paso a IU) y
sembrar el desconcierto y las dudas en parte de la base sociológica de la
derecha y, lo que no es cuestión menor, del nacionalismo catalán y vasco.
Mientras las direcciones de IU y Podemos deshojan la margarita de las
propuestas estrellas de sus respectivos programas económicos, me concentraré en
examinar las bases comunes que inspiran las coincidencias en las propuestas de
ambos partidos.
Respecto a Europa hay poco y bastante vago. Planteamientos como la
flexibilización del Pacto de Estabilidad, el incremento del presupuesto de la
Unión, la creación de mecanismos que garanticen la mancomunidad de la deuda o
la democratización del BCE no parecen medidas demasiado concretas. Las
propuestas que apuntan a la necesidad de buscar fórmulas de mutualización de la
deuda pública o incrementar la inversión comunitaria que impulse la
productividad global de los factores y compense la inversión productiva y el
potencial de crecimiento perdidos en la eurozona requerirían mayor concreción
y, al menos, una explicación sobre las fuerzas políticas que podrían respaldar
tales medidas.
Respecto a la economía española el nivel de detalle es mucho mayor. Aún a
riesgo de simplificar en demasía me ocuparé únicamente de examinar dos
propuestas que forman parte de los pilares básicos de los programas de ambas
formaciones: subir los salarios y aumentar el gasto público o, de forma más
matizada, flexibilizar y aplazar el cumplimiento de los objetivos de reducción
del déficit público, con el ánimo de impulsar la actividad económica o, por lo
menos, no perjudicar el crecimiento. Como se ve, no me detendré en las
propuestas que más polémica e interés han despertado, como las relacionadas con
la auditoría y reestructuración de la deuda, la paulatina extensión de
modalidades viables de renta básica, una reforma fiscal que priorice la lucha
contra el fraude y un reparto más justo y progresivo de la carga fiscal o la
expansión y mayor incidencia regulatoria del sector público en sectores estratégicos.
Tal y como están, y a falta de un mayor grado de elaboración, las medidas que
propugnan ambas fuerzas políticas me parecen viables y asumibles por la mayoría
social. Y cabría añadir, intercambiables.
A expensas de que la elaboración de sus respectivos programas den lugar a
mayores diferencias de las que hasta ahora han salido a la luz, lo que prima al
día de hoy es una amplia coincidencia programática en las medidas
económicas que ambas fuerzas barajan y que, en general, responden al hartazgo
de la mayoría social por el asfixiante, injusto e ineficaz rigor impuesto.
Concentrémonos, por tanto, en lo que en mi opinión es uno de los ejes
fundamentales del diagnóstico de la crisis y de las posibles soluciones que
defienden ambas formaciones. La economía española sufre un problema de
insuficiente demanda y la solución no puede ser más simple, hay que estimular o
sostener la demanda doméstica.
Así lo formula, por ejemplo, V. Navarro. Existe “un enorme problema de
falta de demanda doméstica”; las líneas estratégicas a seguir para resolverlo
serían “un aumento de los salarios y del gasto público, haciendo gran hincapié
en la infraestructura social del país, con el objetivo de estimular la demanda
doméstica, el aumento del crecimiento económico y la creación de empleo.”
(Entrevista realizada por Isabel G. Caballero y publicada en Nuevatribuna el
pasado 16 de diciembre de 2014). Hay muchas más propuestas y muchos matices,
pero concentremos el examen en esas dos líneas estratégicas (más salarios y más
gasto público) que son comunes a ambos partidos.
Existe un amplio consenso en torno a ese diagnóstico de insuficiente
demanda doméstica y a las medidas de impulso de los salarios y del gasto
público destinadas a incentivar la demanda. En dicho consenso no solo participan
IU y Podemos, también los sindicatos CCOO y UGT y la mayor parte de las fuerzas
progresistas y de izquierdas. Más aún, las propuestas económicas adelantadas
por el nuevo equipo dirigente del PSOE tampoco se apartan demasiado de ese
tronco común. Sin embargo, no está de más guardar cierta distancia crítica con
ese diagnóstico y esas soluciones. Propugnar lo contrario de lo que han
impuesto los defensores de las políticas de austeridad y devaluación salarial
no supone ninguna garantía de acierto o eficacia.
Aumentar los salarios y el gasto público. ¿Es esa la alternativa?
El diagnóstico común en el que se sustentan algunos de los criterios
fundamentales de la acción política que defienden IU y Podemos reposa en la
existencia de una escasez de demanda doméstica. Nada que objetar a tal
aseveración. La combinación de altas tasas de paro y un proceso de desinflación
que, desde hace seis meses, se ha convertido en inflación negativa demuestra y
expresa la insuficiencia de la demanda interna.
Pero siendo cierto, el diagnóstico anterior contempla únicamente una parte
de los graves problemas que debe afrontar la economía española y, por ello, en
mi opinión, las medidas dirigidas a estimular la demanda doméstica si no van
acompañadas de otras propuestas encaminadas a modernizar la oferta productiva y
desarrollar el entramado institucional de la eurozona podrían estar
desencaminadas y convertirse a corto plazo en causa de nuevos problemas
económicos. Por otro lado, al acentuar con tanto vigor el problema de la falta
de demanda doméstica, dejan en la penumbra de los temas menores obstáculos a
remover y campos de actuación de tanta o mayor relevancia que el que se señala
como prioritario.
Reitero la cuestión porque me parece de capital importancia. Hay al menos
otros dos tipos de problemas que tienen tanta o más importancia que la
insuficiencia de la demanda doméstica. Me limitaré a mencionarlos. En primer
lugar, un problema general que compartimos con el resto de países de la
eurozona: las debilidades e incoherencias institucionales de la eurozona. Y en
segundo lugar, un problema específico, con rasgos comunes con los de los otros
países del sur de la eurozona, pero también con características específicas que
atañen únicamente a la economía española: un modelo de crecimiento obsoleto que
se sustenta en estructuras y especializaciones productivas que deben ser
transformadas y modernizadas con urgencia. Esos dos problemas tienen tanta
relevancia como el de la insuficiencia de la demanda doméstica y, por ello,
sería necesario que las fuerzas progresistas y de izquierdas dedicaran más
atención a la tarea de analizarlos, pergeñar posibles soluciones y defender una
estrategia económica más completa y diversificada para salir de la crisis.
Por otro lado, ¿cómo afrontar la tarea de sostener la demanda doméstica? En
un panorama empresarial tan desigual como el que ofrece la economía española
sería clave la tarea de discriminar qué empresas y sectores pueden o no pueden
aumentar los salarios, teniendo en cuenta la evolución de la inflación, la
productividad, los márgenes y demás factores económicos y financieros que
determinan la situación particular de cada sector y cada empresa. La solución a
este problema crucial solo puede pasar en el corto plazo por conseguir un mayor
espacio para la negociación colectiva, más protagonismo de los agentes sociales
en la tarea de delimitar en qué empresas y sectores es lógico y viable aumentar
los salarios y la recuperación de un clima político y económico favorable a la
concertación social. En el medio y largo plazo, la aspiración a generar y
mantener empleos decentes y aumentar los salarios de forma generalizada pasa
por realizar un esfuerzo sostenido de modernización de estructuras y
especializaciones productivas que haga posible incrementar la productividad
global de los factores (no sólo la productividad aparente del trabajo, como
hasta ahora) y compatibilizar la reindustrialización y un alza de la gama de
los bienes y servicios con un aumento sostenible de los salarios reales y un
equilibrio suficiente (o desequilibrio aceptable) de las cuentas públicas y
exteriores.
Convendría diferenciar con mayor precisión los dos debates, el de cómo
aumentar el nivel general de los salarios sin incrementar la desigualdad
salarial, que requiere de plazos largos y depende de la muy diferente capacidad
del tejido empresarial para encajar ese aumento, y el de cómo mejorar y
extender el salario mínimo, la renta básica, los subsidios y prestaciones por
desempleo o las pensiones, que depende sustancialmente de una decisión política
apoyada en un amplio consenso social, ya que el consiguiente aumento del gasto
público destinado a financiar esas mejora y extensión requiere un aumento
paralelo de la recaudación fiscal proveniente de la lucha contra el fraude, el pago
efectivo de los tipos impositivos nominales que actualmente existen y una
reforma fiscal progresista que distribuya de forma justa la carga fiscal entre
rentas del trabajo y rentas del capital y entre los que tienen más patrimonios
y rentas y los que menos.
De poco sirven los llamamientos o propuestas de subir los salarios cuando
tales incrementos, para algunas o muchas pequeñas y medianas empresas, no
pueden llevarse a cabo, porque supondría un aumento de costes
insoportable y acarrearía su cierre (o la continuidad parcial o total de su
actividad y los correspondientes empleos en la economía sumergida) y, como
consecuencia, la degradación del empleo, los salarios y los derechos. Así de
simple es la cosa y así de compleja la acción política que deben emprender las
izquierdas para construir y fortalecer los soportes económicos y políticos que
hagan posible la generación y el sostenimiento de unos salarios dignos y la
disminución de la fragmentación salarial.
En el caso de la otra gran medida que se propone para sostener la demanda,
el aumento del gasto público, estamos en parecida situación. Los niveles de
endeudamiento público y privado de la economía española son extremadamente
altos (en los casos de la deuda pública y la deuda externa neta su cuantía se
sitúa en niveles próximos al valor del PIB y en el caso de la deuda de los
agentes económicos privados duplica con creces ese valor) y colocan a la
economía española en una situación de extrema vulnerabilidad. La restricción
externa, tras los años de alegría financiera que precedieron al estallido de la
crisis global, pende sobre la economía española y solo se puede contar con las
instituciones europeas (más en concreto con la acción del BCE desde el verano
de 2012), para que la fragmentación financiera que sufre la eurozona se atenúe
y la sobrecarga de intereses que soportaron las economías del sur de la
eurozona no vuelva ni resulte completamente insoportable. Alemania y sus socios
del centro de la eurozona han demostrado con creces que solo están dispuestos a
aceptar fórmulas blandas y muy parciales de mutualización de la deuda soberana
cuando los riesgos de impago suponen una amenazan para la continuidad del
eurozona.
En tales condiciones se puede y se debe negociar con mayor realismo los
objetivos de reducción del déficit público y utilizar con mayores dosis de
racionalidad las herramientas de las que dispone el BCE para minimizar las
primas de riesgo y lograr que los costes financieros no supongan una soga que
impida el crecimiento de la actividad económica y, como consecuencia, el
aumento de la deuda soberana y los riesgos asociados a su enorme tamaño. Se
puede y se debe también propiciar fórmulas negociadas de reestructuración y, en
su caso, de quita de una parte de la deuda pública. Los derechos de los
acreedores pueden verse más protegidos mediante la negociación que por la
imposición de recortes draconianos a los países deudores de imposible
cumplimiento; por otro lado, la negociación y el acuerdo garantizan fórmulas de
devolución de la deuda que logran un mayor equilibrio entre los legítimos
intereses de deudores y acreedores y que no suponen una catástrofe social para
una ciudadanía que en su mayor parte ha tenido muy poco que ver con el
endeudamiento. No sería la primera vez, durante la actual crisis, que un
endeudamiento excesivo se resuelve con fórmulas negociadas de reestructuración
y quita. Lo que no se puede plantear son fórmulas unilaterales que, en lugar de
ser parte de la solución, enquisten y agraven los problemas. En todo caso,
tales propuestas de reestructuración deben incluir la implementación de
reformas productivas que apunten a mejoras en la especialización y la
productividad global de los factores que supongan una solución sostenible en el
tiempo.
En este punto de la reestructuración de la deuda, el conflicto con Alemania
y el bloque de poder que representa es inevitable. No se trata de rehuirlo, se
trata de intentar que se desarrolle en un terreno y en torno a unos objetivos
que puedan lograr el apoyo de la mayoría de la ciudadanía europea y supongan la
renovación de los principios y los fines que inspiraron el proyecto de unidad
europea.
No se puede suavizar la gravedad del sobreendeudamiento público, privado y
exterior de la economía española. Y una forma de suavizarlo es haciendo creer
que su alto nivel tiene como principio y fin la corrupción y, por tanto, se
puede hacer desaparecer mediante una declaración política de ilegitimidad de
parte de esa deuda y del correspondiente impago. El sobreendeudamiento de la
economía española tiene su raíz en un modelo de crecimiento especulativo y en
unos mecanismos de financiación abundante y barata vinculados al mercado único
y al euro que son perfectamente explicables e identificables.
El desendeudamiento de la economía española y de los agentes económicos
públicos y privados es un proceso tan necesario como largo y costoso. Y para
avanzar en tan imprescindible proceso de desapalancamiento financiero es necesario
un mayor crecimiento del PIB nominal (para hacer disminuir las tasas de
endeudamiento respecto al PIB) y un aumento de la recaudación que nos aproxime
a los niveles de presión fiscal y fraude que son habituales entre nuestros
socios de la eurozona.
El objetivo de la izquierda en este terreno del gasto público no se puede
concretar en una formulación de aumento del gasto público para animar la
demanda doméstica, sino en un incremento de los niveles de recaudación pública
hasta lograr porcentajes similares a los que alcanzan nuestros socios de
parecido nivel de desarrollo económico y utilizar esa mayor recaudación para
incrementar la protección social de los sectores sociales que la crisis ha
situado en situación de vulnerabilidad y exclusión social y acometer las tareas
de modernización de estructuras y especializaciones productivas.
La reducción progresiva del déficit público no es incompatible con la
consecución de un crecimiento sostenible de la actividad económica, el empleo
decente y los salarios dignos. Convendría reformular falsas disyuntivas para
encontrar respuestas que intenten aunar las medidas y objetivos que son
imprescindibles para salir de la crisis. El déficit y la deuda de las
administraciones públicas constituyen graves problemas que deben abordarse de
forma inmediata. Aunque los desequilibrios que presentan las cuentas públicas
no puedan resolverse a corto plazo, hay que tomar medidas que permitan reducir
su escala. En ningún caso esa reducción puede posponerse o ser abordada una vez
que se hayan resuelto las cuestiones del paro, la modernización productiva o
cualquier otro de los importantes problemas que atenazan a la economía
española.
Salir de la crisis con los menores costes económicos y sociales posibles
exige resolver un difícil y complejo problema que básicamente consiste en
aplicar medidas económicas que permitan abordar al tiempo la creación de empleo
y la reducción del déficit público. Avanzar en la dirección de una salida
progresista de la crisis requiere impulsar una modernización de las estructuras
productivas y promover un cambio en el modelo de crecimiento que el mercado no
está en condiciones de realizar ni tan siquiera de orientar. Esa transformación
productiva resultará imposible sin contar con el impulso normativo y la
financiación del sector público. No hay soluciones mágicas ni atajos que
valgan, ni a la derecha ni a la izquierda.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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